La asamblea de El Paraíso a la que asisten 28 comisarios rechaza la consulta del Congreso sobre derechos de pueblos indígenas y afromexicanos. También condena a un feminicida a 25 años de reeducación. El ejercicio de los diputados se hace “al vapor”, señalan en asamblea informativa en Tlapa. El PRI no firmó ninguna de las nuevas iniciativas, aclara Héctor Apreza
Ayutla, Tlapa y Chilpancingo, Guerrero, 28 de marzo de 2022. Una asamblea regional de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) de la Casa de Justicia de El Paraíso, Ayutla, acordó rechazar esta consulta de reforma sobre derechos y cultura indígenas por considerarla ilegal, y la organización con su sede matriz en San Luis Acatlán buscará que la Suprema Corte de Justicia de la Nación desafuere a todos los diputados locales por incurrir en desacato de un mandato judicial.
A la asamblea acudieron 600 personas, hombres, mujeres, policías comunitarios y autoridades, entre éstas 28 comisarios que dijeron que no se les ha informado sobre la consulta, y a algunos les entregaron hojas para firmar en las que los obligan a aceptar que ya fueron consultados.
Estuvo en la mesa de los debates el coordinador regional de la Casa de Justicia de San Luis Acatlán, Raúl de Jesús Cabrera, quien dio a conocer que esa organización ya informó a las autoridades en asamblea “y a las que no acudieron fuimos a informarles personalmente qué es lo que se está haciendo. La mayoría ya sabe, se levantaron actas para desconocer esta consulta, tenemos actas de 32 comunidades de San Luis Acatlán, Iliatenco y Marquelia”.
El problema de fondo, explicó, es que “esta consulta que no es consulta” no cumple con los principios que mandata la SCJN, que debe de ser previa, libre e informada, “nadie sabe, ni siquiera los diputados, lo que se pretende proponer, pero sabemos que se desconoce a la CRAC”.
“Vamos a solicitar el desafuero de los diputados porque se están cerrando a la consulta, cuando son los representantes de los pueblos y no están defendiendo los derechos como les corresponde, tienen un alto salario y sirven para nada”.
“Queremos que vengan a explicarnos, que nos den participación para que nosotros propongamos cómo queremos la reforma, es lo que estamos peleando, por eso es importante que se levanten las actas de que no estamos aceptando la consulta, porque ni siquiera nos han explicado el contenido”.
Antecedentes
El Congreso del Estado inició hace dos semanas las actividades de consulta, a pesar de que la Suprema Corte dio un año para los trabajos.
El problema lo detonó el gobernador Héctor Astudillo que en 2018 deroga la Ley 701 de Derechos y Cultura Indígena, y emitió una ley que no reconoce a la CRAC ni los derechos de los pueblos a la defensa del territorio y de los recursos naturales.
El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan y la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) presentaron una controversia por considerar que la ley de Astudillo va en retroceso de los derechos de los pueblos nahua, na’savi, me’phaa y ñomndaa.
De esa controversia tiene conocimiento la SCJN y el año pasado dicta sentencia en la que señala que se violó el derecho a la consulta y notifica al Congreso del Estado que tiene un año para consultar a los pueblos sobre la propuesta de ley que van a emitir.
El Poder Legislativo tuvo un año para hacer esa consulta, pero empezó el proceso hace apenas dos semanas, entregando invitaciones a comisarios de zonas indígenas, todas en español, en las que se lee, “para que se organicen y en asambleas se les informe y dé a conocer sobre su derecho a la consulta y acuerden la forma como tomarán decisiones”.
Además entrega un documento denominado “Lineamientos para desarrollar de manera libre, previa, informada y de buena fe el proceso de consulta en materia de seguridad y el reconocimiento de sus derechos en la Constitución Política del estado libre y soberano de Guerrero”.
