Ciudad de México, 22 d octubre de 2025.- Por carecer de interés jurídico, el Tribunal Electoral federal desechó las quejas de morenistas por la designación de María José Ocampo Vázquez, hija de la panista Josefina Vázquez Mota, como presidenta del Supremo Tribunal de Justicia de Aguascalientes, sin haber obtenido la mayoría de votos en la elección del 1 de junio.
Entre los morenistas estaban el vocero en la Cámara de Diputados federal, Arturo Ávila, y la senadora Nora Ruvalcaba.
Los inconformes afirman que de manera ilegal, el Tribunal decidió darle la presidencia a Ocampo Vázquez con la justificación de que el Magistrado Felipe Avila Orozco, quien fue el que obtuvo el mayor número de votos, había declinado a esa posición, argumentando paridad.
Casualmente, advierten, Mariana de Fátima de León Barba, mujer con más votos, y Cynthia Guadalupe Trujillo Lara, segundo lugar, también declinaron para ser presidentas, por lo que la hija de Vázquez Mota tomó posesión, al ubicarse en el tercer lugar.
Para los morenistas, la Constitución federal y local es clara en que la presidencia debe recaer en quien obtuvo más sufragios, por lo que debía reponerse el procedimiento.
Sin embargo, el Tribunal Electoral de Aguascalientes determinó que las tres personas que impugnaron carecen de interés jurídico y legítimo para controvertir la designación.
Por unanimidad, la Sala Superior confirmó esa sentencia, al considerar que los magistrados locales actuaron correctamente.
“La decisión de la persona que ocupará la presidencia del mencionado Supremo Tribunal de Justicia se relaciona con el derecho ciudadano al ejercicio del cargo, no con una fase del proceso electoral que concluyó con la toma de protesta.
“Y, en esa medida, las posibles afectaciones al derecho de ejercer el cargo de la presidencia sólo podían ser válidamente cuestionadas por quienes, en su calidad de magistraturas, tenían derecho a ejercerlo”, indica la sentencia avalada.
El único Magistrado en posicionarse fue Gilberto Bátiz, quien aseguró que el nuevo modelo constitucional de elección de personas juzgadoras implica su democratización en diversos sentidos, y lo importante es que la presidencia recaiga en quien fue electo por el voto popular.
“Sin que el hecho de que la persona que tenga más votos decline a favor de otra que también fue votada, implique una afectación a los derechos de la ciudadanía u otorgue un interés legítimo a las personas diputadas que pudieran haberla impugnado, no existe un perjuicio individual o colectivo ante estas circunstancias”, consideró.
Agencia Reforma
