Chicago, Estados Unidos, a 7 de julio de 2025.- Mientras millones de personas se divertían el pasado fin de semana celebrando el Día de la Independencia de Estados Unidos, el presidente Donald Trump firmó el plan de presupuesto llamado “bonito y grande” que traerá enormes consecuencias para los pobres y las clases medias de este país, incluyendo a los guerrerenses que radican de este lado de la frontera.
Entre otras cosas el plan de gastos y reducciones de impuestos establece una reducción de gastos en los programas de salud al Medicaid y Medicare que podría afectar a unos 17 millones de personas, 18 millones de niños y niñas se quedarán sin acceso a los programas alimentarios en las escuelas públicas y 3 millones más de familias pobres se quedarán sin estampillas de comida.
En reunión celebrada ayer domingo de los Clubes Unidos Guerrerenses en Chicago, se comentaron esos problemas y el coordinador general de la organización Erasmo Salgado, comentó: “En campaña el presidente Trump, en múltiples ocasiones dijo claramente que no se recortarían los gastos a los programas del seguro social, al Medicaid y al Medicare y ahora resulta que está haciendo todo lo contrario, le está dando una reducción de impuestos a los más ricos, haciéndolos más ricos y a los pobres seguramente los hará unos miserables, eso no es Estados Unidos como lo hemos conocido”.
“Tampoco dijo ni mencionó que construiría, un aberrante centro de concentración en los pantanos de la Florida, denominado por Trump y el gobernador de ese estado Ron De Santis, como el ‘Alcatraz de los caimanes’ que se encuentra rodeado de cocodrilos, esto es el teatro de la crueldad”, señaló Salgado después de una reunión con los integrantes de la organización.
En el plan de presupuesto se incluye un impuesto del uno por ciento a las remesas, que afecta a miles de familias mexicanas y en particular a las guerrerenses y el costo de mil dólares a las nuevas solicitudes de asilo.
Un presupuesto de 46 mil millones de dólares para la construcción de la barda en más de mil kilómetros en la frontera y una cifra similar para la construcción de centros de detención incluyendo recursos para los agentes de la “migra” y seguramente para los caza migrantes.
Sin embargo, en la administración del presidente Trump, todo se puede esperar ya que, debido a la pérdida de miles de millones de dólares en la industria hotelera, restaurantera, de servicios, así como en los campos de California y del medio oeste, sobre todo en este último rubro se vislumbra la posibilidad de que haya una legalización de millones de indocumentados.
En los campos agrícolas de Oregon se vienen las cosechas de manzanas, peras, cerezas arán-danos, moras, frambuesas, uvas y kiwis, pero ya miles de trabajadores se han ido y no se sabe si regresarán.
Por su parte California, uno de los líderes agrícolas a nivel nacional e internacional, tiene ya sus cosechas a la vuelta de la esquina desde almendras, melocotones, nectarines, ciruelas, fresas, pistachos, tomates que ya se empiezan a echar a perder, lechuga, productos lácteos y es el único productor de cultivos como ciruelas pasas, alcachofas, higos, aceitunas y granadas y su fuerza laboral se ha reducido drásticamente con las redadas en ese estado y por lo tanto los rancheros han levantado la voz para que haya una legalización en todos esos sectores de la economía.
Luis Quiñones es uno de los asesores del presidente Donald Trump, quien le ha propuesto una legalización que sería en dos etapas.
La primera, consistiría en cinco años para checar el récord criminal de las personas beneficiadas cuyos gastos serían pagados con los recursos obtenidos de los impuestos del uno por ciento de las remesas que salen de Estados Unidos por 160 mil millones de dólares a diferentes partes del mundo (65 mil millones sólo a México).
La segunda, un camino a la ciudadanía consistiría en dos años más para que los beneficiados aprendan inglés elemental, la Constitución de Estados Unidos y sobre la historia de este país.
Según Quiñones, quien partici-pó en una videoconferencia, esto daría suficiente tiempo para que las personas determinen si se quedan o se van a sus países de origen. Señaló también que ya existen 26 senadores y 160 congresistas que están de acuerdo con esa propuesta para ponerse en acción.
Finalmente, dijo que se tiene que trabajar muy duro para convencer a otros 140 congresistas para que esta propuesta se pueda convertir en ley o esperarnos 18 meses más para ver el cambio en el número de congresistas, cuando se celebren las elecciones intermedias donde los demócratas podrían ganar un significativo número de asientos en el Congreso de la nación.
Manuel Martínez Santamaría
