En esta comunidad que es parte del municipio Ñuu Savi se reunieron 3 mil policías comunitarios, coordinadores de la CRAC, vecinos y activistas, que marcharon por el pueblo. Reconoce el secretario de Asuntos Indígenas del gobierno del estado, Abel Bruno Arriaga, que está pendiente el rediseño de las normas del sistema comunitario, y que “falta que nos aliemos con las instituciones”
El Paraíso, Ñuu Savi, Guerrero a 5 de enero del 2026.- Este sábado unas tres mil personas entre policías comunitarios y miembros de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), músicos, danzantes, representantes de los gobiernos federal, estatal y municipal y del Congreso del Estado, vecinos de los municipios Ayutla y Ñuu Savi, así como activistas de diferentes organizaciones sociales, marcharon en esta comunidad para celebrar 13 años de la creación de la Casa de Justicia de El Paraíso.
Aunque en las invitaciones se dice que se celebraba el 14 aniversario y en la lona oficial se dice que es el 15, en el relato de la historia y según registros periodísticos, la Casa de Justicia cumplió 13 años de operaciones y de reconocimiento de su Policía Comunitaria, pues opera desde diciembre de 2012.
La vista era impresionante al llegar a la cancha techada donde fue la celebración, a las 9 de la mañana se veían decenas de camionetas, cientos de hombres, mujeres, niños y niñas con diferentes vestimentas entre las que destacaba el colorido traje típico de las mujeres de la región, entre el gentío se mezclaban los idiomas tu’un savi y español.
La principal demanda de las autoridades comunitarias durante una asamblea que se celebró en la cancha fue que cese el hostigamiento al sistema comunitario desde el Estado, y se puso como ejemplo el caso del comisario electo y primer comandante de la CRAC-PC de la Casa de Justicia de El Paraíso, Jaime Morales Castro, detenido el 9 de octubre, torturado sicológicamente (amenazaron con asesinarlo) por agentes de la Fiscalía del estado.
Pidieron, además, apoyo económico para la operación de la Policía Comunitaria, frente al delegado del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Manuel Vázquez Quintero, al secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos del gobierno estatal, Abel Bruno Arriaga, la diputada Catalina Apolinar Santiago y comisarios de la región.
También estuvo el representante del Frente Popular Revolucionario (FPR), Abel Bello, y vecinos de El Platanar integrantes del Frente de Defensa para la Liberación de los Pueblos (FDLP).
El abogado de Tlachinollan, Rogelio Téliz tomó protesta a dos nuevos grupos de la Policía Comunitaria de la CRAC, ambos del vecino municipio de Ayutla, uno de San José la Hacienda y otro en La Fátima, cerca de la mancha urbana de Ayutla y reconocidos por el cuidado de sus recursos naturales.
En San José La Hacienda, por ejemplo, las autoridades comunitarias son muy estrictas en cuanto a la contaminación del río, incluso del comportamiento de sus habitantes, en asamblea acordaron que quien disparara durante las fiestas de diciembre sería multado con mil 500 pesos por cada disparo, así que no hubo balaceras ni gente herida por balas caídas.
En la presentación de la larguísima mesa del presídium se informó que acudieron en respaldo representantes de las casas de justicia matriz de San Luis Acatlán, de la de Espino Blanco, la de Zitlaltepec y de la Casa de Justicia de Chilixtlahuaca.
De Chilixtlahuaca estuvo como representante y orador en la asamblea, Martín Rosales Sierra, quien señaló que los gobiernos honran a los indígenas muertos, pero a los vivos les niegan sus derechos, y advirtió que la CRAC vivirá y seguirá resistiendo.
La mesa medía lo que mide de largo la cancha de basquetbol de la comunidad, y en ella estaban sólo tres mujeres, entre ellas la investigadora universitaria Maribel Nicasio, quien advirtió que la estructura se conforma casi exclusivamente por hombres y no se reconoce la importante labor de las mujeres, quienes prepararon los alimentos.
A las 8 de la mañana ya estaba el alcalde de Ñuu Savi, Donaciano Morales Porfirio con regidores del Cabildo, no estuvo el promotor de la creación de ese municipio, Melquiades Gregorio Porfirio, quien comúnmente acompaña al alcalde en este tipo de actividades.
La marcha
La solitaria carretera de la comunidad El Paraíso a La Concordia se llenó de música y colores, escopetas, uniformes verde olivo y guayaberas, zapatos de charol, chanclas, botas y huaraches.
Niños, mujeres, adultos mayores participaron en el desfile que comenzó a las 11:20 en la cancha techada de El Paraíso.
La marcha de los policías municipales, casi todos campesinos, emitía el sonido propio del zapateado, las columnas recordaban a un ejército bien organizado, todos concentrados, todos ordenados.
Se informó que acudieron representaciones de las colonias de Ayutla: Cerro Gordo, Adulfo Matilde, Pozolapa y La Hacienda, se agradeció la presencia de los comisarios de La Concordia, El Paraíso, La Palma, El Charquito, La Cortina, Vista Alegre, Ojo de Agua, El Charco, Coapinola, El Coyul, San Felipe, Ocote Amarillo, Otatal, San Pedro y La Fátima, todos sentados en el presidium.
En los posicionamientos políticos, el coordinador de la Casa de Justicia de El Paraíso, Juan Antonio García Fidencia, advirtió que sigue la persecución del gobierno en contra de la CRAC, ante lo que agradeció que “desde su nacimiento cuenta con el apoyo de Tlachinollan. Es una historia construida por los pueblos”.
Jaime Morales Castro reprochó, “el gobierno sigue hostigándonos. Estuve ocho días encarcelado sin comunicación, la amenaza sigue en mi cabeza porque hay otros compañeros con orden de aprehensión a pesar de que tenemos sustento legal”.
El secretario de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, Abel Bruno Arriaga, aceptó la persecución en contra del sistema comunitario de justicia, “lo que dicen es cierto, está pendiente el tema de rediseño de nuestras normas e instituciones. Falta que nos aliemos con las instituciones”.
Mencionó que en el gobierno estatal del priista Héctor Astudillo Flores desapareció la ley que reconocía a la CRAC y dijo que esos asuntos tienen que llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, “porque las acciones de los comunitarios, son acciones comunitarias”. Con un dejo de esperanza expuso que “nada es para siempre”, que las leyes se pueden rediseñar, y resaltó que con el gobierno de Morena se acabó el tiempo de las masacres de los gobiernos priistas, “no se pueden volver a repetir”.
El delegado del INPI, Manuel Vazquez Quintero, dijo que 15 años de lucha no son fáciles, “algunos compañeros murieron, otros decidieron no continuar lo que tenemos que hacer es mantener el diálogo y fortalecer la organización comunitaria”.
Agregó que más allá del cargo que ostenta es un hombre indígena, y reconoció el esfuerzo de hombres y mujeres que le dan vida a esta organización comunitaria, además de que destacó el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, de quien afirmó, “reconoció a las comunidades indígenas”.
Para amenizar la fiesta acudieron seis bandas de viento, más de 12 danzas, se sirvió almuerzo y comida para los 3 mil asistentes y en la noche tocaron las bandas Pedro Gatica y su Gran Luz y Mar Azul de Wicho Lozano.
Rosendo Betancourt Radilla
