El Congreso “no tomó en cuenta las voces, no pocas, que se oponían a esta reforma”, dicen en una declaración pública. Habrá reformas a la ley de Salud, anuncia la secretaria Aidé Ibarez. La interrupción legal del embarazo es general; el plazo de 12 semanas es para que el Estado lo garantice, precisa la diputada Beatriz Mojica. Actividades de mujeres de Chilpancingo e Iguala por la campaña de “Luto Nacional por la vida de las niñas y las mujeres” y en Taxco marchan además por el caso de Olivia y su hija
Chilpancingo, Iguala y Taxco, Guerrero, 19 de mayo de 2022. El arzobispo de Acapulco y los obispos de Chilpancingo-Chilapa, Ciudad Altamirano y Tlapa, que integran la provincia eclesiástica, reprocharon ayer en un pronunciamiento conjunto que los diputados no tomaron en cuenta las voces que se opusieron a la reforma que despenaliza el aborto, a la que califican de “aberrante” y de contenido “poco cuerdo”.
Ante ello, convocan a los agentes de pastoral, a una “planeación y compromiso que nos lleve al encuentro de los hermanos en las periferias y en los nuevos areópagos donde podamos exponer la verdad con toda libertad”.
“No fueron tomadas en cuenta las voces, no pocas, que se oponían a esta reforma con argumentos basados en la razón y en la ciencia”, sostienen en su documento en el que expresan su reconocimiento a las personas que han orado por los legisladores y se han manifestado públicamente “con el fin de que nuestras leyes defiendan la vida de cada ser humano, desde su inicio en el momento de la concepción hasta su fin en la muerte natural”.
El documento firmado por el arzobispo de Acapulco Leopoldo González González, y por los obispos de las diócesis Chilpancingo-Chilapa José de Jesús González Hernández; el de Ciudad Altamirano, Joel Ocampo Gorostieta, y el de Tlapa, Dagoberto Sosa Arriaga, reconocen por igual a los legisladores “que mantuvieron en alto el valor de la dignidad humana”.
Refieren que el hecho de que una ley permita a las mujeres embarazadas abortar hasta las 12 semanas de gestación de ninguna manera cambia el hecho de que se trata de la eliminación de un ser humano, niño o niña.
Consideran “aberrante” y “no cuerdo” que con doce semanas y un día “ese niño o esa niña sí tengan derecho a vivir y con doce semanas menos un día no lo tengan”.
Sostienen: “Eliminar un ser humano es asesinar. El primer derecho que tenemos los seres humanos es que no nos maten. Es un derecho que se convierte en obligación universal: ‘No matarás’, y añaden que la autoridad tiene la grave responsabilidad de hacer valer ese mandato de ley natural”.
Recuerdan que el catecismo de la Iglesia Católica dice: “La vida humana ha de ser tenida como sagrada porque desde su inicio es fruto de la acción creadora de Dios”.
El arzobispo y los tres obispos argumentan que la ciencia dice que empezamos a existir desde el momento en que fuimos concebidos y que el “nuevo viviente, que se forma en el momento de la concepción, al que se le da el nombre de cigoto, es ciertamente humano, tiene el genoma humano, y es un viviente humano diferente a cualquier otro, parecido a sus padres y hermanos, pero diferente”.
Explican que a los 18 días de la gestación el corazón ya bombea sangre por sus venas; a las cinco semanas aparecen nariz, mejillas y dedos; a las seis semanas tiene esqueleto, riñones, estómago e hígado funcionando; a las siete semanas su cerebro produce ondas propias y cuenta con ojos, lengua y labios, y a las diez semanas puede parpadear y reaccionar a ruidos”.
Subrayan que así, “ese ser humano que fue concebido continuará su proceso de maduración y llegará el momento de su nacimiento, luego se convertirá en un infante y después en un adolescente, un joven, un adulto y un anciano”.
Y sostienen que el derecho a vivir que cada uno tenemos ahora, en la etapa de desarrollo en que nos encontramos, “ese mismo derecho lo teníamos al ser concebidos. Es el mismo derecho que tiene todo ser humano desde recién concebido”.
