Chilpancingo, Guerrero, a 1 de marzo de 2025.- La representante de Mujeres Guerrerenses por la Democracia, Olimpia Jaimes, denunció que un solo caso como el “arreglo matrimonial” de niños en Huamuchitos, evidencia la omisión, displicencia y apatía de las autoridades de todos los órganos de gobierno ante un problema que tiene múltiples causas y requiere soluciones integrales.
En consulta telefónica, señaló que ante la falta de oportunidades para el desarrollo de niños y jóvenes en condiciones de marginación, les parece atractivo unirse, y se integran a familias ampliadas donde se precariza la vida con una o dos bocas más que alimentar.
Recriminó que las autoridades locales que se proclaman de territorio, tras el video que se hizo viral de la comunidad rural del municipio de Acapulco, digan que no sabían que existen uniones tempranas o cohabitación fuera de la Montaña y Costa Chica, que es mucho más frecuente de lo quieren aceptar.
“A lo mejor lo que hizo destacar el hecho de Huamuchitos es que hablaba de matrimonio, aunque en el análisis que se hizo, encontraron que no es propiamente un matrimonio, sino lo que la ley llama cohabitación, que constituyen una violación de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes”.
Explicó que alrededor suyo hubo cuatro parejas de unos 15 años que han cohabitado. En general, señaló que la novia se va a casa del novio, donde el sustento de la familia generalmente está a cargo de la mamá, quien recibe otra boca para alimentar.
Si acaso los adolescentes se emplean en la informalidad, de chalanes en el servicio publico, sin acceso a servicios médicos u otras prestaciones. Sin una educación sexual, son frecuentes los embarazos de menores de 18 años.
Tal es el caso, que Guerrero está en cifras oficiales en los primeros lugares de embarazos de niñas y adolescentes.
“Con la llegada un nieto o nieta, el abultamiento de la familia conduce a mayor precarización. El hacinamiento provoca conatos de violencia de jóvenes frustados porque ganan poco, porque no consiguen empleo, porque se ven en la obligación de cumplir mandato de masculinidad y se desquitan con sus parejas, y se reproduce lo atroz”.
Aclaró que en los casos que conoce, dos mujeres tuvieron el respaldo de sus familias de origen y regresaron con ellas. Las otras dos no y la vulnerabilidad es más severa.
Puntualizó que la situación de Huamuchitos revela que faltan oportunidades para niños y adolescentes, particularmente de comunidades rurales, “es mentira de que les urge tener sexo, es que no hay nada más que hacer, sin poder acceder a oportunidades de empleo y de educación, que es en lo que tendrían que estar pensando las adolescentes, les parece atractivo unirse. Además, está avalado socialmente en comunidades donde siempre ha sido así, porque su madre, su abuelita y bisabuelitas se unieron a edad temprana, es lo mas común”.
Indicó que el problema es cultural y estructural, porque las uniones tempranas no son mal vistas en las comunidades. Al contrario, se dice que podrán ver a sus nietos, y el ciclo se repite por la falta de oportunidades de empleo, de ingreso y de educación y de valoración de los derechos de la niñez.
Confirmó que hay avances legislativos que prohíben y sancionan el matrimonio infantil, la cohabitación, las uniones tempranas y la venta de menores, “que no se denuncias porque son normales, hasta hacen fiestas”.
Consideró que se ha estigmatizado mucho que sólo los pueblos originarios tienen esos usos y costumbres, pero a través del movimiento, han constatado que es una realidad que se reproduce en toda la República mexicana desde hace muchísimo tiempo, con énfasis en el ámbito rural.
De las instancias que deben vigilar que esto no ocurra, señaló al Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipina), que tampoco tienen mecanismos para hacer exigible la ley, ni siquiera para supervisar caso por caso. Son más bien normativos y dan lineamientos de cómo tendría que procederse de manera institucional.
Reconoció la intervención de la Comisión de Derechos Humanos y los sistemas DIF, que determinaron en Huamuchitos que no hubo matrimonio, y estén dando atención del caso. Añadió que no es el único caso y tendría que establecer un mecanismo con participación ciudadana donde se identifiquen otros lugares donde las autoridades también actúen.
Desde el movimiento feminista, propuso una campaña en las cuatro lenguas originarias de valoración de los derechos, y que se verifique el acceso a la educación que se dice gratuita pero que en los hechos no lo es: “Desde el uniforme, útiles transporte para ir de su hogar a la escuela y de regreso, la inseguridad que se vive al exterior de los planteles, los abusos, el hostigamientos, todos son factores que inhiben que la niñez acuda a la escuela”.
Texto: Lourdes Chávez
