Los cambios a la Ley General en Materia de Delitos Electorales pretenden impedir el acceso a los beneficios de libertad y suspensión condicional del proceso, para desincentivar la comisión de delitos electorales.
Ciudad de México, 28 de octubre de 2018. En medio de los cuestionamientos por la consulta del futuro del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México (NAIM), la banca de Morena en el Senado presentará una iniciativa de ley para endurecer las sanciones en contra de quienes cometan delitos electorales.
El zacatecano Ricardo Monreal Ávila, coordinador de ese grupo morenista en la Cámara alta, informó que la reforma busca aumentar las penas de ilícitos ya tipificados como el financiamiento irregular y el uso de programas sociales que, además, son los más comunes.
Los cambios a la Ley General en Materia de Delitos Electorales pretenden impedir el acceso a los beneficios de libertad y suspensión condicional del proceso, para desincentivar la comisión de esas faltas.
Según el zacatecano, la iniciativa propone incrementar las penas contra quienes alteren el Registro Federal de Electores, proteger bienes jurídicos e informáticos que emplean las autoridades electorales.
El coordinador del grupo mayoritario explicó que en el caso de los delitos cometidos por servidores públicos, funcionarios electorales y partidistas, se plantea agravar determinadas conductas que lesionan la equidad de los procesos.
Es una propuesta que será presentada esta semana ante el pleno del Senado, plantea sanciones en periodos de intercampañas que hoy no se encuentran previstos en la ley.
También, se incluye a los candidatos independientes dentro de los sujetos activos de los delitos electorales, así como a sus gestores o auxiliares, en la integración de un nuevo tipo penal que prevé la presentación de firmas apócrifas para obtener sus candidaturas.
El proyecto incorpora la creación de al menos un Juzgado de Control y uno de enjuiciamiento de carácter nacional, similar al que opera en materia de extinción de dominio.
Además, se contempla un tribunal de apelación especializado, lo que permitiría superar las diferencias en cuanto a criterios al emitir resoluciones judiciales heterogéneas o contrarias entre sí.
Monreal afirmó que decidió presentar la iniciativa ante el cúmulo de denuncias recibidas por la Fepade y de cara a los cinco procesos electorales a desarrollarse en 2019.
Detalló que, desde septiembre de 2017 y hasta julio de 2018, la Fepade recibió mil 104 denuncias por delitos electorales relativas a la alteración del Registro Federal de Electores a la compra, coacción, manipulación y uso de recursos públicos.
Informó que, de ese total, más del 60 por ciento fueron presentadas por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El presidente de la Junta se Coordinación Política adelantó que la reforma también abordará el tema de la violencia política contra las mujeres, ya que del 2016 a la fecha la Fepade ha recibido 200 denuncias, de las cuales, 40 pertenecen al último periodo electoral.
Texto: Claudia Guerrero / Agencia Reforma
Foto: Twitter @RicardoMonrealA
