Chilpancingo, Guerrero, a 20 de octubre de 2025.- En una segunda conmemoración por los 30 años del sistema de seguridad y justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) en la localidad de Caxitepec, municipio de Acatepec, en la región de la Montaña, sus representantes marcharon, demandaron su reconocimiento, exigieron la liberación de sus presos y el cese a las 50 órdenes de aprehensión en su contra.
Este sábado 18 y domingo 19 de octubre las casas de justicia de la CRAC-PC de Espino Blanco, municipio de Malinaltepec; El Paraíso, municipio Ñuu Savi; Chilixtlahuaca y Zitlaltepec, municipio de Metlatónoc; así como la anfitriona Caxitepec-Las Juntas, de Acatepec, conmemoraron los 30 años de su fundación.
En el primer día se conformó una comisión de Coordinación General para unificar las casas de justicia y buscar el reconocimiento de los derechos de los pueblos, así como el combate a la violencia machista y la macrocriminalidad que, alertaron, se expande en las comunidades de la Costa-Montaña de Guerrero.
La Coordinación General quedó integrada por Juan Antonio García Fidencia de la casa de El Paraíso; Martín Rosales Sierra y César Ramírez Bello, de la casa de Espino Blanco; José Mendoza Vázquez de la casa de Chilixtlahuaca; quedó pendiente integrar la casa de Caxitepec, informó el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan.
La mañana de este domingo unas mil 500 personas, entre fundadores, coordinadores, comandantes, representantes de organizaciones y defensores de derechos humanos marcharon por las principales calles de la población.
Luego se desarrolló un mitin en la cancha central. Se había anunciado la asistencia del mi-nistro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Hugo Aguilar Ortiz, pero no llegó y tampoco se dio una explicación.
La jurisdicción indígena criminalizada
Agripino Bailón, coordinador de la casa de justicia Caxitepec-Las Juntas, pronunció el posicionamiento de la CRAC-PC titulado La jurisdicción indígena criminalizada.
“Hace 30 años los pueblos me’phaa, na’ savi, nahuas y afromexicanos de la Costa Chica y la Montaña nos reafirmamos como herederos de los primeros pobladores dueños de estas tierras, retomamos nuestras instituciones, nuestro gobierno y sistemas normativos. Decidimos conformar nuestras policías comunitarias, nuestros coordinadores para brindar seguridad, justicia y reeducación como lo hacían los abuelos”.
Dijo que se organizaron no para generar violencia, sino para cuidar su tierra, territorios y bienes naturales, no para someter, sino para construir un clima de paz en los pueblos.
En más de 30 años en sus comunidades, dijo el coordinador, impera un clima de armonía lejos de violencia que azota otras regiones del estado de Guerrero donde las instituciones del estado no han sido capaces de contener y revertir la criminalidad.
Evidenció las posturas en su contra del gobierno del ex presidente Andrés Manuel López Obrador, de los diputados locales de Morena de las dos últimas legislaturas y del gobierno estatal de Evelyn Salgado Pineda.
“Lejos de reconocer lo que aportamos, las autoridades nos criminalizan, pensamos que con la llegada de un gobierno progresista habría un diálogo más fluido, que no se discriminaría a los pueblos indígenas”.
En el 2018 recordó, la CRAC-PC realizó una consulta y se presentó una iniciativa que nunca fue aprobada.
“Por el contrario, la fracción mayoritaria compuesta por Morena nos dio la espalda”.
En septiembre último, dijo, “observamos con agrado la reforma indígena en el Congreso de la Unión donde reconocía la jurisdicción indígena, la libre determinación y autonomía para aplicar y desarrollar sistemas normativos propios en la resolución de los conflictos internos”.
“Convenimos con el Congreso del Estado iniciar un diálogo tendente a construir las bases para nuestro reconocimiento constitucional y legal, pero las mesas de diálogo nunca prosperaron, el gobierno le apostó al desgaste”.
Lejos de que el gobierno del estado los reconociera empezó una persecución y represión contra su sistema de justicia y sus representantes.
Hace meses fueron detenidos cinco policías comunitarios de Xalpatláhuac que hoy se encuentran recluidos como si de delincuentes se tratase, y la semana pasada se le reactivó una orden de aprehensión por una acusación de 2013 contra el consejero de la CRAC-PC, Jaime Morales Castro, quien finalmente fue liberado, recordó el coordinador.
“Lamentamos que mientras detienen a nuestras autoridades comunitarias el gobierno pacta con las bandas delictivas, el gobierno permite que los asesinos de luchadores sociales sigan en la impunidad y que los grupos delictivos operen a la luz del día, sembrando violencia y terror”.
“Detienen a nuestros policías comunitarios y consejeros mientras los asesinos materiales intelectuales del compañero Marco Antonio Suástegui (líder del Consejo de Ejidos y Comunidades Opositores de la presa La Parota, asesinado en abril pasado) siguen libres”.
Cuestionó la diferencia hay entre los gobiernos autoritarios del pasado con los de hoy.
“Cuando iniciamos esta lucha los caciques priistas nos encarcelaron y ahora con el mismo cálculo lo hace este gobierno que se dice progresista”.
A nombre de la organización expuso que la CRAC-PC no nació con el permiso del gobierno, sino de las entrañas de los pueblos.
“Somos herederos de los indómitos Yopes, como ellos, resistiremos a la embestida de este gobierno y la CRAC-PC vivirá para siempre, porque somos parte de este hábitat y de estas tierras”.
También se exigió justicia por los asesinatos de Rocío Mesino Mesino, dirigente de la Organización Campesina de la Sierra del Sur (OCSS) cometido el 19 de octubre de 2013 y del dirigente social Ranferi Hernández Acevedo y su familia, perpetrado el 14 de octubre de 2017.
También tomó la palabra Abel Barrera Hernández, director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, quien recordó el caso de Valentina Rosendo Cantú e Inés Fernández Ortega y la lucha que llegó a tribunales internacionales por el acceso a la justicia.
Trajo a colación la nueva lucha de las esposas de los policías de la CRAC-PC de Xalpatláhuac detenidos y encarcelados en febrero último, mientras realizaban sus tareas comunitarias encomendadas por su comunidad.
Pidió asumir el compromiso de luchar por la libertad de los integrantes de la organización comunitaria y advirtió que pesan sobre la CRAC-PC otras 50 órdenes de aprehensión.
“¿Por qué a la Policía Comunitaria se le persigue?, porque está hombro con hombro con el pueblo, defendiendo a la comunidad, sabemos que no tienen un sueldo fijo, que el pueblo los regaña cuando no cumplen, que se tienen que desvelar, que tienen que cuidar. Ese es el hombre ciudadano que cuida de la vida de los demás y por eso los privan de la libertad, como a los cinco compañeros de Xalpa”, finalizó.
El acto fue clausurado por el director de Tlachinollan alrededor de las 2 de la tarde.
Luis Daniel Nava / Foto: Cortesía Tlachinollan
