Demandan la destitución del alcalde Jesús Parra y la detención de integrantes del grupo criminal Los Ardillos. Con una marcha sepultan a las dos mujeres y dos hombres ejecutados el sábado. Exigen al gobierno del estado garantías de seguridad en la zona y que no los “sigan matando”. Desde el año pasado van 32 integrantes del CIPOG-EZ muertos, señala la organización
Chilpancingo, Guerrero, 22 de diciembre de 2020. Pobladores de 30 comunidades iniciaron un bloqueo indefinido en la carretera que va de José Joaquín de Herrera a Atzacoaloya, en la comunidad de Alcozacán, Chilapa, para exigir la destitución del alcalde priista, Jesús Parra García y justicia para las dos mujeres y los dos hombres asesinados el sábado con el tiro de gracia, y la detención de los integrantes del grupo criminal Los Ardillos.
Desde las 9 de la mañana unas 800 personas integrantes del Consejo Indígena Popular de Guerrero-Emiliano Zapata (CIPOG-EZ) de 30 comunidades, se instalaron en la vía y pararon la circulación, informó ía telefónica el dirigente de esa organización indígena, Jesús Plácido Galindo.
A las 3:30 de la tarde con una marcha sepultaron a María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño, en la comunidad Alcozacán. Los cuatro fueron localizados asesinados el sábado, luego de que el viernes fueron reportados como desaparecidos.
Plácido Galindo exigió que al bloqueo acudieran los representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Estado, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que intervengan y exijan al gobernador Héctor Astudillo Flores garantías de seguridad en la zona y que ya no los sigan matando.
También de manera solidaria pidió la intervención del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan.
A la una de la tarde informó que el síndico del Ayuntamiento Esteban García, era el único que se había presentado al lugar del bloqueo para solicitar a los inconformes que la liberaran la carretera, a cambio el municipio ofrecía seguridad, sin embargo los pobladores nahuas rechazaron la propuesta porque esa ha sido la promesa de siempre y no se cumple, además de que –señala– la autoridad municipal está coludida con el grupo criminal.
A esa misma hora informó que para presionar a las autoridades ampliarían el bloqueo en la vía que va a la comunidad de Palantla. El dirigente insistió en la detención de los integrantes del grupo criminal Los Ardillos, a los que señala como responsables de 28 asesinatos desde el año pasado, más los cuatro ocurridos el sábado.
Minutos antes de las 3:30 de la tarde los habitantes de las comunidades de Alcozacán, en marcha y portando mantas donde se exigió un alto a los asesinatos contra los indígenas nahuas de la zona se trasladaron al panteón del poblado para sepultar a las cuatro personas. Para las 5:30 de la tarde informó que ninguna autoridad del estado o la federación se había comunicado con ellos.
Inician proceso de reflexión para no ser esclavos del grupo criminal
En un comunicado el CIPOEG-EZ, como miembro del Congreso Nacional Indígena-Concejo Indígena de Gobierno (CNI-CIG), informó que desde este lunes inician una proceso de reflexión colectiva en todas las comunidades “para definir los siguientes pasos que daremos en nuestro territorio, porque definitivamente no queremos volver a ser esclavos de los grupos narco-paramilitares, el Estado mexicano ya mostró de qué lado está su compromiso y no es con nosotros”.
La organización señaló que “queda muy claro que la consigna es asesinarnos por ser parte del CNI-CIG, por levantar la voz contra los ataques a las comunidades zapatistas, por no comportarnos como servidumbre. Por lo pronto en nuestro territorio estableceremos filtros y puntos de vigilancia donde nos sea posible. Nuestras autoridades, promotores locales y regionales se encargarán de convocar, y realizar reuniones para ir acordando nuestros siguientes pasos”.
El CIPOG-EZ avisó que continuarán realizando movilizaciones, cierres carreteros y “las acciones que consideremos necesarias para exigir justicia”, por los que han sido asesinados. Por eso lanzaron un llamado a las organizaciones sociales y de derechos humanos a que no los dejen solos en su lucha.
La organización reiteró que luego de que en junio de 2019 se declararon en resistencia y determinaron cerrar el paso a sus comunidades para evitar más asesinatos por parte del grupo criminal de Los Ardillos y ante la ausencia del Estado mexicano, el 18 de noviembre decidieron romperlo con una movilización de indígenas que bloquearon la carretera.
Un mes después reiniciaron los asesinatos, y la impunidad de la que gozan Los Ardillos, señaló el CIPOG-EZ “como una señal clara, aquí ya no existen los derechos humanos, no existen ni leyes, ni legalidad alguna, el Estado no está ausente, es cómplice y busca nuestra muerte porque le estorbamos. Un año y siete meses de estar enterrando a nuestros hermanos y a nuestras hermanas, sin justicia, y los asesinos impunemente se ríen de nosotros bajo la tutela de los tres niveles de gobierno”.
Con los hechos del sábado y lo determinado por las comunidades informaron que desde este lunes la resistencia continuaba pero no podían volver a encerrarse, porque su Policía Comunitaria no se da abasto. “Pues no sólo se trata de combatir algunos grupos delincuenciales, ahora que vemos claramente cómo desde el gobierno federal y estatal se tiende una línea de complicidades”.
El comunicado agrega que “no estamos enfrentando a la vieja delincuencia organizada, sino a una nueva forma de gobierno que realmente está transformando el país, pero no para beneficio de los pueblos, sino que ahora entrega aeropuertos a los militares y les da responsabilidades civiles. Mientras en Chiapas los ataques contra nuestras hermanas y hermanos zapatistas continúan en la impunidad. Y aquí en Guerrero, para poder pasar encima de nosotros, dan libertad absoluta a los narco-paramilitares, para que el asesinato vil, sea el ejemplo contra quienes criticamos las políticas del supremo gobierno”.
Al final del comunicado ratificado por la Organización Campesina de la Sierra del Sur, recordaron a sus muertos. Los asesinados el sábado, María Agustín Chino, Amalia Morales Guapango, José Benito Migueleño y Miguel Migueleño. Así como a otros compañeros asesinados.
Texto: Jacob Morales Antonio / Foto: El Sur
