Ciudad de México, 27 de noviembre de 2025. El Gabinete de Seguridad del gobierno federal informó este jueves de la detención de tres personas, dos mujeres y un hombre, en Iguala, por su probable responsabilidad en la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.
En el reporte de acciones relevantes correspondientes al 26 de noviembre, el Gabinete indicó que la detención de las tres personas se llevó a cabo en la Unidad Habitacional Nicolás Bravo, en el municipio de la región Norte del estado.
“En Iguala, en la unidad habitacional Nicolás Bravo, elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Ejército Mexicano catearon dos inmuebles, detuvieron a tres personas relacionados con la desaparición de estudiantes”, indicó el Gabinete en su informe.
Reportes indican que con la detención de las tres personas se realizó el cateo y el aseguramiento de dos viviendas en Iguala, presuntamente vinculadas con las investigaciones del caso Ayotzinapa.
Los sellos de aseguramiento de los inmuebles están suscritos por la fiscalía a cargo, la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UIELCA).
Para este jueves está programada la sexta reunión de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con los padres de los 43 estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, donde le pedirán avances en la investigación.
Fuentes de seguridad informaron que los operativos se llevaron a cabo alrededor de las 6 de la mañana, en los inmuebles de Luis Donaldo Colosio Murrieta No. 30, en la colonia Nicolás Bravo, y en Ramón Corona No. 15, en el Centro de Iguala.
Las diligencias fueron realizadas por personal de la fiscalía especial, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), del Ejército y la Guardia Nacional, para cmplir una orden de la jueza Quinta de Distrito, adscrita al Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones, Irlanda Gabriela Pacheco Torres.
De acuerdo con los oficios y sellos en el inmueble de Ramón Corona, la orden de cateo fue solicitada por el fiscal especial Pazarán Álvarez, quien argumentó que los domicilios presuntamente fueron utilizados para reuniones y tratos vinculados al trasiego de drogas y podrían aportar indicios relacionados con la desaparición de normalistas en 2014.
Juan Luis Altamirano/ Foto: El Sur
