Chilpancingo, Guerrero, a 5 de agosto de 2025.- Al cumplirse este 5 de agosto 10 años de la desaparición del mecánico Juan Carlos García Hernández, en la colonia Amelitos al poniente de la capital, sus familiares con el acompañamiento de la colectiva Memoria Verdad y Justicia, iniciaron este lunes una jornada de búsqueda en vida.
Ayer entraron al penal de Chilpancingo, donde sólo encontraron la indiferencia y la falta de empatía de los internos, quienes se negaron a platicar con las madres buscadoras, coincidieron la esposa de García Hernández, Diana Rufino y la presidenta de esa colectiva, Socorro Gil Guzmán.
La esposa del desaparecido denunció que en 10 años la Fiscalía General del Estado (FGE) no ha investigado nada, por el contrario, el personal ha incurrido en irregularidades aparentemente de manera intencional para obstaculizar las investigaciones.
La tarde del 5 de agosto del 2015, Juan Carlos, quien entonces tenía 37 años, se encontraba trabajando en su taller de reparación de clutch y frenos ubicado en la calle principal de la colonia Amelitos, al poniente de Chilpancingo, cuando cuatro hombres llegaron en un automóvil blanco y dos de ellos armados con pistolas bajaron, lo sujetaron, lo metieron al carro y se lo llevaron rumbo hacia la salida a Amojileca, contó ayer su esposa Diana Rufino.
A partir de ese día su familia comenzó a buscarlo en carreteras, en el Servicio Médico Forense (Semefo) y en hospitales, pero no volvieron a saber nada de él.
Diana Rufina informó que dos días después de que se lo llevaron, el 7 de agosto, presentó la denuncia ante la FGE, “pero nunca investigaron, cuando menos nunca me informaron de avances”.
Supo que recientemente un familiar de Juan Carlos fue a preguntar por la carpeta de investigación y le dijeron que “está perdida”.
Informó que ella después de que presentó la denuncia estuvo yendo constantemente a la FGE pero nunca le dieron a conocer avances.
En el 2016 dejó de insistir porque tenía que trabajar para llevar el sustento a sus hijos, pero en el 2017 regresó a preguntar por los avances de las investigaciones, y entonces le dijeron que no encontraban la carpeta; le argumentaron que la tenía la Agencia del Ministerio Público de Bravos (Chilpancingo) pero en esta instancia le aseguraron que estaba en la Fiscalía.
Dijo que así la tuvieron como un mes, hasta que el Fiscal Regional la solicitó por escrito y se la llevaron a la Fiscalía pero nuevamente le dijeron que no había avances, incluso se enteró que se encontraba igual que como la había presentado y que lo único que le integraron fueron unas fotografías que tomaron en el lugar de donde se llevaron a su esposo.
Explicó que en el 2022 se enteró que existe un video del C-4 de una cámara que estaba en la esquina de su casa, a unos cuatro metros de distancia de donde se llevaron a Juan Carlos, pero a ella nunca le notificaron que tenían en su poder ese material.
Y cuando solicitó que le mostraran las imágenes en el 2022, le dijeron que el disco se había “perforado” al momento de que lo integraron en la carpeta de investigación.
De ello, el Ministerio Público que estaba a cargo de la investigación le aseguró a Diana Rufino que él no sabía cómo fue que se “perforó”, que él así recibió la carpeta y no sabía quién lo había perforado pero que iba a buscar a un perito en informática para que rescatara la información que se pudiera.
Sin embargo, cuando le mostraron las imágenes sólo apareció brevemente el automóvil blanco, pero no el momento en que se llevaron a su esposo, “esa información se perdió”.
Diana Rufino cree que dañaron el disco a propósito “porque la cámara estaba máximo a cuatro metros y debió captar el momento en que se lo llevaron”, dijo.
Informó que igual ha encontrado obstáculos para las búsquedas, “no tienen peritos, equipo, ni el personal suficiente para hacer las búsquedas en campo”, lamentó.
Agregó que igual pasa en la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas (CEBP) con quienes, dijo, realizaron una búsqueda en el 2023, “pero sin equipo de trabajo capacitado, sin varillas, palas, picos, sólo fue como una pérdida de tiempo”.
Debido a esas irregularidades y los nulos avances, recurrió a la Fiscalía General de la República (FGR), y reconoció que con la institución federal hay más coordinación tanto para las búsquedas en campo y en vida, como para el flujo de información.
Explicó que el problema es que el Ministerio Público que lleva el caso solicitó cateos en Chilpancingo como parte de la búsqueda en campo, pero los jueces federales niegan el cateo argumentando que no es competencia del fuero federal, sino del fueron común, “cuando se supone que los jueces federales deberían respaldar las acciones de búsqueda sea cual sea el fuero que lo solicite”.
De hecho, la acción que van a realizar este martes en el segundo día de actividades con motivo de los 10 años de la desaparición de Juan Carlos, es en forma de protesta por la inacción de las autoridades estatales no sólo en el caso de la desaparición de él, sino ante el problema general de las desapariciones en la entidad, adelantó Diana Rufino.
“Lo que vemos es que para las instancias del estado ya se convirtió en una crisis el problema de las desapariciones y la identificación forense, como que ya se les salió de control y debieran pedir la colaboración de la FGR, pero no hay coordinación”, denunció la esposa de Juan Carlos.
A las 8:30 de la mañana de este martes los familiares de Juan Carlos García Hernández y los integrantes de la colectiva Memoria, Verdad y Justicia van a colocar losetas con fotos de sus desaparecidos afuera de la FGE y más tarde en la alameda Francisco Granados Maldonado, cerca del memorial del colectivo Guerrero no más Desaparecidos.
Ayer en la mañana entraron al penal de Chilpancingo, pero de acuerdo con Diana Rufina, los internos “no tienen empatía” con las madres buscadoras y no se acercaron ni a platicar con ellas, “a pesar de que les dijimos claramente: no buscamos responsables, sólo queremos que si saben dónde hay alguna fosa nos lo digan para nosotros ir a buscar”.
Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
