Vidulfo Rosales Sierra
Padres y madres de los 43 cansados de tanto maltrato del gobierno de Enrique Peña Nieto escuchaban con esperanza al candidato Andrés Manuel en la plaza de las Tres Garantías en Iguala, Guerrero en mayo del 2018. El ahora presidente de la República con firmeza decía: “Voy a crear una Comisión de la Verdad con el apoyo de la ONU, Iguala va ser ejemplo de cómo se hace justicia en un gobierno democrático”. Los asistentes estallaban de júbilo mientras las madres arriba del templete y a espaldas del candidato escuchaban atentos y optimistas. Al concluir, el candidato se acercó y estrechó a las madres repitiendo lo que había dicho en público; las madres le dijeron que además de la ONU también trajera a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y sin titubeos respondió que sí. Se despidió de las madres y padres, varios con lágrimas en los ojos, que atesoraban una esperanza. Vieron palabras sinceras en el entonces candidato presidencial.
Una vez electo presidente, el licenciado Andrés Manuel López Obrador creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y una Fiscalía Especial para el caso Ayotzinapa y se firmaron convenios para que la ONU y la CIDH coadyuvaran en el caso. Hasta entonces la promesa se cumplía. Por esos días había mucho entusiasmo y optimismo. Alejandro Encinas con su experiencia política en la izquierda, su congruencia y compromiso transmitía confianza de que todo iba por buen camino. Lo mismo acontecía con el fiscal especial nombrado, Omar Gómez Trejo, con experiencia en derechos humanos y conocedor del caso. Cada mes se tenían reuniones con el presidente. Personalmente evaluaba y corregía el rumbo del caso. No sin complicaciones el caso avanzó hasta el año 2022.
El 18 de agosto de 2022 las madres y padres fueron citados a una reunión con el presidente. La Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia y la FGR dieron cuenta de los avances del caso. La primera presentó su primer informe en el que declara que el caso Ayotzinapa fue un crimen de Estado, refirió que no había indicios de que los estudiantes estuviesen con vida y señalaba que varias fuerzas de seguridad estuvieron implicadas en la desaparición. La FGR por su parte dio cuenta de que existían 80 órdenes de aprehensión contra miembros del grupo delictivo Guerrero Unidos, policías municipales de Iguala, Cocula, Huitzuco y Tepecoacuilco, policías ministeriales, estatales, federales y contra 20 elementos del Ejército mexicano. Se trataba de una acción penal de gran calado con la que se pretendía dar un golpe de timón en la indagatoria procesando a todos los responsables por acción y omisión. Se trataba de dar un mensaje de que no habría impunidad y de que se romperían los pactos de silencio.
Al término del informe del titular de la CoVAJ y la FGR el presidente fijo posición. Dijo que iba actuar contra quien fuese y no habría impunidad y concluyó diciendo que entre mañana y pasado tendrán noticias.
Las madres salieron de la reunión albergando grandes esperanzas. El mensaje del presidente era claro. Estaba dispuesto a actuar contra quien fuese para dar verdad y justicia, incluso contra los militares. La detención de estos era cuestión de horas. Pasaron dos días, una semana, quince días y las noticias nunca llegaron, por el contrario, empezaron a circular rumores de que las órdenes libradas contra los militares se iban a cancelar.
El 14 de septiembre de 2022, en el marco del aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, el secretario de la Defensa Nacional pronunció un discurso en el que decía que existían personas con intereses políticos que pretendían desprestigiar a las fuerzas armadas, en clara referencia a Alejandro Encinas. Seguirían airados ataques contra el subsecretario de Derechos Humanos por parte de la jerarquía militar, incluso hasta acciones legales. Finalmente, la presión militar rindió frutos. Alguien del gobierno ordenó la cancelación de 16 órdenes de aprehensión contra militares. Cuando las madres y padres cuestionaron la decisión política y advirtieron que era una señal de encubrimiento al Ejército, el presidente muy a su estilo empezó a confrontar a los abogados. Este momento marcó un quiebre en el diálogo y la relación con el gobierno.
Los militares habían ganado. No estaban dispuestos a rendir cuentas ante nadie. No iban a ser cuestionados ni sentados en el banquillo de los acusados. Eso socavaba su credibilidad y honorabilidad y se lo hicieron saber al presidente. Finalmente, este decidió mantener a salvo su relación y pacto político con las fuerzas armadas y sacrificar el caso Ayotzinapa.
Después ya no hubo avances, por el contrario, la visitaduría general de la FGR inició sendas presiones contra Omar Gómez, se le amenazó con iniciarle acciones legales, por lo que renunció al cargo. Meses después haría lo propio Alejandro Encinas en medio de fuertes presiones y hostigamiento de militares e incluso fue objeto de intervenciones ilegales a su teléfono. El mecanismo extraordinario que se construyó para dar verdad a las madres y padres de los 43 había quedado desmantelado.
El caso Ayotzinapa se vino en picada cayendo en el sótano de la impunidad. Las líneas de investigación relacionadas con 17 estudiantes sacados de un juzgado de barandillas, la que establece que un grupo de estudiantes fue ingresado al 27 Batallón de Infantería y otras, ya no fueron impulsadas. La exigencia de los 800 folios faltantes que se encuentran en los archivos militares del Centro Regional de Fusión de Inteligencia no mereció atención.
El presidente hábilmente llevó el debate a otra arena. Creó una narrativa en la que culpa de su fracaso en la investigación a las organizaciones de derechos humanos y abogados que acompañaron el caso, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la DEA. La realidad es que cuando la investigación tocó al Ejército el presidente decidió encubrirlos y no jalar más lo hilos en esa dirección. En su último informe dado a conocer a las madres y padres de los 43 el día 24 de los corrientes, se queja que el caso no avanza porque Gildardo López Astudillo no quiere colaborar. Resulta patético que un gobierno con todo un aparato de Estado finque sus esperanzas en un testigo, mientras tanto, nos preguntamos ¿y los 800 folios en poder del Ejército? ¿Y la información adicional en poder de los militares relacionada con los 17 estudiantes que fueron sacados de la comisaría de barandillas?
