En la nueva lista del gobernador van la jueza Indalecia Pacheco León y la comisionada del Itaig, Mariana Contreras Soto. Sustituyen a Luis Camacho –quien va al tribunal administrativo– y Rogelio Parra, quien queda fuera; también mueve a Ramón Navarrete
Chilpancingo, Guerrero, 12 de marzo de 2021. El gobernador Héctor Astudillo Flores modificó sus propuestas para magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), a fin de cumplir la paridad de género, y en las salas superior y regionales del Tribunal de Justicia Administrativa, que envió la semana pasada al Congreso local para su revisión, discusión y en su caso aprobación.
Sus nuevas propuestas se dieron a conocer en sesión del Congreso del estado, en la lectura de comunicados.
El gobernador había propuesto inicialmente como magistrados del TSJ al actual presidente de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) estatal, Luis Camacho Mancilla; al ex secretario de Servicios Parlamentarios del Congreso local, Benjamín Gallegos Segura; a la jueza de Primera Instancia del Ramo Civil del distrito de Tavares Delfina López Ramírez; al subsecretario de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la Secretaría de Gobierno, Rogelio Parra Silva, y al secretario de Acuerdos del TSJ, Juan Sánchez Lucas.
Sin embargo, ante la inconformidad que generó al interior del TSJ, sobre todo entre los jueces, que impugnaron esas propuestas porque sostienen que se violó el sistema de carrera judicial y no se respetó la equidad de género, el gobernador mandó la mañana de ayer al Congreso local una lista con dos propuestas distintas, según informó ayer por Twitter y Facebook.
La lista modificada la integran las juezas Delfina López Ramírez e Indalecia Pacheco León (la segunda es del juzgado Segundo de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares). Así como a Juan Sánchez Lucas y a la comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero (ITAIGro), Mariana Contreras Soto y Benjamín Gallegos Segura.
En la nueva lista el gobernador incluyó a Indalecia Pacheco León y Mariana Contreras Soto, quienes sustituyeron a Luis Camacho Mancilla y a Rogelio Parra Silva.
“De estas cinco propuestas, tres son mujeres y dos hombres. Tres son personas servidoras públicas del Poder Judicial, una servidora pública del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y uno más del Poder Legislativo”, explicó el gobernador en su cuenta de Twitter y de Facebook, por la mañana.
Escribió: “Estoy convencido de que las mujeres deben ocupar los espacios que les corresponden, con respeto y reconocimiento a su lucha histórica, celebro que las mujeres alcen la voz pues al escucharlas nos permiten corregir los errores que en materia de equidad podamos cometer”.
Explicó que envió las propuestas al congreso, “de acuerdo con las facultades que me confiere la Constitución”.
Informó en un boletín de prensa que el gobernador admitió que hubo una lamentable omisión en la primera propuesta. “Estoy plenamente consciente de que es grave cometer un error, pero es más grave no reconocerlo y aferrarse a él. Por esa razón, he decidido retirar del Congreso la propuesta que ha provocado la legítima reacción de rechazo de diferentes organizaciones de mujeres”.
Celebró que las mujeres hayan levantado su voz, lo cual permite ser asertivos en la política en favor de la igualdad de género. “Las mujeres merecen ocupar el espacio que les corresponde. Con respeto, expresamos nuestro reconocimiento a sus luchas históricas”.
Días antes se conoció la inconformidad que plantearon algunos jueces ante el Congreso local por las propuestas enviadas por el Ejecutivo estatal, que cuestionaron que no se cumplía con el sistema de carrera judicial ni con la equidad de género.
Una de estas impugnaciones que se presentaron al Congreso local y que se conoció la noche del miércoles, fue la de la presidenta de la Asociación de Jueces en Guerrero, la jueza Cuarto de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito de Tabares Guerrero, Saray Díaz Rojas.
En su documento, planteó que las propuestas del gobernador Astudillo Flores, “van en contra del sistema de carrera judicial implementado para el ingreso, formación y actualización y precisamente para la promoción de los servidores públicos del Poder Judicial del estado previsto en el artículo 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y contraviene el principio de paridad de género tutelado en el artículo 6 de la Constitución del Estado”.
