En las últimas semanas se obtuvo información relevante que identifica el móvil de los crímenes de Iguala, afirma el fiscal especial de la PGR, Alfredo Higuera en la sesión en Bogotá
Descarta la línea del autobús cargado con droga
Expresan padres y sus representantes preocupación de que se suspenda la investigación sin dar con el paradero de los 43 desaparecidos
El objetivo es cerrar el caso Iguala antes de
que concluya el sexenio, dice Ruiz Cabañas
Se dará respuesta a lo que legítimamente demandan los padres y los mexicanos, subraya el subsecretario de Relaciones Exteriores, en la audiencia pública de la CIDH. En las últimas semanas se obtuvo información relevante que identifica el móvil de los crímenes, dice el fiscal especial de la PGR, Alfredo Higuera.
Texto: Agencia Reforma / Foto: EFE
Ciudad de México. El gobierno federal tiene el objetivo de cerrar el caso sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa antes de que concluya el sexenio de Enrique Peña Nieto.
En audiencia pública en Bogotá, Colombia, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el subsecretario de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas afirmó que la intención del Ejecutivo mexicano es arribar a conclusiones este mismo año.
“La meta es concluir y dar respuestas que legítimamente nos demandan los padres y los mexicanos”, expresó.
Alfredo Higuera, fiscal especial de la Procuraduría General de la República (PGR) para el Caso Iguala, señaló que en las últimas semanas se obtuvo información relevante que identifica el móvil del secuestro y desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014.
En un comunicado de la PGR, emitido en conjunto con la Cancillería y la Secretaría de Gobernación, señaló que esa información confirmaría la colusión de las policías municipales con la organización criminal Guerreros Unidos.
“Destacó (Higuera) que en las últimas semanas se ha allegado de información importante para la identificación del móvil de los hechos, que además daría cuenta del nivel de involucramiento de la organización criminal, y el papel de las corporaciones municipales, en un esquema de organización delictiva importante”, señaló la PGR.
Asimismo, en declaraciones al periodista Joaquín López Dóriga, en Radio Fórmula, Higuera descartó la línea de que el móvil del ataque a los normalistas fue que éstos habían tomado un autobús que transportaba droga.
Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), externó su preocupación de que exista urgencia de cerrar el caso, si esto no implica dar con el paradero de los estudiantes.
La delegación mexicana en la reunión en Bogotá fue encabezada por Ruiz Cabañas; el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, Rafael Avante Juárez, y la subprocuradora de Derechos Humanos de la PGR, Sara Irene Herrerías.
El subsecretario Ruiz Cabañas informó que varios países de la región han solicitado aplazar audiencias debido a diferentes procesos electorales en América Latina.
Sin embargo, aseveró que atenderán la decisión que tome la CIDH respecto a las próximas audiencias.
Asimismo, sostuvo que la intención del gobierno mexicano es llegar a conclusiones este mismo año. “La meta es concluir”, expresó. Sin embargo, dijo que el Mecanismo de Seguimiento al caso seguirá mientras sea necesario.
En tanto, el fiscal Higuera aseguró que se cuenta con nueva información, que no podía ser revelada en una audiencia pública, que permite identificar el móvil de la desaparición de los estudiantes.
Refirió que estas informaciones tienen que ver con el grupo criminal que operaba en la zona, en plena colusión con policías municipales.
Asimismo, comentó que están en trámite para que la investigación sea finalmente concentrada en un sólo expediente judicial.
El comisionado Francisco Eguiguren solicitó al Estado responder concretamente en qué punto de la investigación se encuentra, qué viene después y qué dificulta dar con los estudiantes.
Los comisionados recordaron que el objetivo de las medidas cautelares es dar con el paradero de los 43 estudiantes y asegurar verdad y justicia en el caso, por lo cual solicitaron al gobierno mexicano que aclare “cuáles son los obstáculos que lo impiden, a más de tres años de emitido el acuerdo”.
