Gaspard Estrada
El próximo domingo, los bolivianos irán a las urnas para elegir a su próximo presidente de la República. Y por primera vez desde la llegada al poder de Evo Morales y de su partido Movimiento Al Socialismo (MAS), en 2005, lo más probable es que dos dirigentes de centro derecha y de derecha disputen la presidencia en una segunda vuelta. Se trata del empresario Samuel Doria Medina, de centro derecha, y del expresidente Jorge Tuto Quiroga, que reivindica su cercanía con el presidente argentino Javier Milei. Frente a ellos figura el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, que ha roto sus vínculos con Evo Morales, su mentor político, y con el jefe de Estado Luis Arce. Si bien se sitúa por delante de otros candidatos de izquierda en las encuestas, como el exministro del Gobierno Eduardo del Castillo (MAS) y la alcaldesa de la ciudad de El Alto, Eva Copa (Morena), los números difícilmente auguran una posible candidatura en segunda vuelta, prevista para el 19 de octubre, frente a uno de los candidatos de derecha (para evitar una segunda vuelta, un candidato debe obtener más del 40 por ciento de los votos y tener una ventaja de al menos 10 puntos porcentuales).
En efecto, esta nación sudamericana de 12 millones de habitantes se encuentra sumida en una crisis marcada por una inflación que alcanza su nivel más alto en cuatro décadas, y una restricción fiscal que obliga al gobierno a elegir entre pagar la deuda o financiar las importaciones de combustible y alimentos. Los ingresos por exportaciones de gas –una importante fuente de divisas fuertes para el gobierno– han disminuido y el banco central se ha visto obligado a gastar sus preciadas reservas para defender la paridad del boliviano con el dólar. La diferencia entre los tipos de cambio paralelo y oficial se ha disparado hasta el 80 por ciento. Por su lado, la deuda externa de Bolivia ascendía a unos 13 mil 300 millones de dólares a finales de 2024, de los cuales mil 800 millones corresponden a bonos en moneda fuerte y el resto a préstamos multilaterales y bilaterales. Las reservas de divisas alcanzaron un mínimo histórico de unos 165 millones de dólares en abril. El banco norteamericano de inversiones JPMorgan calcula que las reservas líquidas del país son de sólo 100 millones de dólares. El FMI sitúa las reservas en el equivalente a dos meses de importaciones, muy por debajo del umbral mínimo de tres meses. A principios de este año, las tres principales agencias de calificación crediticia rebajaron la calificación de Bolivia a “basura”. S&P Global afirmó que las circunstancias económicas podrían afectar a la capacidad del gobierno para pagar la deuda en los próximos seis a doce meses.
Frente a este escenario económico catastrófico, la política de defensa de la identidad boliviana, que siempre estuvo en el corazón del mensaje del MAS, ya no moviliza a los electores como antes. Esto se traduce en el descenso considerable del apoyo en su base tradicional aimara y quechua, ya que las dificultades económicas y las promesas sociales incumplidas eclipsan la política identitaria. Las encuestas de opinión publicadas dan cuenta de que las prioridades de los electores se han desplazado hacia el empleo, la educación y la salud. El rechazo hacia el MAS es tan fuerte que el propio presidente Luis Arce decidió renunciar a presentarse a la reelección.
En este sentido, los candidatos de derecha afirman que el país podría salir de la crisis gracias a una serie de préstamos de más de mil millones de dólares de entidades como el Banco Mundial y la Agencia de Cooperación Internacional de Japón, que se han obtenido, pero no se han utilizado debido a las luchas internas del gobierno. Samuel Doria Medina afirma que él podría desbloquear estos fondos si llega a la presidencia. Por otro lado, la monetización de los vastos yacimientos de litio de Bolivia también podría dar un respiro financiero a este país. Sin embargo, la hipótesis más probable en el caso de que regrese la derecha al poder en Bolivia es que este país acuda al Fondo Monetario Internacional para pedir un préstamo. Y esto requeriría reformas dolorosas, lo que se podría traducir en más movilizaciones sociales y políticas.
* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
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