Chilpancingo, Guerrero, a 11 de septiembre de 2024.- Coordinadores de cuatro de las cinco casas de justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), criticaron la iniciativa de Reforma Constitucional Indígena y Afromexicana que mandó el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador al Congreso de la Unión para su deliberación, y en su caso aprobación.
En una conferencia de prensa que ofrecieron el mediodía de ayer afuera del Congreso local, en Chilpancingo, las autoridades comunitarias, admitieron que la iniciativa del presidente reconoce a los indígenas como sujetos de derecho, su libre determinación y autonomía, pero no la jurisdicción indígena, autogobierno, la propiedad de la tierra y los bienes naturales.
La iniciativa forma parte del paquete de 20 que López Obrador presentó el 5 de febrero pasado.
Este martes, los representantes de las casas de justicia de San Luis Acatlán, Espino Blanco, Zitlaltepec y Caxitepec Las Juntas, declararon en conferencia de prensa que la iniciativa “es limitada” porque sólo plantea reformar el artículo 2 de la Constitución General de la República, mientras que la que elaboró el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) propone reformar 16 artículos, y pidieron esas propuestas que se tomen en cuenta.
Una iniciativa limitada
La conferencia fue encabezada por los coordinadores de la Casa de Justicia de Espino Blanco, Martín Rosales Sierra, y de Caxitepec Las Juntas, Agripino Baylón Mosso, así como el abogado Uriel Leal Ramírez.
En su posicionamiento escrito, la CRAC celebra que el presidente haya presentado la iniciativa de reforma a la Constitución “en la que se nos reconoce como sujetos de derechos, sin embargo, nos preocupa que es limitada y se aparta de la que elaboró el INPI, que es resultado de más de cincuenta foros que realizó en todo el país y que refleja las aspiraciones históricas de nuestros hermanos indígenas y afromexicanos”.
Indica que la iniciativa del INPI “es de gran calado”, puesto que en ella se propone reformar 16 artículos de la Constitución, mientras que la presidencial solo contempla la reforma al artículo 2 Constitucional, “desmantelando todo el andamiaje de derechos indígenas”.
Reprochan que quien mandó el presidente al Congreso de la Unión “deja por fuera nuestras demandas históricas, y nuestro derecho a la seguridad y administración de justicia tiene sendos candados legales, condicionando su ejercicio al orden legal vigente, y sin la reforma al artículo 21 de la Constitución esta prerrogativa se torna inoperante”.
Indican que el derecho que tienen a la propiedad de sus territorios y bienes naturales no figura en la iniciativa presidencial.
“Sin el territorio no es posible el ejercicio del derecho a la libre determinación, autonomía y autogeobierno, porque ahí se construyen las relaciones sociales, la vida en comunidad, la seguridad y la justicia”.
Cuestionan que de qué les sirve ser sujetos de derecho público, “si nuestro habitat está amenazado por las empresas mineras y extractivas; para qué la libre determinación, si seremos desplazados de nuestros territorios”.
Indican que valoran la apuesta simbólica por los pobres por este gobierno, “pero es necesario ir más allá de los símbolos, reconociendo los derechos fundamentales como el autogobierno, los sistemas normativos y la propiedad de los territorios y bienes naturales, sólo así podremos ser sujetos de derecho, solo así podremos ejercer la libre determinación y autonomía, solo así podremos revertir la pobreza y el olvido secular en el que nos han mantenido los gobiernos neocoloniales”, exponen las autoridades de la CRAC en su escrito.
También valoran los programas sociales, pero refieren que estos resultan insuficientes para sus aspiraciones, e insten: “Sin el reconocimiento de nuestros derechos, se corre el riesgo de fomentar un asistencialismo paternalista que nos mantendrá sumidos en la pobreta y estirando la mano en espera de la ayuda gubernamental”.
Derivado de ello, solicitan a la s cámara de Diputados y Senadores y a los congresos locales que en los debates y discusiones incorporen las disposiciones que contiene la iniciativa del NIPI, relacionadas con la jurisdicción indígena, autogobierno y la propiedad de la tierra y bienes naturales.
“La frase de primero los pobres debe traducirse en una acción de gobierno concreta, condensada en la reforma indígena que reconozca nuestros derechos”, sugieren.
Al final de la conferencia de prensa, el asesor de la CRAC, Uriel Leal dijo que la iniciativa que presentó el INPI aun cuando es igualmente incompleta, es de avanzada, porque son 16 artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos propuestos para reformarse.
Recordó que igual pasó en Guerrero cuando se aprobó al vapor en el 2022, la reforma a la Ley 701 de Reconocimiento, Derechos y Cultura Indígena, misma que había ordenado el Poder Judicial de la Federación (PJF), derivado de una acción de inconstitucionalidad que presentó la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Indicó que a pesar de que el PJF les dio un año a los diputados que acaban de salir para que realizaran esa reforma lo hicieron en dos meses.
“Es una reforma regresiva porque le quitan a la CRAC facultades y quieren mantenerla como un órgano de vigilancia, cuando en otras normas constitucionales se le ha dado más reconocimiento para que puedan impartir justicia”.