Distan que el artículo primero de nuestra Constitución al garantizar la igualdad de todo individuo, expresamente prohíbe cualquier discriminación motivada por la edad. “A todos nos resulta claro que nadie puede ser asesinado por no tener una semana más de existencia”.
Advierten que precisamente porque es una cuestión sobre el valor de la persona humana, “no debe esperarse que la Iglesia cambie su postura sobre esta cuestión” porque este no es un asunto sujeto a supuestas reformas o modernizaciones. Nos es progresista pretender resolver los problemas eliminando una vida humana”, reprochan los clérigos.
Aseguran que muchos especialistas coinciden en afirmar que la mujer no desea abortar, porque el aborto es una violencia muy grande también contra ella misma: contra su cuerpo, contra sus instintos primarios, contra sus sentimientos y emociones”.
Consideran que si la mujer fue víctima de una violación “se trata de una muy grave injusticia y ciertamente la impunidad en nada ayuda”, pero que en estos casos se debe cuidar de la mamá para cuidar del niño o la niña recién concebidos.
“Nuestro deber como pastores seguirá siendo el mismo en la propagación del Evangelio de la vida proclamado por Jesucristo, nuestro Salvador: la vida es un don de Dios y deberá ser cuidado y protegido por la familia y la comunidad humana”.
Refieren que en la Iglesia seguirán evangelizando al pueblo de Dios “conforme a la verdad revelada y testimoniada por la comunidad eclesial, aun en medio de situaciones adversas”.
Destacan: “Este paso legislativo nos urge, a todos los agentes de pastoral, a una planeación y compromiso que nos lleve al encuentro de los hermanos en las periferias y en los nuevos areópagos donde podamos exponer la verdad con toda libertad”.
Dicen que ante ello se proponen crear en las parroquias, centros de acompañamiento a la mujer embarazada, sobre todo para la que se ve empujada a abortar por diversas razones. “Darle la mano sin condenarla y con caridad fraterna ofrecer los medios indispensables para que el nuevo ser nazca en un ambiente de amor”.
Asimismo, anuncian impulsar la Pastoral de la Vida, organizando los equipos parroquiales desde donde se impulsen consultorios pro-vida, siendo la misma parroquia el primer medio de contención para evitar los abortos inducidos.
Además, proponen que desde catequesis infantil, de adolescentes y juvenil, ofrecer el conocimiento que da la ciencia, la razón y el catecismo, para valorar y respetar la vida humana desde su inicio en la concepción hasta su fin con la muerte natural.
También implementar en los cursillos de formación prematrimonial los temas referentes a la concepción y gestación de los nuevos seres humanos como bendición de Dios para los esposos y la familia, “y otras iniciativas que podrán proponer la Comisión de Familia, Vida, Juventud, Adolescentes y Laicos de la Provincia”.
Concluyen que van a continuar con mayor ímpetu y compromiso la tarea evangelizadora como lo pide el Proyecto Global de Pastoral “haciendo más bella nuestra casita sagrada”.
Habrá reformas a ley del sector Salud tras la despenalización del aborto: secretaria
La secretaria de Salud estatal, Aidé Ibarez Castro, dejó ver que habrá nuevas reformas a la ley en el sector como consecuencia de despenalización del aborto.
La funcionaria se reunió ayer en Ometepec con presidentes municipales en la Sala de usos múltiples de la Jurisdicción Sanitaria 06 de Costa Chica, sobre el tema de salud materna.
En su mensaje, al que se tuvo acceso en audio, recalcó que la dependencia va a garantizar las dos decisiones: continuar o interrumpir un embarazo, sin entrar en detalle de su opinión sobre el proceso.
Tal vez, por las muertes maternas en el estado que también son un problema de salud. En lo que va de 2022, hay 15 decesos registrados, de los cuales, ocho ocurrieron en la Secretaría de Salud Estatal, según el último informe semanal para la Vigilancia Epidemiológica de Muertes Maternas, de la Secretaría de Salud federal.
