Actúan los policías en un litigio por la propiedad a favor de una de las partes y utilizan sellos apócrifos para cerrar locales, entre ellos donde funciona el Frente Progresista Guerrerense, que presenta una querella
Texto: Daniel Velázquez
Fotos: Jesús Trigo
Acapulco, Guerrero.- Policías ministeriales uniformados y armados colocaron sellos “apócrifos” en el edificio de la Unión Regional de Productores de Copra, conocido como La Coprera, que actualmente ocupa el Frente Progresista Guerrerense. Los agentes no presentaron ningún documento y pidieron a los ocupantes que desalojaran el inmueble.
El edificio estuvo asegurado ilegalmente durante nueve horas, desde las 10:30 de la mañana hasta las 7:20 de la noche.
Los agentes ministeriales sólo entregaron una copia de la escritura 120 mil 827 de la notaria pública número 2 Rosina Rojas Carrasco de Acapulco, en la que se expone que el administrador único de la “Unión Mercantil de Productores de Coco y sus derivados sociedad anónima de capital variable Cuauhtémoc Ursúa Ballanis”, vendió el inmueble a Esteban Arturo Fonseca Soto.
Vía telefónica el administrador del edificio, Jorge Salas, recordó que desde hace 13 años un juez federal le entregó a él la administración del edificio, fallo que fue ratificado en primera y segunda instancia, por lo que desestimó las escrituras con las que el presunto dueño reclama el inmueble.
Esta es la segunda ocasión en menos de un mes que autoridades responsables de la seguridad pública irrumpen en el edificio de la Unión Regional de Productores de Copra, conocido como La Coprera, ubicado en avenida Ejido y Calle 6, frente a la terminal de autobuses. La primera ocasión en este año fue el 12 de octubre.
En el edificio se encuentra la oficina del Frente Progresista Guerrerense, que es un colectivo que apoya la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador, así como diversos comercios.
El 12 de octubre un grupo de soldados del Ejército irrumpió en las oficinas del Frente, amenazaron con sus armas a las personas que estaban en el lugar y rompieron candados, cerraron puertas y desalojaron a los ocupantes.
Ayer, policías ministeriales intentaron desalojar a los ocupantes y colocaron sellos apócrifos.
A las 10:15 de la mañana un grupo de policías ministeriales llegó a las instalaciones de La Coprera. A los comerciantes que ocupan cinco de los siete locales que están rentados les ordenaron que desalojaran y que sacaran sus cosas.
Los locatarios contaron que los agentes llegaron armados y les pidieron su credencial de elector y les tomaron fotografías y les decían que debían desalojar el inmueble, pero nunca mostraron orden de desalojo o de aseguramiento de la propiedad.
Relataron que colocaron los sellos en dos locales que están vacíos y en dos que están ocupados y rompieron los candados que tenían los locales y colocaron nuevos. Cuando llegaron los reporteros se retiraron pero nunca mostraron documentos.
En el lugar se vio a policías ministeriales vestidos con pantalón negro y playera gris con letras en la espalda que decían “Policía Ministerial”. Algunos llevaban armas fajadas en el cinturón y otros con rifles colgando en la espalda. Uno de los agentes, identificado como Jesús Alejandro Escalante López llevaba una placa de metal con el logotipo de la Fiscalía General del Estado colgada al cuello.
Los policías ministeriales llegaron en tres camionetas blancas, una con logotipos de la Fiscalía General del Estado pero sin número ni placas. Las otras blancas con vidrios oscuros. Los tres vehículos se retiraron después de que llegaron los reporteros.
Mas tarde llegó al lugar el fiscal regional Ricardo Quevedo Astudillo quien les dijo que los sellos eran apócrifos.
Los integrantes del Frente Progresista Guerrerense presentaron una denuncia por allanamiento en el Ministerio Público de Mozimba. Actualmente hay una denuncia en el Ministerio Publico de Barrios Históricos contra los ocupantes del inmueble.
También ayer se le dio entrada al amparo que el abogado Guadalupe Bollás promovió a mediados de octubre por la irrupción del Ejército.
A medio día, Eloy Cisneros consideró que la segunda irrupción de autoridades de seguridad pública es un hostigamiento hacia el Frente Progresista Guerrerense. “Es una maniobra de tipo político porque aquí ha estado funcionando desde hace más de cinco años y buscan intimidar, hostigarnos con la finalidad de que dejemos el local y que la gente no se acerque a nosotros”.
Agregó que esas acciones fortalecen al Frente porque se trata de acciones de intimidación desde el poder.
Un acto de corrupción: Olea
Por la tarde, en la reunión el fiscal Javier Olea Peláez reconoció que la irrupción de los agentes en el inmueble fue un acto de “corrupción” porque no hubo una orden de aseguramiento ni de desalojo. Les dijo que los sellos que se colocaron en el edificio no contaban con número de carpeta ni de averiguación.
En una breve reunión en una oficina del centro de negocios Costera 125, a la que asistieron una docena de integrantes del Frente Progresista Guerrerense, el fiscal ordenó que se retirarán los sellos y les pidió ampliar la denuncia que presentaron en el Ministerio Público de Mozimba.
En la reunión se informó que se procederá contra los agentes que participaron en la operación.
La reunión se llevó a cabo en privado. Asistieron el abogado Guadalupe Bollas, Eloy Cisneros Guillén, Norberto Refugio Chamú, el secretario de Organización del Comité Ejecutivo Estatal de Morena, Juan Carlos Manrique García, y el aspirante a la coordinación de organización del distrito 07 de Acapulco, Moisés Reyes Sandoval.
Retiran sellos por la tarde
A las siete de la noche, el coordinador de la Policía Ministerial Esteban Maldonado y el fiscal Regional Ricardo Quevedo Astudillo acudieron al edificio de La Coprera para retirar los candados y los sellos apócrifos que ilegalmente colocaron policías ministeriales por la mañana.
A golpes, con un marro un policía ministerial rompió tres candados mientras otro rompía con sus manos los sellos que habían pegado en las puertas de los locales y del edificio. El candado de la puerta principal del edificio no cedió con el marro y para eso se uso una cizalla, con la que rompieron la cadena para permitir que los ocupantes retomaran las instalaciones. Para la operación se pidió a los reporteros que no tomarán fotos.
El retiro de los sellos apócrifos y la quiebra de los candados solo duró unos 20 minutos. Después los agentes de la Policía Ministerial se retiraron y los ocupantes volvieron a tomar posesión del inmueble.
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