Gaspard Estrada
La firma del acuerdo de pacificación entre el gobierno del presidente Rodrigo Paz y la Central Obrera Boliviana (COB) parecía marcar el comienzo del fin de la crisis política más grave que ha enfrentado Bolivia desde la transición de poder de 2025. Tras cincuenta días de bloqueos, enfrentamientos y una paralización parcial de la economía nacional, el acuerdo alcanzado en La Paz fue presentado por ambas partes como un paso decisivo hacia la normalización institucional. Sin embargo, los acontecimientos posteriores han demostrado que éste está lejos de haber resuelto los problemas estructurales que dieron origen a la movilización.
La crisis estalló inicialmente como una reacción contra las medidas económicas adoptadas por el nuevo gobierno para enfrentar la escasez de divisas, el déficit fiscal y el agotamiento del modelo económico heredado de los gobiernos del Movimiento al Socialismo (MAS). La eliminación parcial de subsidios, la inflación creciente, la escasez de combustible y la pérdida de poder adquisitivo alimentaron rápidamente un amplio movimiento de protesta que reunió a mineros, sindicatos, maestros, campesinos y organizaciones indígenas.
El acuerdo firmado con la COB permitió al gobierno recuperar parcialmente la iniciativa política. Entre los compromisos asumidos figuran compensaciones por la distribución de combustible adulterado, mecanismos de control sobre los precios de productos básicos, una mayor consulta con las organizaciones sociales sobre reformas económicas y garantías respecto al mantenimiento de empresas públicas estratégicas.
No obstante, la principal debilidad del acuerdo radica precisamente en quienes quedaron fuera de él. Las organizaciones campesinas e indígenas más radicalizadas, especialmente aquellas vinculadas al expresidente Evo Morales, rechazaron el pacto y denunciaron a la COB por haber negociado sin el conjunto de los movimientos movilizados. En regiones clave como Cochabamba, los bloqueos continuaron incluso después de la firma del acuerdo.
La decisión de Rodrigo Paz de decretar un estado de excepción pocas horas después de la firma del acuerdo reveló precisamente esa fragilidad. Desde la perspectiva gubernamental, la medida buscaba restablecer la circulación de bienes esenciales y evitar un colapso económico mayor. Sin embargo, para muchos sectores movilizados fue interpretada como una señal de desconfianza hacia el propio proceso de negociación y como una muestra de que el ejecutivo sigue privilegiando una respuesta de seguridad frente a una solución política más amplia.
Las perspectivas de la crisis dependerán de tres factores principales. El primero es económico. Bolivia sigue enfrentando la peor crisis financiera en décadas, caracterizada por escasez de dólares, problemas energéticos e inflación creciente. Mientras estas condiciones persistan, cualquier acuerdo social corre el riesgo de convertirse en una solución temporal.
El segundo factor es político. Rodrigo Paz llegó al poder como el primer presidente no vinculado al MAS en dos décadas, prometiendo una combinación de reformas económicas y estabilidad institucional. Sin embargo, su gobierno ha sido criticado por la escasa presencia de organizaciones indígenas y sindicales en los espacios de decisión, lo que ha alimentado la percepción de exclusión entre sectores que tradicionalmente participaron en la construcción del poder político boliviano.
El tercer elemento es el papel de Evo Morales. Aunque debilitado respecto a su etapa presidencial, el exmandatario conserva capacidad de movilización y una influencia considerable en parte del movimiento campesino e indígena. La estrategia del gobierno consiste en aislar políticamente a Morales mediante acuerdos sectoriales con actores moderados como la COB. Sin embargo, si los sectores excluidos de la negociación mantienen su capacidad de movilización, el conflicto podría reaparecer rápidamente bajo nuevas formas.
Desde una perspectiva más amplia, la crisis de 2026 refleja las dificultades de la Bolivia post-MAS para construir un nuevo pacto social. El acuerdo de pacificación demuestra que aún existen mecanismos de negociación capaces de evitar una ruptura institucional. Pero también pone de relieve el hecho que el país continúa dividido entre proyectos económicos, territoriales y políticos profundamente diferentes.
En este contexto, el acuerdo entre el gobierno y la COB debe interpretarse menos como una solución definitiva que como una tregua. La verdadera prueba para Rodrigo Paz comenzará ahora: transformar una pacificación coyuntural en una estabilidad política duradera. De lo contrario, Bolivia corre el riesgo de entrar en un ciclo prolongado de conflictividad social que limite la capacidad del gobierno para implementar reformas y agrave aún más la crisis económica que está en el origen de la actual confrontación.
* Miembro de la unidad del Sur Global de la London School of Economics (LSE)
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