Es un triunfo a medias y el Cecop estará satisfecho hasta que esté plasmado en el Diario Oficial de la Federación, dice el vocero a El Sur. Confía en que se pueda recuperar el tejido social en las comunidades y que regrese la paz.
Acapulco, Guerrero, 22 de enero de 2020. El vocero del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositoras a La Parota (Cecop), Marco Antonio Suástegui Muñoz, celebró el anuncio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, de cancelar la construcción de la presa, y dijo que estarán satisfechos hasta verlo plasmado en el Diario Oficial de la Federación.
Ayer en entrevista para El Sur, acompañado de dos ejidatarios, uno de ellos Julián Blanco, Suástegui Muñoz recordó que la imposición del proyecto, en 2003, durante el gobierno del presidente Vicente Fox Quesada, fue una “guerra” que en 16 años dejó muertos, división entre las familias y las comunidades, órdenes de aprehensión y encarcelamiento de integrantes del Cecop.
Solicitó al gobierno del estado la libertad de Maximino Solís Valeriano, quien sigue preso en el penal de Las Cruces acusado de homicidio, y la cancelación de más de 80 órdenes de aprehensión contra integrantes de su organización.
Confió en que con la cancelación anunciada se pueda recuperar el tejido social en los pueblos de los Bienes Comunales de Cacahuatepec y que regrese la paz a la zona.
El lunes pasado, el presidente López Obrador en la conferencia mañanera dijo que no se va a construir la presa La Parota, y “como no vamos a construir otras presas, les diría que no vamos a construir la presa de El Paso de la Reina, en Oaxaca, y tampoco la presa en Boca del Cerro, en el Usumacinta, en Chiapas, no, ya. La única que se va a terminar, porque ya se inició, es una ampliación en Chicoasén, es la única”.
Sobre porqué no habrá nuevas presas, dijo que “se van a modernizar las turbinas de las que ya hay para generar la misma energía, mejor dicho, más energía, aumentar la capacidad de producción de energía con turbinas modernas, nuevas utilizando el mismo embalse, la misma agua, la misma infraestructura. Ese es el proyecto.
Entonces, no es cierto de que vaya a construir…”.
Suástegui Muñoz confía que con la declaración termine el ciclo de represión y persecución en su contra y de ejidatarios del Cecop, e indicó que a los cinco compañeros que fueron asesinados en La Concepción, el 7 de enero de 2018, “a ellos les dedicamos este triunfo a medias”.
Enfatizó que el Cecop no se va a confiar, por el contrario, la decisión del presidente demuestra que la “lucha de nosotros tuvo razón de ser, de manera social y legalmente”.
“Nosotros no vamos a descansar, no estamos contentos con una simple declaración del presidente, obviamente es importante pero no vamos a descansar hasta ver plasmado en un documento, incluso publicado en el Diario Oficial de la Federación la cancelación del proyecto La Parota, como lo fue en su momento el aeropuerto en Texcoco”, dijo.
Enfatizó que “es una noticia bomba que hemos recibido con beneplácito en los Bienes Comunales de Cacahuatepec”, y precisó que el presidente “fue contundente al decir La Parota no va porque ahí hay una oposición y no podemos ir en contra de la voluntad de la gente, entonces él conoce a la oposición, me atrevo a decir que López Obrador no sólo es nuestro presidente, nosotros lo nombramos presidente legítimo”.
El vocero recordó que el Cecop participó con el ahora presidente de la República en la defensa del petróleo y caminaron de la mano en “los fraudes electorales”, por ello considera que “es nuestro compañero de lucha y como tal creo que fue congruente y sensata su declaración de que La Parota no va porque hay una oposición, la presa se cancela porque nosotros obligamos a los malos gobiernos a retroceder con este proyecto”.