(En la imagen: El director del Centro Prodh, Mario Patrón durante su intervención en la sesión de la CIDH, ayer en Bogotá, Colombia. Lo flanquean el abogado Vidulfo Rosales y padres de los 43 normalistas. Foto: EFE)
El gobierno quiere suspender la investigación
por las elecciones, dicen los padres de los 43
Texto: Guillermo Rivera
Ciudad de México. En su intervención ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) en Bogotá, Colombia, la representación de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa acusaron al Estado mexicano y al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto de pretender suspender la investigación del caso ante la proximidad del próximo proceso electoral.
Denunciaron que el gobierno trata de impedir una audiencia ante la CIDH en mayo. “Quieren suspender la reunión, porque hay elecciones en México. Para ellos es más importante esto que ayudar a las víctimas a encontrar la verdad. Para nosotros es muy importante que sigan con el mecanismo de seguimiento, porque es muy peligroso que no tenga el Estado mexicano vigilancia internacional”, externó Mario González, padre del estudiante desaparecido César Manuel González.
Advirtió que les preocupa que el fiscal especial sea presionado para que avale lo que en enero de 2015 declaró el entonces procurador, Jesús Murillo Karam, quien dijo que los normalistas estaban muertos y señaló que esa era la verdad histórica.
Además, enlistó el compromiso que esperan que cumpla la autoridad mexicana: “La apertura de los penales para que nuestros abogados interroguen a todos aquellos presos que creen convenientes y para quienes quieran hablar en su momento y digan la verdad”. González señaló que en reunión de trabajo con el gobierno la noche previa, “se negaron a tomar cualquier compromiso concreto”.
Esta fue la primera audiencia del segundo año de funcionamiento del Mecanismo Especial de Seguimiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el caso Ayotzinapa, y los comisionados exhortaron al Estado que acepte el cronograma de diligencias y la declaratoria de intención a víctima, presentada por la representación de las familias de los 43 normalistas desaparecidos, las cuales consideraron “muy respetuosas y atendibles”.
Señalaron que todo los elementos confirman que el gobierno federal está “administrando el caso” y lamentaron haber ido hasta Bogotá solamente para atestiguar cómo se niega a cumplir su trabajo y a asumir compromisos.
En su intervención en la audiencia efectuada este viernes en Bogotá, Colombia, y transmitida en las instalaciones del Centro Prodh en la Ciudad de México, Cristina Bautista, madre del Benjamín Ascensio Bautista, pidió a la Comisión Interamericana y al público un minuto de silencio para recordar a Minerva Bellos, madre de Everardo, quien falleció por un cáncer agravado, dijo, “por el sufrimiento de no conocer el paradero de su hijo”.
Y el director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh), Mario Patrón, lamentó que los representantes del gobierno no manifestaran su pésame por el fallecimiento de la mujer.
Epifanio Álvarez, padre de Jorge Álvarez Nava, indicó: “el Estado mexicano fabricó un cronograma, diciendo que iba a detener a los policías, cosa que no ha sucedido, ni policías ni militares.
Tenemos muchísimo tiempo y no hemos visto ningún avance. Los padres, las madres, no queremos terminar como nuestra compañera Minerva Bello, quien se fue sin conocer el paradero de su hijo”.
Los familiares indicaron que nunca han pedido nada fuera de la ley y su representante legal, el abogado Vidulfo Rosales, advirtió que el Estado mexicano ha incumplido los compromisos adquiridos para la investigación en los plazos que el mismo gobierno suscribió, por ejemplo, el esclarecimiento y afincamiento de responsabilidades a autoridades del estado de Guerrero, a elementos de la Policía Federal y de las policías locales de otros municipios, en referencia al hecho señalado de que no solamente participaron en los ataques las policías de Iguala y Cocula, sino también la de Huitzuco.
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Páginas 9 y 20
