Eugenio Fernández Vázquez
Razones Verdes
No hay que buscarle mucho: según la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, las acciones “que tiendan a fomentar la productividad y la rentabilidad de las actividades económicas rurales” corresponden a la Secretaría de Agricultura. Es esta dependencia la que tiene las capacidades, la estructura institucional y el mandato de impulsar el desarrollo del campo mexicano, y de usar la producción agropecuaria no sólo para hacer que el hambre desaparezca, sino para eliminar la pobreza. Por ello, es un error plantear, como está haciendo el equipo de transición que lidera Andrés Manuel López Obrador, que el cacao y el café, entre otros productos, salgan del rango de acción de la Sagarpa y queden en manos de la futura Secretaría del Bienestar.
Parece una obviedad, pero no hay que dejar de repetirla: que los productores de café y de cacao sean en una gran proporción indígenas, y que gran parte de los cafetaleros viva en condiciones de pobreza y marginación muy duras, no quiere decir que no sean productores agropecuarios. Lo son, y en mucho son la vanguardia del campo mexicano, por su capacidad de innovación, por su compromiso con el medio ambiente, por la forma en que han desarrollado esquemas de comercialización que les permiten vender en condiciones que los productores agroindustriales apenas soñarían.
Sin embargo, el equipo de López Obrador, en particular María Luisa Albores y Víctor Villalobos, han anunciado que en el próximo sexenio será la Secretaría del Bienestar la que se ocupe de las tareas de gobierno relacionadas con el café y el cacao. Esto implica que el fomento y los esfuerzos para impulsar la mejora en la producción y productividad de esos cultivos quedará en manos de una dependencia que sabe repartir subsidios, no abrir mercados.
Esto quiere decir también que un gobierno al que se asocia con la izquierda hará realidad el sueño de gran parte de la derecha del campo mexicano y de los grandes productores agroindustriales. A los productores más pequeños se les darán apoyos asistenciales y el apoyo de una secretaría cuyo énfasis es la pobreza, no la producción, como es la Secretaría de Desarrollo Social, que se llamará “del Bienestar Social” a partir del sexenio que viene.
En cambio, el enorme aparato que se ha formado en la Sagarpa para apoyar al campo, que va desde la contratación y aplicación de coberturas hasta la búsqueda de mercados en el exterior, pasando por los apoyos productivos y los recursos para la investigación y su aplicación, podrá concentrarse ya sin estorbos en apoyar más y mejor a los grandes productores maiceros, tomateros o pecuarios, esos a los que ya de por sí destinaba el grueso de los apoyos.
Esto no sólo es una afrenta para los productores de café y de cacao y un error que lastrará la lucha contra la pobreza. Es, además, una medida que hará mucho más difícil hacer realidad la meta que planteó López Obrador de restaurar un millón de hectáreas antes de que termine el sexenio que viene, y que en esas hectáreas se produzca café y cacao, entre otros productos. La Sedesol simplemente no tiene las capacidades, la experiencia ni el andamiaje interno necesario para apoyar una tarea como esa.
Más que expulsar de la Sagarpa y de la política agropecuaria a los productores más pobres, a los productores indígenas, a los productores comprometidos con el medio ambiente, el gobierno de López Obrador debería hacer que la Sagarpa deje de trabajar para los agroindustriales ricos –como ha venido haciendo hasta ahora– y trabaje para todos. La Sagarpa debería servir para impulsar una nueva relación con la tierra, una nueva forma de producir y de consumir lo que el campo ofrece. Llevarse el café a Sedesol es un paso en la dirección contraria que, por suerte, todavía hay tiempo de enmendar.
