Chilpancingo, Guerrero, a 13 de enero de 2026.- Representantes de colectivos de familiares de víctimas de desaparición en el estado, recurrirán al amparo ante una respuesta negativa que les dio la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo del Estado, para convertir a la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) en un organismo Público Descentralizado y con recursos y patrimonio propios.
El 15 de diciembre, el consejero jurídico del poder Ejecutivo, Jorge Salgado Parra envió el oficio SGG (CEBP/1989/2025 al encargado de despacho de la CEBP, Alejandro García Solorio en el que le indica que la Consejería Jurídica “estima” que la solicitud de modificar la naturaleza jurídica de dicha Comisión para convertirla en organismo público descentralizado “es jurídicamente improcedente”.
Colectivos y familiares de personas desaparecidas en el estado vienen solicitando desde el año pasado transformar a la CEBP en un organismo público descentralizado, como parte de las reformas que se promueven a la Ley en Materia de Desaparición de Forzada de Personas.
El 14 de octubre los representantes de los colectivos se reunieron con la encargada de despacho de la Secretaría General de Gobierno, Anacleta López Vega, a quien le plantearon la petición, pero la funcionaria evadió darles una respuesta y les propuso que sería la Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo Estatal la que les daría una opinión en un mes.
Sin embargo, fue hasta el 15 de diciembre cuando el consejero jurídico Salgado Parra dio una respuesta mediante oficio, pero no a los representantes de los colectivos que son los que hacen la petición, sino al encargado de despacho de la CEBP, García Solorio.
Salgado Parra refiere en el oficio que el artículo 50 de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas establece que la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es un órgano público desconcentrado de la Secretaría de Gobernación encargado de determinar, ejecutar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas en todo el territorio nacional.
Agrega que, asimismo, la misma disposición establece que cada entidad federativa debe crear una comisión local de búsqueda, “la cual debe coordinarse con la Comisión Nacional y realizar funciones análogas en el ámbito de sus competencias”.
Recuerda que en Guerrero la CEBP fue creada mediante decreto del 20 de abril del 2018, como órgano administrativo desconcentrado de la Secretaría General de Gobierno con el objeto de impulsar, ejecutar, coordinar y dar seguimiento a las acciones de búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas en la entidad.
“Lo cual evidencia que la naturaleza jurídica actual de la Comisión Estatal es plenamente coincidente y homologada con la naturaleza establecida para la Comisión Nacional de Búsqueda, conforme al modelo previsto por la Ley General”.
En su respuesta, el consejero jurídico refiere que el “diseño institucional previsto para las comisiones de búsqueda no contemplan la figura de organismos públicos descentralizados, sino la de órganos administrativos desconcentrados, articulados al Poder Ejecutivo y con autonomía técnica y operativa”.
Explica que la transformación de ese organismo que plantean los representantes de colectivos y organizaciones implicaría una “reconfiguración administrativa y jurídica que rompería la homologación institucional prevista en el Sistema Nacional de Búsqueda, además de generar una estructura distinta a la expresamente establecida en la Ley General”.
Salgado Parra argumenta, además, que la creación de un organismo público descentralizado implica la constitución de una nueva entidad pública con personalidad jurídica y patrimonio propios y que para ello se requiere la elaboración de un decreto de creación que necesariamente debe someterse a consideración, análisis, discusión y, en su caso, aprobación del Congreso del estado, así como estudios técnicos, financieros y presupuestales que acrediten su viabilidad, incluidos los relativos a la fuente de financiamiento permanente del organismo, y señala que ninguno de estos elementos ha sido acreditado en la solicitud.
“En consecuencia esta Consejería Jurídica estima que la CEBP ya se encuentra configurada conforme al modelo federal previsto en el artículo 50 de la Ley General”, y que su naturaleza jurídica como órgano administrativo desconcentrado es la adecuada y correspondiente al diseño institucional nacional.
“Por tanto, la solicitud de modificar su naturaleza jurídica para convertirla en organismo público descentralizado se considera jurídicamente improcedente, al no existir disposición federal que así lo prevea al encontrarse actualmente homologada al modelo nacional y al no haberse acreditado los elementos técnicos, financieros y presupuestales que exige la creación de una nueva entidad pública”.
Consultado por teléfono, el presidente del colectivo de Chilpancingo Lupita Rodríguez, David Molina Rodríoguez, informó que “ante la respuesta escueta de la Consejería Jurídica, los colectivos van a solicitar un amparo ante la justicia federal, además de que buscarán una reunión con la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, Martha Lidia Pérez Gumecindo para solicitarle su apoyo.
“Nosotros vemos que no hay impedimento legal para convertir a la CEBP en un organismo público descentralizado con recursos y patrimonio propios”, dijo.
Agregó que hay algunos estados donde la comisión ya funciona así, como en el estado de Oaxaca.
Explicó que actualmente al depender de la Secretaría General de Gobierno alenta los procesos de búsqueda, por la falta de recursos debido al escaso presupuesto que se le asigna, además de la opacidad con que se maneja el dinero.
“Por eso es necesario que se convierta en organismo público descentralizado para que tenga su propio presupuesto y se transparente ante los colectivos en qué se están destinando los recursos”.
Zacarías Cervantes