En el Tribunal de Justicia Administrativa, incluyó a Camacho Mancilla como magistrado de la Sala Superior, en el lugar que tenía el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, a quien envió a una Sala regional.
Salieron de las listas, del TSJ Rogelio Parra Silva, y del Tribunal de Justicia Administrativa, Rubén Esaú Tapia.
Ayer el Congreso realizó dos sesiones continuas, y en la primera, a la 1 de la tarde, el diputado, Antonio Helguera Jiménez, pidió hacer una intervención respecto a las personas propuestas por el gobernador, que cuestionó un Colegio de Abogados, porque no cumplía con la paridad de género, ni se tomó en cuenta a los jueces de carrera.
La presidenta de la Mesa Directiva, la diputada del PVEM Eunice Monzón García, adelantó que a través de la Secretaría General de gobierno llegó un oficio del gobierno del estado para atender la paridad, quedando tres mujeres y dos hombres en la propuesta del TSJ.
En la segunda sesión, más tarde, se informó que la nueva lista para integrar el TSJ están las juezas Delfina López Ramírez e Indalecia Pacheco León; la presidenta del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del estado, Mariana Contreras Soto; el secretario de acuerdos del Tribunal Superior de Justicia, Juan Sánchez Lucas, y el ex oficial mayor del Congreso local, Benjamín Gallegos Segura.
En la propuesta definitiva para la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa están Héctor Flores Piedra, Eva Luz Ramírez Baños y Luis Camacho Mancilla, y para la Sala Regional: Jorge Alberto Alemán Aponte, Patricia León Manzo, Ignacio Javier Murguía Gutiérrez, Roberto Tomás Pastor Reynoso y Ramón Navarrete Magdaleno.
En la propuesta original, el actual presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ramón Navarrete Magdaleno, estaba como magistrado de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. Las propuestas fueron turnadas a la Comisión de Asuntos Políticos y Gobernación.
Denuncia ex exposa de un candidato que incumple requisitos de ética y honorabilidad
El magistrado de una sala regional del Tribunal de Justicia Administrativa, Héctor Flores Piedra, no cumple con los requisitos éticos y de honorabilidad para ser promovido por el gobernador Héctor Astudillo Flores, denunció su ex esposa, Cecilia Bringas Reymundo, en un oficio que entregó ayer a la Junta de Coordinación Política y a la Comisión de Asuntos Políticos del Congreso del estado.
En las ternas que envió el ejecutivo estatal a principios de mes para cubrir las vacantes de magistraturas en el Tribunal Superior de Justicia y en el de Justicia Administrativa, se propone que Flores Piedra pase a la Sala Superior del órgano jurisdiccional.
Ayer se dio a conocer una rectificación de las listas para cumplir con el criterio de paridad, y Flores Piedra se mantiene en la relación de magistraturas de sala superior.
La mujer denunció que el magistrado está señalado en seis actos que pueden configurar delitos: en una carpeta de investigación de 2019, por delitos sexuales, en la modalidad de abusos deshonestos contra una menor de edad.
En otra carpeta por el delito de violencia familiar en la Unidad de Investigación en Delitos Sexuales y Violencia Familiar, adscrito en el centro de Justicia de las Mujeres en Chilpancingo.
En un juzgado de primera instancia de los familiar por hechos de violencia familiar, por el cual se dictaron medidas cautelares para ella y la menor de edad. También hay un juicio especial de alimentos por el aumento de la pensión alimenticia para su hija, que no ha cambiado desde que se fijó una cuota hace nueve años.
Con el documento incluye los expedientes correspondientes, para que los diputados realicen las investigación conducente. Bringas sostiene que su conducta en lo privado demuestra que no es un funcionario probo, recto y honorable, por el comportamiento en su vida privada, que está reglamentado en el Código de Ética de los Servidores de la Administración Pública descentralizada y Paraestatal del Gobierno del estado, y en el Código de Ética del Poder Judicial de la Federación.
Texto: Zacarías Cervantes y Lourdes Chávez / Foto: Comunicación Social del estado