“Celebramos esta declaración, cae en un buen momento por lo que acontece ahora no sólo en los Bienes Comunales de Cacahuatepec sino en todo el país, en Guerrero, en Acapulco, me refiero a la violencia que se ha generado, se ha hablado mucho del rompimiento del tejido social, quien nos vino romper el tejido fue el gobierno federal a través de la CFE, con el proyecto de la muerte”, precisó.
Señaló que antes de la guerra contra el narcotráfico que declaró el entonces presidente Felipe Calderón, Vicente Fox la desató con los campesinos, con “el anuncio de la imposición de la presa La Parota, después avalada por Calderón y apoyada férreamente por Enrique Peña Nieto. Se abre una etapa de violencia que no se tenía presente en los Bienes Comunales”.
La reconciliación y la paz en las comunidades
Suástegui Muñoz consideró que el anuncio de la cancelación ayudará a la reconstrucción del tejido social en las comunidades, mismo que, precisó, se rompió por el conflicto por la presa: “no sólo trajo división sino polarización, se politizó el tema, hubo una serie de desacuerdos entre familiares, amigos, comuneros y ejidatarios, se marcó la diferencia entre los caciques de los pueblos y los dueños de las tierras, los humildes campesinos”.
Recordó los primeros actos de violencia, como que fueron macheteados, que en varias ocasiones llevó a personas cortadas de los dedos, brazos, costillas a consecuencia del conflicto de la presa. Porque, dijo, antes de esta “guerra sangrienta, Fox la declaró a los campesinos con proyectos como la presa, la del Cajón, en Nayarit; La Reina, en Oaxaca”.
“Nosotros mandamos un mensaje de paz, tenemos claro quién es el enemigo, el liberalismo, el capitalismo, las grandes trasnacionales, el gigante que siempre nos ha aplastado, que es Estados Unidos, esos proyectos que nada ayudan a los que menos tienen, los enemigos no son los comuneros ni los ejidatarios que se dejaron llevar por la ambición”, señaló.
Aseguró que con ese mensaje del gobierno federal se cierra un ciclo en las comunidades y “será difícil el tema de la reconciliación porque hay muchas heridas abiertas, hay muchas agresiones contra el grupo opositor, porque en 2003 que inició el movimiento fui encarcelado junto con otros compañeros, nos acusaron de secuestro”.
Suástegui Muñoz también citó que fue encarcelado durante los periodos de los gobernadores Zeferino Torreblanca Galindo y Ángel Aguirre Rivero, que lo llevaron al penal de máxima seguridad en Nayarit, alejado de sus familiares. “Cuatro veces he pisado la cárcel y estamos apunto de pisarla más porque nos enteramos que nos giraron órdenes de aprehensión”.
“Nosotros contamos con medidas cautelares, por primera vez la Secretaría de Gobernación a varios compañeros nos dio protección, contamos con un teléfono satelital, cosa que no hubiéramos imaginado que tenemos estas ventajas”, agregó.
Explicó que él y el ejidatario Julián Blanco aceptaron las medidas cautelares y cuentan con un teléfono satelital, por ello celebró que el presidente diga que le dará protección porque “recientemente mataron al principal opositor a la termoeléctrica de Huesca, en Morelos, y fue a días de que se hizo una consulta”.
“La ultima vez que pedí medidas cautelares fue cuando estaba Enrique Peña Nieto y estaba de gobernador Ángel Aguirre, y la respuesta fue no podemos brindar protección a un delincuente”, se quejó el vocero del Cecop, y dijo que “le tomo la palabra al presidente de aceptar las medidas y acudiré a la CNDH para dar seguimiento a las quejas”.
Informó que tiene conocimiento de que el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, lo estaba buscando para dialogar y le planteara que sean policías comunitarios quienes le brinden protección, porque “no vamos a permitir que nos arrebaten la vida como lo hicieron con Rocío Mesino, Ranferi Hernández y Arturo Hernández Cardona, no más asesinatos”.
