Chilpancingo, Guerrero, a 11 de diciembre de 2025.- Los ejidatarios de Carrizalillo informaron que la asamblea determinó cerrar de forma total la operación de la mina Los Filos a partir de este miércoles, y para ello sacaron a la brigada de trabajadores de la empresa canadiense Equinox Gold que supervisó el sistema de bombeo para evitar derrames del drenaje ácido de la mina.
En una Carta Abierta, la Mesa Agraria dijo que la acción es para exigir una respuesta inmediata al gobierno federal de por qué están detenidos los procedimientos legales que se abrieron por diversas irregularidades y violaciones a sus derechos humanos y ambientales.
E insisten en saber por qué se permite a la minera seguir incurriendo en ilícitos ambientales y no se sanciona ni se clausura de forma definitiva:
“Tampoco entendemos por qué no se le obliga a implementar el programa de cierre y post-cierre, una vez que nosotros lo hemos solicitado, ante la negativa de la empresa de discutir un convenio para la continuidad”.
El retiro de la brigada se da no obstante de que, sin supervisión, existe el riesgo de un derrame que podría llegar al río Balsas, como el que ocurrió en 2014 con la mina Buenavista del Cobre, del Grupo México, que liberó miles de metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado al río Sonora, con daños ambientales, económicos y a la salud de miles de personas y comunidades, que persisten a la fecha.
La Mesa Agraria dirige su carta a la procuradora federal de Protección al Ambiente, Mariana Boy Tamborrell, y al titular de la Unidad de Coordinación de Actividades Extractivas de la Secretaría de Economía, José Fernando Aboitiz Saro, con fecha de este miércoles.
Recordó que este diciembre, la comunidad agraria cumplió ocho meses en su campamento afuera de Los Filos, que opera Equinox Gold, por la falta de un acuerdo para la continuidad de la operación minera y en espera de una respuesta a favor desde el gobierno mexicano, regulador de la actividad minera.
Denunció que, mientras, la empresa administra el conflicto diciendo a las autoridades que sigue el proceso de negociación con Carrizalillo.
“Nosotros insistimos en que hay varios hechos flagrantes e ilegales de la conducta de la empresa, que no entendemos por qué no han sido suficientes para ponerla en orden”, se lee en el documento.
Señaló que sin ningún acto relacionado con la continuidad del proyecto, “la minera está obligada a iniciar el proceso de rehabilitación de nuestras tierras, que se supone son actividades adscritas a las actividades de cierre y post-cierre de mina, cierre que debió avisar y arrancar hace más de ocho meses”.
Pregunta a las secretarías de Economía y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) si tendrán acceso a ese acto de justicia.
En el escrito se recordó que la Procuraduría Federal del Medio Ambiente (Profepa) clausuró cinco áreas de la mina en octubre pasado, lo que confirma ilícitos relacionados con impactos ambientales, que la empresa tenía que corregir, pero se justifica señalando que el ejido le impide entrar a las instalaciones.
Consideró que la justificación de la empresa no tiene sentido, porque al menos tres de los cinco puntos de la orden de clausura los puede cumplir sin entrar a las tierras ejidales de Carrizalillo.
Señaló que el núcleo agrario entregó a las autoridades federales y a la empresa una propuesta sobre el ingreso a las tierras del ejido, que al parecer ni siquiera fue considerada para su discusión.
Señaló que la propuesta de la empresa es pagar 50 pesos de renta por hectárea, acotado a un mes, que es insuficiente para las actividades de remediación y mantenimiento ordenadas por la Profepa.
“Se observa que, al no tener ninguna exigencia ni consecuencia legal por parte del gobierno, ante los incumplimiento de los ilícitos en los que incurre, la empresa se da el lujo de ofrecernos limosnas”, señalan los ejidatarios.
Ante los incumplimientos de la empresa la comunidad exige saber qué impide la ejecución del plan de cierre y post-cierre de la mina, así como por qué “no se han hecho detenciones administrativas e iniciar un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, una vez que ya se han superado los 30 días hábiles para que ello ocurriera”.
Advierten que “si la empresa puede continuar libremente con el incumplimiento por los ilícitos ambientales en los que incurre, nosotros (el ejido), por más interés que tengamos sobre el ambiente, les hacemos saber que nunca podrá estar por encima de nuestro derecho a la vida, derecho que ninguna dependencia a puesto con fuerza en la mesa ni como prioridad ni como obligación constitucional”.
Se urgió a una reunión con las autoridades federales esta misma semana, para que les digan “si la empresa tiene permiso para pisotear nuestros derechos humanos y ambientales. Nos parece necesario que ustedes nos lo digan de forma directa y, en función de ello, nosotros tomemos las medidas que mejor nos convengan”.
Lourdes Chávez