Al comienzo de su mensaje, Ibarez Castro señaló que “ayer (martes) se despenalizó el aborto, pero nosotros, el sector Salud va a responder para la atención de los cuidados de la vida, y la atención para que no haya secuelas de los cuidados que nosotros brindamos a la mujer”.
Recalcó que “la atención a las mujeres que acepten su embarazo, y para las mujeres que tengan alguna otra decisión, si es que no lo aceptan, garantizarles la vía a las dos decisiones es nuestra obligación, y nosotros lo vamos a hacer, porque cada mujer que no acepte su embarazo la tenemos que seguir protegiendo en salud, tanto física, mental, para que se integre a la sociedad de manera funcional”.
Agregó que la mujer que acepte su embarazo “también nuestra obligación es llevar a término ese proceso de que llega un nuevo ser humano a nuestra comunidad”.
Añadió que en este proceso, la obligación de la Secretaría es plasmar sus obligaciones “en las reformas que se tengan que hacer”.
Insistió en que el personal médico cumplirá con su compromiso “de atender y salvar vidas. Las Leyes y normas en que nos basamos en salvar vida, en mejorar, en reintegrar a las personas a la sociedad”.
Subrayó que no quería que las autoridades pensaran que la dependencia promueve “una cosa o la otra”, sobre el aborto, sólo enfatizó que van a cumplir como médicos, ante la urgencia, en la atencion, ante la necesidad que tengas, una mujer o cualquier ser humano”.
Estrategias para reducir muertes maternas
Con un boletín de la reunión con 13 alcaldes de la región, la dependencia informó que la Secretaría va a implementar estrategias para reducir las muertes maternas, mediante entornos cómodos y controlados que favorezcan un trabajo de parto fisiológico, el apego inmediato y el inicio temprano de la lactancia de las mujeres embarazadas.
Aseguró que se fortalece el sistema de salud con entornos que favorezcan el control prenatal, monitoreo y detección oportuna de factores de riesgo o predisponentes en la atención y generar corresponsabilidad en materia de salud, entre la comunidad y los servicios de salud, a través de redes de apoyo.
Aclaró que “lo más importante para la Secretaría de Salud, es la embarazada y el bebé”, por lo cual mejora toda la estructura de los servicios médicos de primer y segundo nivel de atención y la capacitación al personal multidisciplinario que conforma este sector.
La despenalización del aborto es general; plazo de 12 semanas es para que el Estado lo garantice
El dictamen de reformas, adiciones y derogaciones al Código penal aprobado por el pleno del Congreso local el martes, despenaliza la interrupción del embarazo en general, con lo que se deja de criminalizar a la mujer por tomar esta decisión; sin embargo, se mantiene el delito de aborto para imponer sanciones a quien practique sin el consentimiento el un aborto a una mujer.
La secretaria de la Comisión de Justicia, la morenista Beatriz Mojica Morga, explicó que la temporalidad de 12 semanas de gestación para realizar este procedimiento se estableció porque en ese plazo será responsabilidad del Estado el garantizar este derecho a las mujeres de interrumpir su embarazo.
Fuera de ese tiempo sólo será responsabilidad del Estado cuando se trate de enfermedades congénitas, en casos de violación, cuando esté en riesgo la vida de la madre o porque en las primeras 12 semanas una autoridad le haya negado ese derecho.
“Después de las 12 semanas, sólo es permitido por las excluyentes de responsabilidad”, dijo Mojica Morga en referencia cuando el embarazo sea producto de una violación, sin que sea obligatorio presentar una denuncia penal; también cuando “de no provocarse el aborto, la mujer embarazada corra peligro de afectación a su salud o esté en riesgo su vida, situación que deberá asentarse en el dictamen que emita el médico que la asista”.
Otras de las excluyentes establecidas en el Código Penal son cuando existan “alteraciones genéticas o congénitas que puedan dar como resultado daños físicos o mentales, siempre que se tenga el consentimiento de la mujer embarazada”; cuando “sea resultado de una conducta culposa de la mujer embarazada” y “se acredite por cualquier medio que alguna autoridad le hubiese negado a la mujer embarazada la posibilidad de interrumpir su embarazo dentro de las primeras doce semanas de la gestación”.