Reprochó que los gobiernos federal y estatal quieren tener una Policía Comunitaria que solo cumpla funciones de seguridad pública, “a pesar de que su reglamento fue reformado en el 2022 y se le da la facultad de impartir justicia”.
Dijo que exigen que este reglamento se haga efectivo, que las autoridades que procuran justicia lo respeten, “porque ha habido intentos de violar la autonomía de los pueblos indígenas”.
Informó que son los partidos políticos los que no quieren que los pueblos indígenas avancen, “porque saben que si les otorgan más derechos, ellos quedan desplazados, como ocurrió en Ayutla, donde actualmente tienen elecciones por usos y costumbres debido a que estaban enfadados de los partidos políticos y los partidos políticos no quieren perder sus espacios de poder”.
No se da cobertura a la Policía Comunitaria
Por su parte, Martín Rosales Sierra, coordinador de la Casa de Justicia de Espino Blanco, aclaró que no están satanizando la iniciativa del presidente de la República, “es estamos diciendo que es una iniciativa limitada porque hace falta que se le adicionen algunas cuestiones que el INPI consultó”.
Dijo que fue una iniciativa “rasurada, por ejemplo sólo se reforma el artículo 2 Constitucional y como CRAC, y como Policía Comunitaria nos preocupa que siga siendo más de lo mismo”.
Celebró que se reconozcan los derechos de los indígenas en lo general, y se les dé la categoría de sujetos de derecho, “eso por supuesto que lo aplaudimos, pero no se reforma, por ejemplo, el artículo 21 Constitucional donde se dice que los ministerios públicos y las fiscalías son los encargados de brindar justicia y nuevamente se desconoce a la CRAC y a la Policía Comunitaria”.
Declaró que en la iniciativa presidencial no hay un alcance que pueda dar cobertura y legitimar las acciones de la CRAC y su Policía Comunitaria, “por eso decimos que es una reforma limitada y por eso estamos previendo que cuando llegue a la Cámara de Diputados se le pueda adicionar estas cuestiones que el mismo INPI propuso”.
Recriminó que esta dependencia no haya dicho nada, “que no esté defendiendo su propia propuesta, que no esté defendiendo la consulta que ellos hicieron y que hoy no se están tomando en cuenta en la propuesta de López Obrador”.
Intercederán diputados de Morena en el Senado
Los diputados Pánfilo Sánchez Almazán, Édgar Ventura de la Cruz, Leticia Mosso Hernández y Araceli Ocampo Manzanares se comprometieron ante integrantes de la CRAC a revisar en lo local la iniciativa de reforma sobre los pueblos indígenas y gestionar una reunión con los senadores de Guerrero para que los escuchen.
Después de una protesta afuera del edificio del Congreso local por parte de integrantes de la CRAC y cuatro coordinadores de las casas de justicia de Espino Blanco, San Luis Acatlán, Zitlaltepec y Caxitepec, los manifestantes fueron atendidos por los diputados y en reunión les plantearon sus demandas y observaciones sobre la reforma en materia de pueblos indígenas, planteada en el Plan C del presidente López Obrador.
Durante el diálogo, los integrantes de la CRAC junto con su asesor legal, Vidulfo Rosales Sierra, consideraron que la iniciativa “es limitada”.
“Es una propuesta legislativa que deja por fuera nuestras demandas históricas, nuestro derecho a la seguridad y a la justicia tiene sendos candados legales condicionando su ejercicio al orden legal vigente”.
Los integrantes de la CRAC piden que se aborden en la reforma los temas de la justicia comunitaria, el derecho a defender su territorio y los sistemas normativos propios de autogobierno.
Durante el diálogo, los legisladores coincidieron en la necesidad de profundizar en el estudio de las diversas modificaciones que se pretenden hacer a dicho ordenamiento, así como contemplar las propuestas emanadas de las autoridades comunitarias de Guerrero.
Al término de la reunión, el diputado Pánfilo Sánchez Almazán mencionó que se dará el seguimiento correspondiente a las demandas de las autoridades de la CRAC, las cuales fueron apoyar en ser interlocutores ante el Senado de la República para que los atiendan y una vez que la reforma llegue al Congreso del estado sean incluidos algunos derechos.
“Se nombró que seré el enlace ante el Congreso del estado en lo que se formalizan las instancias y las comisiones, como la de Pueblos Indígenas y la propia Jucopo, y entre no se dé eso seré el enlace y les vamos a estar notificando todo lo que se resuelva, y vamos a buscar a los tres senadores de casa, para que escuchen las propuestas de las autoridades comunitarias y sean los interlocutores ante el Senado de la República”, agregó.
Rosales Sierra confirmó los acuerdos y explicó que la iniciativa del presidente “tiene muchos candados y no propone la reforma al artículo 21 constitucional, por lo que quedaría intacto y la exclusividad en la administración de procuración de justicia sigue recayendo en jueces y ministerios públicos, y a las autoridades comunitarias les dan la facultades de resolver sus conflictos”.
Texto: Zacarías Cervantes y José Miguel Sánchez