Ahora, a prisa, se ve a jóvenes operadores del Congreso y a diputados promover la consulta, porque tienen como plazo el 14 de abril, ese día ya tiene que estar la propuesta de ley, emanada de la consulta a los pueblos originarios.
Se les ve apresurados porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación prevé sanciones que van desde una multa hasta el desafuero de todos los legisladores.
Según la información que se dio en la asamblea de la CRAC este sábado ninguna población de la zona Costa Chica-Montaña ha sido consultada, “lo que está haciendo cada diputado en cada distrito es que mandan los oficios para que firmen de recibido y dicen ‘ya fuimos consultados’, pero no se da información, ni se llevan a cabo asambleas en lengua materna para que la gente entienda la dimensión de la reforma”.
La asamblea en El Platanar, zona na’savi de Ayutla
El Platanar está en la zona na’savi de Ayutla, en una desviación antes de El Paraíso donde está la Casa de Justicia de la CRAC-PC, a unos 40 minutos en automóvil desde la cabecera municipal.
En este lugar se llevó a cabo la asamblea de la CRAC este sábado con 10 puntos en el orden del día, el número 5 fue sobre la iniciativa de la reforma.
A las 9:58 inició la asamblea en la que se habló en lengua tu’un savi, algunas partes las tradujo el coordinador Celestino Peláez.
La primera intervención fue del coordinador de San Luis Acatlán, Luis Raúl de Jesús, quien dio el contexto del problema con la reforma de Astudillo Flores, señaló a los diputados del PRI, Héctor Apreza Patrón y de Morena, Alfredo Sánchez Esquivel de operar en contra de los derechos de los pueblos indígenas, porque estuvieron en la pasada legislatura y aún así detuvieron la consulta a los pueblos sobre esta reforma, “ya tienen claro lo que pedimos pero hasta que se está por cumplir el plazo (del 14 de abril) se mueven”.
Dijo que la gobernadora tiene “mucho que ver” en la aprobación de la ley e informó que este lunes a las 10 de la mañana se reunirá una comisión de la CRAC con ella, y serán asesorados por el ex diputado federal de Morena y abogado, Rubén Cayetano, el ex magistrado Fernando Xochihua, el director de Tlachinollan Abel Barrera y el abogado de esa organización, Vidulfo Rosales Sierra.
Convocó a una manifestación en Chilpancingo para el 5 de abril y pidió a las autoridades, “no caigamos en las trampas, vienen a dar apoyos y les piden que les firmen que ya fueron consultados, si les dan un apoyo es un derecho, si les dan recursos para policías es un derecho. En todos lados llegan los alcaldes y presumen que están tranquilos los municipios, pero no dicen quién hace el trabajo”.
El abogado de Tlachinollan Rogelio Téliz, también como parte de la mesa de los debates, expuso que nadie sabe qué se está consultando pero están pidiendo firmas, “(los diputados) sólo quieren cumplir un requisito, van a salvar su pellejo a consecuencia de que no sabemos qué se va a aprobar, lo que sabemos es que esa ley dice que ustedes no existen ni sus sistemas normativos, que para eso hay un juez, un Ministerio Público, no hay ley que los proteja, si vienen a querer detenerlos los detienen, no se dejen engañar, tenemos que decir que revisen nuestra iniciativa de ley, no les están preguntando en tiempo y forma, no pasa nada con rechazarlo, al contrario, vamos a ganar lo que han exigido los pueblos originarios y la CRAC, que los diputados revisen la consulta que ustedes ya hicieron con base en sus usos y costumbres, la del 2019, se hicieron foros, estuvieron muchas organizaciones, esa consulta ellos la tienen guardadita en un cajón, no la han revisado”.
