Gaspard Estrada
La segunda vuelta presidencial en Chile, prevista para mediados de diciembre, se desarrollará en un clima político inusualmente áspero, donde el desgaste institucional, la fragmentación partidaria y un malestar social persistente configuran un escenario incierto. A diferencia de elecciones anteriores, en las que el eje ideológico parecía claramente definido, el dilema actual se expresa en términos más complejos: confianza versus incertidumbre, orden versus reforma, continuidad versus ruptura.
Los dos candidatos que avanzaron al balotaje –una figura de extrema derecha que busca presentarse como garante de estabilidad, José Antonio Kast, y una candidata progresista que promete retomar la agenda social post-“estallido social” (la revuelta popular de 2019 que desembocó en la elección del Gabriel Boric en 2021), Jeannette Jara– representan polos que compiten no sólo por electores, sino por interpretar el sentido de un país dividido. Ninguno logró en primera vuelta más del 35 por ciento, reflejando un sistema político que, pese a reformas, sigue profundamente atomizado.
El desafío de esta segunda vuelta se concentra en el electorado huérfano, aquel que apoyó opciones independientes, verdes, regionalistas. Este sector, lejos de ser marginal, se consolidó como un actor decisivo: encuestas realizadas tras la primera vuelta muestran que cerca del 40 por ciento de los votantes no se siente plenamente representado por ninguno de los finalistas. Ese vacío expresa la distancia entre la política institucional y las demandas que emergieron del ciclo de protestas iniciado en 2019 y que nunca fueron completamente canalizadas.
En el plano económico, la campaña está marcada por diagnósticos contradictorios. Por un lado, la derecha afirma que Chile enfrenta un cuadro de estancamiento, bajo crecimiento y desgaste fiscal, y promete estabilidad macroeconómica, incentivos a la inversión y un retorno a la “normalidad” institucional. Por otro, la candidatura progresista sostiene que el país requiere un nuevo impulso redistributivo, una reforma tributaria que aumente la recaudación y un fortalecimiento de servicios públicos que siguen debilitados.
Las cifras respaldan parcialmente ambas miradas: Chile muestra un crecimiento débil desde 2021, mientras la desigualdad estructural se mantiene prácticamente intacta. La ciudadanía observa estos debates con creciente escepticismo: la sensación general es que ningún programa ofrece una salida clara al agotamiento del modelo, y que ambos candidatos administrarán, más que transformarán, la realidad existente.
La seguridad pública se ha convertido, sin sorpresa, en el tema dominante. El aumento sostenido de delitos violentos, la presencia de organizaciones criminales extranjeras y la crisis migratoria han generado una percepción de deterioro acelerado. La derecha y la extrema derecha proponen mano dura, más facultades policiales y endurecimiento penal. La candidatura progresista apuesta por seguridad con enfoque social, fortalecimiento de fiscalías y políticas preventivas. Sin embargo, el debate parece menos programático que emocional: la ciudadanía exige respuestas rápidas, aun cuando éstas no tengan efectos comprobables.
A nivel geopolítico, Chile entra a esta segunda vuelta en un momento de reacomodamiento regional. La relación con países vecinos se ha tensionado por la migración y por disputas comerciales, mientras que el país busca reposicionarse como un actor relevante en la transición energética. La explotación del litio, estratégicamente crucial, divide a los candidatos: uno propone mayor apertura al capital privado internacional; la otra, fortalecer una empresa estatal robusta para evitar repetir la dependencia extractiva del cobre.
La campaña también ha puesto en evidencia un deterioro institucional que preocupa a analistas. La baja confianza en el Congreso, la judicialización creciente de la política y el fracaso del proceso constituyente dejaron una sensación de desorden crónico. Esa fatiga se traduce en una predisposición al voto volátil: en esta elección no hay fidelidad partidaria, sino preferencias cambiantes, influenciadas por temores, expectativas y desilusiones acumuladas.
En este contexto, la segunda vuelta no será solo un ejercicio electoral, sino un plebiscito sobre la dirección futura del país. Ninguna de las dos candidaturas garantiza gobernabilidad plena: gane quien gane, enfrentará un Congreso fragmentado, una ciudadanía impaciente y una economía que requiere ajustes estructurales.
Chile llega a esta segunda vuelta con más dudas que certezas. El desafío para quien resulte electo será reconstruir las confianzas, recuperar la eficacia del Estado y ofrecer un horizonte común. Porque si algo ha demostrado el ciclo político de los últimos años es que los vacíos de representación no se resuelven con discursos, sino con resultados.
* Miembro de la Unidad del Sur Global de la London School of Economics
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