Se le acusa también de contravenir la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo del INAH por no guardar “sigilo” o “reserva” en los asuntos de su conocimiento con motivo de su trabajo y formación como especialista
Ciudad de México, 12 de junio de 2023. El arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, autor del texto La tragedia cultural del siglo XXI, que habla sobre el Tren Maya, fue acusado por el INAH de perjudicar al Instituto con su escrito, de acuerdo con un acta administrativa, cuya copia consultó Reforma.
El también antropólogo, adscrito al Centro INAH Quintana Roo, definió al tren como “la obra ambiental y cultural depredadora más grande de que se tenga noticia en los tiempos modernos”, y expuso el saqueo y la destrucción “masiva” de monumentos en el tramo 7, el último de la vía, que abarca de Chetumal a Escárcega.
Dedicado desde hace más de 30 años a Chakanbakán, zona prehispánica que alberga monumentos consolidados y expuestos, Cortés de Brasdefer aseguró que el tren cruza a la mitad del sitio arqueológico, fuera del área nuclear.
“Se abrió arbitrariamente un camino desde la carretera federal derribando mojoneras, árboles y violando la poligonal envolvente hasta casi alcanzar el centro cívico religioso, destruyendo al mismo tiempo monumentos arqueológicos”.
Además de provocar especulación de tierras, expuso, la obra permite que ingresen “cazadores del ejido para matar, dentro de los templos o plazas, tepezcuintles, jabalíes, venados o monos hembra –para atrapar a las crías– que hasta hace poco se encontraban protegidos por la poligonal”.
El texto, fechado el 30 de abril de 2023, y que reprodujeron en Facebook investigadores del Instituto y agrupaciones como No al Tren Maya, motivó el pasado 3 de mayo un acta de hechos suscrita por el director del Centro INAH Quintana Roo, Margarito Molina, quien indica que el contenido del mismo causa un perjuicio al Instituto, “toda vez que se duda de la credibilidad, honorabilidad y transparencia con la que se están realizando los trabajos de salvamento arqueológico”.
De este documento derivó un acta administrativa, fechada el 24 de mayo, que acusa a Cortés de Brasdefer de incumplir los Lineamientos para la investigación arqueológica en México, al realizar recorridos sin permisos del INAH y de poner en riesgo “elementos arqueológicos” y al personal que allí labora “ya que sus manifestaciones están ocasionando reacciones de disgusto y descontento en la población”, cuyas “represalias” pudieran hacerse extensivas al personal del INAH en general.
Se le acusa también de contravenir la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado y las Condiciones Generales de Trabajo del INAH por no guardar “sigilo” o “reserva” en los asuntos de su conocimiento con motivo de su trabajo y formación como arqueólogo.
Citan el artículo 46 de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, el cual indica que estos no podrán ser cesados sino por causa justa, entre ellas –se lee– injurias y violaciones a las Condiciones Generales de Trabajo.
Las discrepancias
Fernando Cortés de Brasdefer, especialista en la cultura maya, advirtió que durante la obra ferroviaria se “buscan objetos, mas no sociedades ni formas de vida, abundan materiales arqueológicos encima de las excavaciones sin control ni protección. No hay veladores que vigilen los hallazgos, la rapiña está en su apogeo”.
El investigador afirmó haber constatado y documentado estos “actos criminales” en recorridos por el tramo.
“Durante estos recorridos no ha sido fácil acercarse a los espacios de operación, evitamos enfrentarnos con los soldados y los arqueólogos, ya que las excavaciones a veces cuentan con seguridad militar en los accesos, porque como sabemos es un proyecto de ‘seguridad nacional’ (…) por eso no escuchan, no ven, no sienten, pero su necesidad laboral es comprensible.
“Hemos optado acudir desde Chetumal a los tramos por las tardes ocasionalmente, casi al caer el sol cuando está todo abandonado o el domingo, como hoy que no hay nadie, salvo las garrapatas y la fauna salvaje que siempre nos dan la bienvenida”.
Los resultados en estos recorridos contradicen las declaraciones del director general del INAH, Diego Prieto, difundidas el pasado 27 de abril en la conferencia matutina del Presidente de la República Andrés Manuel López Obrador, cuando refirió que se cuenta con el Visto Bueno del 97 por ciento del tramo 7.
“Es decir, ya no hay nada más que hacer en el tema del rescate, así lo dio a entender, porque la obra está casi terminada, según él. Lo cierto es que el tramo 7 son 254.5 kilómetros y en la realidad, el papel del INAH en cuanto a las exploraciones apenas está empezando, según lo hemos constatado un antropólogo, un historiador, un arqueólogo y un campesino”.
Prieto dijo que han debido encontrar soluciones de ingeniería imaginativas y cuidadosas para salvar información y estructuras arqueológicas; Cortés de Brasdefer discrepa:
“Las estructuras que yo vi, que hasta ahora son alrededor de un ciento no existen indicios de que vayan a ser salvadas, incluso la orden de su destrucción se encuentra inscrita oficialmente en cintas amarillas en las balizas de las estructuras a lo largo del tramo”.
Junto con el texto de Cortés de Brasdefer se compartieron imágenes con acercamientos a dichas cintas. En una de ellas se lee: “Tramo 7. Cimiento. Solo registro. Deconstrucción” y se aprecia también maquinaria sobre estructuras elevadas, así como árboles talados.
El acta fue instrumentada el pasado 24 de mayo, sin que el arqueólogo estuviera presente. Lo representó el secretario general del Sindicato de Profesores de Investigación Científica y Docencia del INAH, Alberto Herrera, quien solicitó diferir la audiencia.
Preocupa libertad de expresión
Al recurrir a un procedimiento punitivo contra el arqueólogo Fernando Cortés de Brasdefer, el INAH se constituyó en juez y parte, advirtió el antropólogo Bolfy Cottom, ex secretario técnico del organismo.
Consultado por Reforma sobre las implicaciones del acta administrativa promovida contra el investigador de Quintana Roo, Cottom consideró que Cortés de Brasdefer hizo uso de su derecho a la libertad de expresión.
“Me parece un hecho delicado, porque tiene que ver con un acto de autoridad derivado de un texto que escribe un investigador del Instituto. Ellos asumen que lo expresado en ese texto son injurias, acusaciones incluso.
“En realidad, es un investigador que hace uso de su libertad de expresión, un derecho humano establecido en el artículo sexto de la Constitución, que incluso establece el derecho de difundir información a la que se tenga acceso.
“En pocas palabras, me parece que hay una confrontación entre un derecho a la honorabilidad, a la buena reputación (el reclamado por el INAH), contra un derecho humano, el de libertad de expresión”, expuso en entrevista.
Concluyen salvamento arqueológico
El INAH concluyó las tareas de salvamento arqueológico en campo, informó el director general del Instituto, Diego Prieto.
Se pondrá en marcha un mecanismo para finalizar las labores de Visto Bueno y el trabajo de gabinete, en sitio, o proyectos como el Programa de Mejoramiento de Zonas Arqueológicas, con la incorporación de jóvenes investigadores que participaron en las tareas de salvamento.
El salvamento arqueológico derivado de las obras del Tren Maya es de tal magnitud que cambiará la visión que tenemos hasta la fecha sobre la civilización maya, aseguró Prieto.
Texto: Yanireth Israde / Agencia Reforma