“¿Por qué quieren que digamos sí a esta consulta si no han revisado aquella?, aquella está más completa, tiene además de los sistemas normativos protección al territorio, a los recursos naturales, abarca más derechos, no sólo el sistema de justica, pero no lo quieren tocar porque ahí están sus intereses políticos, creo que aquí el rechazo a esa consulta es algo legal, tienen derecho. Se requiere, tiempo, información clara, documentación, se necesita que alguien en su lengua venga y explique, alguien de confianza en su lengua materna y explique qué quieren hacer, y qué derechos quieren ustedes que estén en esa ley, porque los diputados están para obedecer al pueblo, pero ¿qué hacen?, allá en su escrtorio hacen su ley y les dicen aquí está esto y tienes que respetarlo, tu no piensas, tu eres indio, el que piensa soy yo. Eso no es correcto, todas las leyes que están, son hechas por la gente de ciudad que las hace en escritorio, en restaurantes donde sólo están ellos, yo no he visto que vengan a un pueblo y ahí se haga la ley”.
“Rechazar esta consulta es decir, no estoy de acuerdo, revisa mi iniciativa, este rechazo es algo que se tiene por derecho. ¿Ya saben en qué consiste esta reforma?, no, entonces por qué vamos a decir que sí a esa consulta?”.
Advirtió que se va a desconocer a la CRAC y ni siquiera se les ha explicado, “la consulta es sentarse a platicar, como en 2019 con mesas de trabajo, decir qué quieren, qué es lo que hacen cotidianamente, pero esa ley no la quieren ver porque les quita dinero, como Tlachinollan vamos a estar con ustedes, si hay detenidos vamos a ir y los vamos a sacar de la cárcel, aunque nos digan revoltosos”.
“La invitación es que no nos dejemos engañar, ya en San Luis Acatlán se levantaron las actas para decir, yo no quiero esa consulta. Los diputados van a decir ya consultamos, pero todos sabemos que no se está consultando”.
Vaticinó que así como está el proceso, “la Suprema Corte de Justicia va a sancionar a los diputados, porque los papeles que van a mandar no van a estar correctos, nosotros tenemos que decir que no, tenemos que levantar la voz, mandar los documentos, manifestarnos y estar pendientes”.
“No tengamos miedo, o ¿le tenemos miedo a Alfredo Sánchez, en nuestro municipio?, a qué le tenemos miedo, a la cárcel?, a los que vayan a la cárcel las organizaciones los van a sacar, ustedes nombran a sus policías, la asamblea los pone y los quita, el nombramiento es de ustedes, esta es una consulta ilegal que es violatoria de derechos humanos”.
Entre los asistentes se propuso llamar a fortalecer el movimiento contra la consulta apresurada del Congreso del Estado a organizaciones sociales y a otras de autodefensa, ante lo que el coordinador de San Luis Acatlán respondió que “los demás grupos nos están haciendo quedar mal, en el actuar nada tienen que ver con nosotros la UPOEG, FUSDEG, CRAC-PF que armó a los niños, además de que ese trabajo ya se hizo.
El martes pasado la CRAC protestó en el Palacio Legislativo en Chilpancingo con Tlachinollan, el Cecop y el Centro Morelos, “17 organizaciones sociales ya están con nosotros y Abel (Barrera) nos dijo que sumarán más”.
Las participaciones continuaron en ese sentido, y a las 11:57 de la mañana, informó que es un acuerdo que la única demanda de la manifestación programada para el 5 de abril será el rechazo a esta consulta, y puso como ejemplo el caso de la activista Kenia Inés Hernández Montalván, presa acusada de ataques a las vías de comunicación, “ella participó en un asesinato, se pidió a las organizaciones que no se aprovechen del movimiento, ella nos hizo mucho daño en San Luis Acatlán”.
A las 12:15 por votación unánime se rechazó esta apresurada consulta y se acordó asistir a la movilización convocada para el 5 de abril en Chilpancingo, se preguntó a las autoridades de cada comunidad con cuántas personas podrían apoyar, y se anotaron 283.