Cualquier mujer puede decidir sin riesgo de penalidad
En todos estos casos, cualquier mujer podrá interrumpir su embarazo sin penalidad; la morenista explicó “en todo momento, se despenaliza la decisión de la mujer, no está criminalizada la mujer, sin embargo, el acompañamiento del Estado, los servicios de salud tanto públicos como privados será hasta las 12 semanas que es la temporalidad promedio que existe a nivel mundial”.
En el artículo segundo transitorio del dictamen aprobado por el pleno, también se establece: “En un período máximo de 120 días contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso del Estado de Guerrero armonizará, conforme a las disposiciones del presente Decreto, la Ley número 1212 de Salud del Estado de Guerrero”.
Mojica Morga explicó que se revisará si hay adecuaciones que se tengan que hacer a la Ley de Salud, o en algunas otras legislaciones para hacer efectivas las reformas en el Código Penal y garantizar el derecho de las mujeres de no continuar con un embarazo.
Comentó que no se prevé un impacto económico para el Estado al ser procedimientos que se realizan en el sector salud, porque hay una alta incidencia de abortos espontáneos y es un tema que ya han revisado con la Secretaría de Salud.
Además de que apuntó que “no se espera una gran incidencia” porque han revisado las estadísticas en otros estados en los que se aprobó la interrupción legal del embarazo y que en ninguno se han generado altos índices de interrupciones.
Además no se debe prejuzgar “a las mujeres, una cosa es que se quite de la ley y otra que las mujeres por voluntad van a ir en masas a las clínicas a practicarse un aborto… no es una decisión que las mujeres tomen de la noche a la mañana”.
De los señalamientos de los grupos provida respecto a que las mujeres abortarán “hasta horas antes del parto”, Mojica Morga consideró que esos son “argumentos malicioso, porque cualquier aborto después de cierto tiempo es muy riesgoso para la mujer, difícilmente una mujer tomará una decisión así después de las 12 semanas”.
Los cambios
La Comisión de Justicia en su argumentación, para las reformas al artículo 155 del Código Penal que habla del aborto con consentimiento en el que se estableció: “A quien practique el aborto a una mujer transcurridas las doce semanas de embarazo, con consentimiento de ésta, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, con excepción de las excluyentes de responsabilidad”. Apunta que la periodicidad a la primera etapa de la gestación, se establece en congruencia al criterio establecido por la Corte.
Y que por eso “se adiciona la precisión de que, en el tipo del delito que nos ocupa, se sancionará una vez transcurridas las primeras doce semanas del embarazo”. La comisión también apunta que hace “constar lo que la SCJN considera en relación con la fijación de la temporalidad en que puede ser llevado a cabo un procedimiento de interrupción del embarazo como parte del ejercicio del derecho a decidir”.
Los diputados argumentaron en el dictamen que también la SCJN considera que “éste debe ser razonable, es decir que su diseño legislativo no debe anular o volver inejercitable la citada prerrogativa, pero también debe considerar –ineludiblemente– el incremento paulatino en el valor del proceso de gestación”.
Este artículo antes de la reforma establecía que “a quien hiciere abortar a una mujer con consentimiento de ésta, se le impondrán de uno a tres años de prisión”, y lo aprobado el martes por el pleno dice: “A quien practique el aborto a una mujer transcurridas las doce semanas de embarazo, con consentimiento de ésta, se le impondrá de seis meses a dos años de prisión, con excepción de las excluyentes de responsabilidad”.
Mientras que en el artículo 156 del Código Penal también se establece: “A quien hiciere abortar a una mujer sin su consentimiento, en cualquier momento del embarazo, se le impondrán de tres a ocho años de prisión. Si mediare violencia física o moral se impondrán de seis a nueve años de prisión”.
Exigen colectivas justicia por desaparecidas y niñas y mujeres asesinadas, en campaña nacional
Como parte de la campaña nacional Luto Nacional convocada por feministas para este 18 de mayo, en la plaza cívica Primer Congreso de Anáhuac de Chilpancingo la colectiva Revueltas presentó un performance con antorchas, flores y fichas impresas de alertas de mujeres desaparecidas en la entidad. En Iguala exigieron justicia por las niñas y las mujeres asesinadas.
