De acuerdo con la iniciativa, hay, por ejemplo, una limitante que permite que los que contribuyentes que no tienen acceso a un abogado o no tienen recursos para cuestionar ante la justicia federal paguen impuestos que no se ajustan a sus derechos fundamentales.
Ciudad de México, 15 de noviembre de 2018. La senadora por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y ministra en retiro Olga Sánchez Cordero presentará una reforma con la que busca poner fin a la justicia selectiva en materia fiscal.
A través de una iniciativa, la legisladora propondrá que se permita la emisión de la declaratoria general de inconstitucionalidad en materia tributaria, que hoy está impedida en el Artículo 107 de la Constitución.
Según Sánchez Cordero, esto implica que la autoridad hacendaria puede seguir aplicando normas fiscales que han sido declaradas inconstitucionales, lo que representa una violación al orden jurídico.
“La limitante prevista en el artículo 107 permite que los que contribuyentes que no tienen acceso a un abogado o que simplemente no tienen los recursos para cuestionar ante la justicia federal paguen impuestos que no se ajustan a sus derechos fundamentales”, expone en el proyecto.
“Con esta limitante se transgrede el derecho más básico que debe tener todo contribuyente: que las normas fiscales sean constitucionales”.
La futura Secretaria de Gobernación advierte que se trata de una restricción desproporcionada, sin que exista una razón que justifique esta exclusión.
Permitir la recaudación de contribuciones con base en ordenamientos declarados inconstitucionales por el Poder Judicial, advierte, transgrede los derechos fundamentales de los contribuyentes.
La senadora también propondrá hacer obligatoria la jurisprudencia del Poder Judicial para las autoridades administrativas de carácter hacendario.
“Hoy, la eficacia de la jurisprudencia que declare inconstitucional una norma tributaria es demasiado acordada cuando solamente alcanza proteger a los gobernados que acuden a los tribunales”, refiere.
Sánchez Cordero incluso asegura que la obligatoriedad de la jurisprudencia inhibirá la emisión de actos administrativos fundados en normas inconstitucionales y también reducirá el número de casos promovidos ante los tribunales.
Texto: Claudia Guerrero / Agencia Reforma
Foto: Agencia Reforma