Condena en menos de 3 meses la CRAC-PC a 25 años de reeducación a un feminicida
Casi inmóvil durante 3 horas, el feminicida confeso de 19 años, Roberto Victoriano Lucas escuchó a la asamblea de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) discutir cuál sería su castigo por asesinar a su novia de 19 años el 1 de enero en Coxcatlán San Pedro, escuchó que la sentencia sería de 25 años en reeducación y nunca se vio en su rostro o en su lenguaje corporal la expresión de algún sentimiento.
Durante la discusión del caso que cimbró a la comunidad na’savi de Ayutla debido a la brutalidad del crimen a machetazos, y en un contexto de impunidad en los feminicidios en Ayutla, Victoriano Lucas mantuvo la mirada fija en el suelo ante 600 asistentes, una respiración pausada y las manos junto a las piernas, inerte.
Este caso de justicia comunitaria es emblemático, ya que en Ayutla está declarada la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres del gobierno federal desde el 22 de junio de 2017, el gobierno municipal de usos y costumbres reportó el 21 de octubre pasado 14 feminicidios, casi todos en la impunidad, excepto tres, con éste, que han ocurrido en territorio comunitario.
Además, es un ejemplo de justicia pronta y expedita, el joven originario de La Fátima fue detenido por policías comunitarios el mismo día que ejecutó el crimen, y en menos de tres meses se le dictó sentencia.
Al encuentro acudieron activistas de la organización Damas Voluntarias del Grupo Feminista de Ayutla, quienes desplegaron una lona en la que exigieron un alto a la violencia hacia las mujeres, no más feminicidios ni impunidad en estos casos y castigo ejemplar a los asesinos.
A la 1:15 de la tarde en la cancha techada de esta comunidad, en la cumbre de un cerro desde donde se observan los pueblos El Paraíso y El Charco, el coordinador de la CRAC, Celestino Peláez informó que el antecedente inmediato en cuanto a sentencias por feminicidio es de 25 años en reeducación, pero llegaron dos propuestas, una es que se quedara para siempre en prisión y la otra que purgara una condena de 30 años.
“Si hay otra propuesta plantéenla porque hoy le dictamos sentencia, es importante escuchar la opinion de las mujeres, son casos muy graves que no deben de suceder”.
A la 1:29 el feminicida confeso fue sacado de la cárcel, sin esposas, escoltado por dos comandantes regionales. Vestía una playera azul con cuello V y pantalones de mezclilla razgados, del mismo color, iba rapado de mesita.
De piel morena, nariz ancha y delgado, fue presentado ante la asamblea. Se vio sonreír a varios policías comunitarios, se vio rabia en los rostros de varias mujeres que le buscaban la mirada, pero él mantuvo todo el tiempo su mirada clavada en el suelo.
El abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Rogelio Téliz expuso que “fue una brutalidad lo que hizo, fue inhumano, quisiera que las compañeras puedan darnos su opinión”.
“La compañera (asesinada) ya no va a regresar. Este sistema tiene la capacidad de tomar una decisión, no de los coordinadores sino de toda la asamblea, esto va a servir de ejemplo, Ayutla es un municipio muy complicado, hay muchas agresiones y violencia contra la mujer”.
De la comunidad La Angostura se propuso que se le dieran 50 años en reeducación, pero entre los asistentes se advirtió, “si rebasamos el reglamento de la CRAC puede ser una violación a nuestro reglamento y puede haber consecuencias. La regla es de 25 años, pero los pueblos tienen la decisión”.
Una abogada del Centro Comunitario de Ayutla que dirige la líder indígena Inés Fernández, expuso en tu’un savi, “estamos ante un caso muy triste, es muy doloroso que como mujeres suframos estos casos, ella era muy joven tenía una vida por delante, (el acusado) cometió un error muy grande y tiene que pagar”.
“Ya la mataron pero como mujeres no debemos permitir que esto siga pasando, tenemos que alzar la voz”, dijo y propuso que se le dictaran 30 años de reeducación.