Persecución, muertes y encarcelamiento
El vocero dijo que tuvieron que pasar casi 17 años de resistencia y que campesinos tuvieran que “transformarse en luchadores sociales para defender sus tierras, dejar familias, hogares, dejar de producir la tierra, porque la lucha ha sido de tiempo completo”, y que las mujeres dejaran sus casas y la iglesia por venir a defender sus tierras.
“El costo más grave fue la muerte de los compañeros, empezando por la ejecución con un balazo en la cabeza del compañero Tomás Cruz Zamora, en 2005; luego el enfrentamiento en Dos Arroyos, donde murió un compañero Eduardo Maya Manrique, luego la creación de la Policía Comunitaria (en 2014) y el problema de inseguridad”, indicó.
Enfatizó que hay 80 órdenes de aprehensión contra integrantes del Cecop, “mujeres, niños que no pueden salir de sus comunidades porque en La Concepción está la Policía Ministerial con una camioneta y una computadora preguntando: ¿tú eres del Cecop, eres de la gente de Marco Antonio, tu eres opositor?”.
Otro de los costos de la lucha fueron los actos de tortura, los encarcelamientos en penales del “destierro”, del “olvido” y de la “muerte”, y todo lo que “tuvimos que esperar para tener una declaración como esta ha sido un costo elevado, muchos no se lo imaginaron, pero yo desde el primer momento, desde el 28 de julio de 2003 le dije a mi familia que salía de mi casa y algún día no iba a regresar”.
“Los simpatizantes también murieron engañados por culpa de su ignorancia, ambición o su pobreza, de su nobleza o la culpa de los gobiernos ambiciosos, o malos gobiernos que a la fecha siguen impulsando que se dé. Cuando nosotros dijimos la reconciliación, el gobierno metió las manos porque no le conviene, porque le conviene que sigan polarizados, enfrentados”, puntualizó Suástegui Muñoz.
Desarrollo para los Bienes Comunales
Suástegui Muñoz dijo que ahora la exigencia hacia el gobierno es “lo queremos, se nos ha criticado que somos subdesarrollados, que nos oponemos al desarrollo, que somos terroristas y no somos terroristas ni nos oponemos al desarrollo, hoy comienza la etapa en pos del desarrollo”.
“Hasta no ver no creer, hasta no ver ese documento en el Diario Oficial y llevarlo como un trofeo en los Bienes Comunales, para nuestras familias y caídos”, reiteró.
Consideró que este anuncio es un “madrazo” fuerte para que aquellos grupos que han vivido de los que menos tienen, esos “caciques, los cenecistas, los Eduardo Valente Navidad, los comisariados de los Bienes Comunales, Evencio Romero, para todos aquellos caciques que han explotado el río Papagayo”.
“No sólo se viene la cancelación de la presa sino la cancelación de las empresas gravilleras, incluso la cárcel, sí pediría la paz, pero otra cosa es la justicia, por eso digo que es un triunfo a medias porque para que sea un triunfo contundente queremos que paguen las rejas aquellos que hicieron daños a los Bienes Comunales”, sentenció.
El vocero adelantó que pedirá la intervención de la iglesia para este proceso de reconstrucción, porque cuando se solicitó estaban en “desventaja” porque había presos políticos, órdenes de aprehensión y la amenaza de la construcción de la presa, “con gobernantes como Astudillo y Peña Nieto que estaban en aras de construir a sangre y fuego la presa”.
“La paz debe regresar y es un balde de agua fría lo que le cayó a los vendidos del proyecto, y por otro lado tengo la seguridad de que va a fortalecer al Cecop y las luchas sociales, porque algo que parecía imposible se pudo lograr, la emblemática guerra que hemos emprendido contra el gobierno, porque eso fue una guerra, perdimos una batalla pero falta la guerra y estamos a punto de ganarla con este presidente de la república”, afirmó.
Texto: Aurora Harrison / Foto: Carlos Alberto Carbajal
