Puerto Carreño / Madrid, 27 de enero de 2022. Los enfrentamientos entre la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y los grupos disidentes de las FARC se sienten por gran parte de la frontera entre Colombia y Venezuela, dejando centenares de desplazados y desaparecidos en el camino.
“A nosotros nos mandaron que teníamos que dejar todo lo que teníamos”, aseguró una de las desplazadas que llegó hace pocos días a Puerto Carreño, capital del departamento de Vichada, desde Cinaruco, en Venezuela.
Esta ciudad está a más de 370 kilómetros de Saravena, Arauca, Tame y Fortul, donde a principios de enero el ELN comenzó una ofensiva de asesinatos selectivos contra miembros o aliados del Frente Décimo y 28 de las disidencias que dejó una ola de violencia de retaliación, incluida la declaratoria de guerra por parte de estos frentes, que dicen estar a las órdenes de unas FARC nacionales.
Hasta la fecha, a esta pequeña ciudad de menos de 20 mil habitantes se trasladaron 936 personas de 277 familias, según la Defensoría del Pueblo, que corroboró que el 55 por ciento de estos desplazados son indígenas migrantes, el 42 por ciento venezolanos y el 3 por ciento campesinos o pescadores colombianos.
Este confrontamiento armado entre los dos grupos ocurre en Arauca, un departamento donde el ELN concentra gran parte de sus efectivos y la presencia del Estado es casi nula, lo que provocó el desplazamiento masivo hasta la fecha de mil 486 personas de 455 familias.
La población en la zona también vive bajo amenazas, que conciernen sobre todo a líderes sociales o presidentes de juntas de acción comunal, la prohibición de moverse entre municipios o secuestros.
También hay reportes de un incremento en el reclutamiento forzado, incluido el de menores.
En Arauca la tensión entre el ELN y los frente Décimo y Veintiocho de las extintas FARC escaló brutalmente desde el comienzo del año y ya hay al menos 34 muertos, aunque organizaciones sociales hablan de 40.
En ese departamento, el ELN y las antiguas FARC ya se enfrentaron en una “guerra de guerrillas” entre 2005 y 2011 que dejó medio millar de civiles muertos y una gran cantidad de bajas en las filas de ambos grupos.
De ahí salió un acuerdo, una especie de “manual de convivencia”, donde aceptaron respetar sus territorios y no enfrentarse entre ellos, que se siguió respetando tras la desmovilización de las FARC.
Por otro lado, varios ex guerrilleros de las antiguas Fuerzas Revolucionarias Armadas de Colombia (FARC) reconocieron su responsabilidad en la masacre de Bojayá, ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que tuvo lugar el 2 de mayo de 2002 y en la que murieron 117 personas.
La antigua guerrilla ha pedido perdón en varias ocasiones por esta matanza, incluso durante las negociaciones para alcanzar un acuerdo de paz entre las FARC y el gobierno, que se materializaron finalmente en 2016. (Con información de Agencias).
Texto: Redacción / Europa Press