Una consejera de San Felipe informó que el agresor era desconocido en San Pedro, ya que es vecino de La Fátima, “los padres también son responsables porque lo dejaron entrar”, señaló, debido a que el día del crimen el joven estaba en un baile con quien era su novia, ella lo corrió, le dijo que no quería estar más con él, éste se fue a casa de los papás de la víctima, quienes le permitieron la entrada y ahí esperó a su pareja, discutieron, ella lo cacheteó y él la mató a machetazos.
Luego de tres horas de discusión se votaron tres propuestas, que purgara 25 años, 30 o cadena perpetua en reeducación.
A las 4:11 de la tarde el coordinador Celestino Peláez dio a conocer los resultados: votaron 297 personas porque se quedara 25 años, ocho votos porque se quedara de por vida, y 31 votaron porque purgara una condena de 30 años.
Se hace “al vapor” la consulta indígena, señalan en asamblea informativa en Tlapa
En una asamblea informativa para la consulta a los pueblos indígenas y comunidades afromexicanas se pidió a los diputados locales que acudan a las colonias y pueblos a explicar en qué consiste su reforma de ley, porque parece que se está haciendo “al vapor”, no servirá, carece de argumentos, y no está acorde a la realidad.
La asamblea informativa municipal, como la calificó la diputada del PT Leticia Mosso Hernández quien la coordinó, forma parte de la segunda etapa del proceso de consulta del Congreso para atender el mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera fue de invitación donde se preguntaba si deseaban participar o no, a través de una asamblea convocada por la comisaría o delegaciones.
El proceso de consulta a los pueblos indígenas y afromexicanos que realiza el Congreso del Estado para reformar el artículo 14 de la Constitucional Política del Estado de Guerrero, artículos en materia de Seguridad de la ley 701 de Reconocimiento, derechos y cultura de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos, y la propuesta de ley del Sistema estatal de Seguridad Pública, en su fase de asamblea informativa municipal, fue con un quórum de participación de 50 más uno y legal por la presencia de autoridades comunitarias del municipio, dijo Mosso Hernández.
Estuvo el delegado regional de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, Celso Vázquez Vivar como garante de la asamblea y se contó con interpretes en lengua náhuatl, tu’un savi y me’phaa, así como carteles y lonas escritas en las lenguas indígenas predominantes de la zona.
Mosso Hernández habló de la consulta y del por qué se tenía que hacer, afirmó que los diputados no son omisos y que esta consulta es el inicio de que en adelante se consulte cualquier iniciativa de forma previa, libre, informada, de buena fe y culturalmente adecuada.
Entre las participaciones de los asistentes como Isabel Ángel Gálvez de la colonia San Antonio dijo: “los que estamos acá sólo somos unos representantes, qué mejor sería que acudan a las comunidades y colonias a explicarles en qué consiste, ahorita las mujeres sufrimos de violencia no sólo de nuestras parejas, y estaba interesaba en saber sobre la seguridad pública porque hay mucha violencia”.
De la comunidad de Tlaquilzingo, Pedro Ortega García comentó que en el Congreso aprueban las leyes sin consultar, “esperemos que no sea la primera vez que se nos pregunte, que los diputados cuando tengan su iniciativa de ley nos den la información pero que acudan a nuestras colonias, pueblos” y consideró un avance que se esté realizando esta consulta aunque fuera rápida.
De San Miguel Zinacantla, Moisés Solano Cano enfatizó que el tiempo no permitía realizar una consulta como debe ser, si para el 14 de abril ya se debía informar a la Suprema Corte, “esto se realiza al vapor, no va servir, una ley que va ser para los pueblos indígenas se deben de recorrer colonias y pueblos para que recojan las opiniones de todas las personas, esto va carecer de argumentos, de la realidad y el sentir de los pueblos”.