En Chilpancingo estudiantes de la Universidad Autónoma de Guerrero, con vestimenta negra y cruces rojas en el piso, leyeron el manifiesto nacional junto al Ayuntamiento.
En el cierre de la actividad, la líder de Las Revueltas, Yolitzin Jaimes, denunció que la Fiscalía General del Estado no está buscando a las desaparecidas, más allá de la difusión de fichas de la alerta Alba o Amber publicadas en Facebook. Tampoco investiga con perspectiva de género las muertes violentas de mujeres, la gran mayoría clasificadas como homicidio.
Recordó que la Fiscalía fue la peor evaluada en el país con la anterior administración estatal, “ahora con el reacomodo (del gobierno y cambio de fiscal general), parece que no quieren salir de ese lugar”, al haber sólo dos casos feminicidios registrados en Guerrero en lo que va del año.
Aclaró que son muchas las víctimas, y la muestra son decenas de fichas de cada alerta emitida en el estado que usaban como vestimenta para el ejercicio.
Adelantó que “vamos a irrumpir más seguido en el espacio público, porque la información que presentan en redes sociales ahí queda”.
Consideró necesario hacerle saber este problema a la ciudadanía, y se trabaja en una convocatoria fuerte, simultánea en el país.
Poco después de las 6 de la tarde, unas 30 integrantes de Las Revueltas entraron en fila a la plaza central, formaron un círculo en el centro, con cuatro de ellas en medio, que se distinguieron por las faldas de papel, hechas con las fichas de desaparecidas, al mismo tiempo leían un recital de protesta.
Repitieron el ejercicio en la avenida Juárez, atrás del Ayuntamiento, cerrando la vialidad por unos 20 minutos, a la vista de automovilistas y peatones.
Ahí recordaron a Lorena Elvira, desaparecida el 28 de septiembre de 2020 en Cuajinicuilapa, y el último caso reportado, de Jessica Herrera Cisneros, de quien se desconoce su paradero desde el martes 17 de mayo de 2022, entre otras.
Estudiantes de la Preparatoria 9 de la UAG, con las profesoras Lorenia Fernandez y Elia del Moral, en un pronunciamiento denunciaron“el luto por todas las niñas y mujeres asesinadas por la misoginia y el desprecio de nuestras vidas, por la impunidad otorgada al agresor, y por la omisión del Estado”.
En este momento de emergencia nacional por la violencia de género, se solidarizaron las familias de víctimas, madres, hermanas e hijas, en la exigencia de justicia para las vidas arrebatadas.
Exigieron, en un país de “violadores, depredadores, tratantes y feminicidas”, que la Secretaría de Gobernación declare la Alerta de Violencia contra las Mujeres en todo el territorio nacional, y la violencia contra las mujeres sea atendida como una política de Estado prioritaria.
Recordaron entre otras cifras oficiales, que en México hay 20 feminicidios al día, 14 desapariciones diarias de niños, niñas y mujeres; ocho agresiones sexuales por hora, que el presidente de la república Andrés Manuel López Obrador “desvirtúa” para desestimar los riesgos, y la demanda de acceso a una vida libre de violencia.
Hicieron un extrañamiento a los gobiernos federal y estatales por “su incompetencia y graves omisiones en el ejercicio de sus funciones, auspiciando un estado de impunidad”.
Demandaron que todo funcionario o funcionaria que no cumpla con sus responsabilidades constitucionales y convencionales de garantizar la vida y la seguridad de las mujeres y niñas, debe irse y debe sancionarse;
En Iguala, después de las 6 de la tarde un grupo de diez jóvenes activistas de la colectiva feminista Mujeres del Valle de Iguala conmemoró el luto nacional por las mujeres y niñas víctimas de feminicidio en un acto realizado en el monumento a los Niños Héroes en el bulevar Heroico Colegio Militar.
