26 junio,2024 5:56 am

Bolivia, inmersa en la crisis política y económica

 

 

Gaspard Estrada

 

 

El pasado fin de semana las calles de La Paz, la capital de Bolivia, se colmaron de manifestantes, compuestos en su mayoría por vendedores ambulantes (en particular, de la Confederación de Comerciantes de Bolivia). Buena parte de ellos hicieron una marcha de poco menos de 100 kilómetros desde las llanuras montañosas de Bolivia, para exigir del gobierno un cambio en su política económica.

En efecto, desde hace varios meses, la tasa de inflación ha venido creciendo de manera sorprendente – en particular, para los productos alimenticios– paralelamente a una disminución de los activos circulantes de dólares en el país, provocando un declive de su economía. Se trata de una gran paradoja, tomando en cuenta que hasta hace pocos años, ésta era una de las de mayor crecimiento en el continente. Hoy es una de las más afectadas por la crisis económica. Si bien esta situación se debe a una baja en las reservas de gas, una de las principales materias primas exportadas, el atolladero financiero de Bolivia se debe, al menos en parte, a una división sin precedentes en las altas esferas del partido gobernante. El Presidente Luis Arce, y su antiguo aliado, el ex Presidente Evo Morales, están luchando por el futuro del escindido Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia antes de las elecciones de 2025.

La lucha política ha paralizado los esfuerzos del gobierno para hacer frente a la creciente desesperación económica y los analistas advierten de que el malestar social podría estallar en la turbulenta nación de 12 millones de habitantes. Las grietas en el partido gobernante se abrieron en 2019, cuando Morales, entonces el primer presidente indígena de Bolivia, se postuló para un tercer mandato, que era inconstitucional según la carta magna que él mismo promulgó. Ganó una votación cerrada, en la cual la OEA jugó un papel cuestionable, lo que justificó que los dirigentes del ejército exigieran que Morales renuncie, lo que lo forzó a salir del país gracias al respaldo del gobierno de México.

Después de que un gobierno interino tomara el control después del golpe de Estado, Arce ganó las elecciones con la promesa electoral de devolver la prosperidad a Bolivia, antaño la principal fuente de gas natural de Latinoamérica. Arce había sido ministro de Economía de Morales y supervisó años de fuerte crecimiento y baja inflación, pero al asumir la presidencia en 2020 se encontró con un sombrío balance económico derivado de la pandemia. La disminución de la producción de gas selló el fin del modelo económico boliviano. Morales, que aún gozaba de gran popularidad entre las comunidades indígenas, los cocaleros y los sindicalistas bolivianos, vio una oportunidad. Tras regresar del exilio, el carismático ex dirigente cocalero anunció el año pasado su intención de presentarse a las elecciones de 2025, lo que le colocó en una situación de choque con Arce, que previsiblemente optará por su reelección. Arce cuestiona la legitimidad de la campaña de Morales, argumentando que una sentencia del Tribunal Constitucional de 2023 le impide presentarse.

Mientras tanto, ante la falta de liquidez que impide el acceso a los dólares para pagar a los proveedores en el extranjero, los comerciantes bolivianos han producido escenas extraordinarias en la frontera con Brasil y Perú al clamar por comprar la divisa estadunidense a precios inflados en los países vecinos. Con el gobierno desembolsando 2 mil millones de dólares al año para importar gasolina fuertemente subsidiada en un esfuerzo por aplacar el descontento público, la presión se ha intensificado. En febrero, la agencia de calificación Fitch rebajó la calificación de la deuda boliviana hasta el nivel de “basura”, asignándole la calificación CCC. Frente a esta situación potencialmente catastrófica para la economía del país, en vez de respaldar al gobierno, los aliados de Morales en el Congreso boliviano han frustrado sistemáticamente los intentos de Arce de endeudarse para aliviar la presión. Bolivia posee un tesoro de litio, pero los legisladores no autorizan a Arce a permitir que empresas extranjeras lo extraigan (Bolivia dispone de una estatal ligada al litio (LPFB), sin embargo, no dispone de la tecnología necesaria para llevar a cabo el proceso de extracción).

Estas tensiones ofrecen a la oposición de derecha su primera oportunidad real de poder desde que Morales ganó la presidencia por primera vez, en 2005. Políticos centristas y conservadores se han lanzado al ruedo. Pero la oposición está fracturada y su legitimidad en entredicho, con decenas de políticos presos tras el golpe de Estado contra Morales en 2019. En Bolivia, la crisis va para largo.

 

* Director Ejecutivo del Observatorio Político de América Latina y el Caribe (OPALC), con sede en París.

 

Twitter: @Gaspard_Estrada