Remarcó que consideraba que se debía hacer con calma y tiempo para que se recojan las opiniones de mujeres, de productores y que se explique “por qué las reformas anteriores las declararon inconstitucionales, los motivos”.
Aunque las reformas son en materia de seguridad no se abordó con profundidad el tema, el Sistema de Justicia de la Policía Comunitaria poco se mencionó.
Del equipo técnico del Congreso del estado, Efraín Ceballos Santibañez les dijo a los asistentes que tenían libertad, que no venían a imponer porque viciarían el proceso de consulta, “ustedes tienen que decidir si quieren o no las iniciativas, de manera libre, informada, debidamente adecuada y de buena fe”.
A las autoridades de comisarías y delegaciones del municipio de Tlapa les entregaron materiales impresos como carteles de difusión de la consulta y las iniciativas de decreto por el que se reforma el artículo 14 de la Constitución, reformas y adiciones a la ley 701 y la iniciativa de ley del Sistema Estatal de Seguridad, y anexos con el contenido de los artículos a modificar para que los socialicen con los ciudadanos en asamblea, y en la siguiente fase puedan deliberar y hacer sus propuestas si así lo consideran, les dijeron.
El PRI no firmó ninguna de las nuevas iniciativas sobre indígenas, aclara Apreza
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso local, Héctor Apreza Patrón, precisó que no firmó ninguna de las iniciativas en materia de pueblos originarios y afromexicanos, que fueron presentadas el pasado jueves por la Junta de Coordinación Política, pues no las conocían.
En estas páginas se publicó que al menos la iniciativa de reforma al artículo 14 constitucional, que saca de la Carta Magna el reconocimiento al sistema de justicia indígena, había sido presentada por integrantes de la Junta de Coordinación, porque así se lee en el documento de esta propuesta, de la cual se tiene una copia, aunque por ser digital aún no tiene la firma de los proponentes.
Sin embargo, este domingo, en declaraciones telefónicas, Apreza Patrón precisó que las tres iniciativas en la materia fueron presentadas por diputados de Morena, PRD, PAN y PT, mientras que los priistas “no firmamos estas iniciativas, porque las desconocíamos”.
Confirmó que las iniciativas que se presentaron en el pleno el pasado jueves 24 de marzo, son las que se llevarán a las poblaciones indígenas y afromexicanas.
Este domingo se buscó a integrantes de la Junta de Coordinación y de la Mesa Directiva, pero sólo el coordinador priista Héctor Apreza atendió, quien comentó que continúan en la etapa de información, en la que se lleva a las comunidades indígenas y afromexicanas la presentación de los datos relacionados con la consulta que se realizará; además, que las comunidades están tomando la decisión de cuándo y dónde desean ser consultados y su forma de participar.
El priista afirmó que están trabajando en “un esfuerzo inédito, y con los tiempos muy, demasiado apretados. No podemos dejar de decir que ayer, a las 3 de la tarde, estaba repartido, yo creo, que no más del 50 por ciento de los materiales a los diputados. Se había entregado muy poco material, al menos al grupo parlamentario del PRI”, los cuales consisten en información sobre la consulta, traducida a las diferentes lenguas y lonas.
Apreza Patrón, dijo que el presidente de la Junta de Coordinación Política, Alfredo Sánchez Esquivel, planificó entregar dos lonas a cada diputado y ejemplificó con que en el caso del diputado de Chilapa, Jesús Parra, éste tiene que acudir a llevar información a más de 150 comunidades “y dos lonas son realmente una vacilada”, por lo que dijo que los diputados priistas decidieron imprimir más lonas, “con recursos propios”.
Después continúa la etapa deliberativa, en la que las comunidades tomarán las decisiones o realizarán planteamientos respecto a las propuestas que se presentaron.
Texto: Rosendo Betancourt Radilla, Antonia Ramírez Marcelino y Rosalba Ramírez García / Foto: Lenin Ocampo Torres