Pegaron cruces de papel morado y rosa con los nombres de las mujeres y niñas que han sido asesinadas en el país. Asimismo encendieron veladoras y al final hicieron un pase de lista por todas las que han sido asesinadas en este año en México y en Guerrero, y se guardó un minuto de silencio en su memoria.
Marchan feministas en Taxco contra los feminicidios y por el caso de Olivia y su hija
En las calles de Taxco unas 200 mujeres feministas vestidas de negro marcharon al grito de “no fue suicidio, fue feminicidio”, con una protesta ante las autoridades, tras la muerte de una madre y su hija de ocho años quienes el pasado 8 de mayo fueron encontradas sin vida y en estado de putrefacción en su domicilio por el barrio de Puente Ramonet, cerca del centro histórico.
La tarde de ayer las consignas estallaron desde el barrio de La Garita hacia el zócalo de la ciudad y en una primera parada sobre la calle, afuera del domicilio en donde de acuerdo con reporte de vecinos aparecieron si vida la señora Olivia y su hija de Diana Laura. Ahí en casa marcada con el número 59, se colocó la fotografía de ambas mujeres, entre flores rojas y blancas con algunas veladoras que se encendieron. El grito fue unánime para exigir repetidas veces: “Justicia, justicia, justicia”.
“No estamos todas, nos falta Olivia y Diana Laura”, se leyó en una cartulina alzada en alto por una niña, y ahí también se escucharon las voces a coro de: “Las mujeres no se tocan, las mujeres no se violan, las mujeres no se matan”, seguido del llamado a los curiosos y personas que se asomaban de los negocios o los balcones de sus casas: “Señor, señora, no sea indiferente, se matan a mujeres en la cara de la gente”, donde pasaron lista a las fallecidas.
Y en el camino pidieron que la Fiscalía General del Estado atraer ese caso como un feminicidio, del que hasta ahora no se han dado a conocer avances, en tanto que ayer la FGE informó ayer en un escueto comunicado que inicio una carpeta de investigación “con la finalidad de esclarecer los hechos y localizar a los responsables de los mismos”.
En tres párrafos la Fiscalía dijo que se reunió con los familiares de las víctimas y la directora ejecutiva de la Asociación Guerrerense contra la Violencia hacia las Mujeres A. C. perteneciente a la Red Estatal de Mujeres Guerrerenses, con la finalidad de mantenerlos informados acerca del avance en las investigaciones.
En el documento se afirma que con ello la FGE “reitera su compromiso con los guerrerenses en aras de una procuración de justicia expedita”.
“Hoy se pide justicia”, reiteraron durante varias ocasiones a la dependencia, “El feminicidio no es una moda, es una causa, queremos justicia”, insistieron a coro.
Al llegar a la sede del Ayuntamiento taxqueño, vino un segundo plantón en el que, sin importarles decenas de empleados que esperaban el paso de la marcha dentro de los pasillos del edificio en el que tomaron fotografías y videos, la voz de varias, secundada por la multitud de mujeres, expresaron: “Queremos que el gobierno presione para la seguridad de las mujeres en Taxco, porque este índice de violencia nos está matando, necesitamos esa seguridad por parte de las autoridades”.
Cuestionaron en materia de seguridad, y añadieron a sus consignas: “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”, y “ni una más, ni una más, ni una asesinada más”.
La marcha concluyó en el kiosko del zócalo en donde un grupo compacto de 16 mujeres hicieron un cerco en torno a una ofrenda con flores, veladoras y cartulinas, con imágenes de mujeres muertas y las recién fallecidas, y entonaron el tema de batalla de las feministas.
Aquí recalcaron: “Esta marcha no es de fiesta, es de lucha y de protesta”, y otra vez resonó por Olivia y Diana Laura el “no fue suicidio, fue feminicidio”.
La marcha se plantó por igual ante las escalinatas de la parroquia de Santa Prisca y San Sebastián y dieron vuelta frente a la Casa Borda en la que corearon sus gritos y reclamos frente a un grupo de personas azorados y sin saber qué hacer en la entrada del lugar. La protesta concluyó en calma.
