Chilpancingo, Guerrero, a 24 de septiembre de 2024.- Más de mil indígenas nahuas de 68 pueblos de Chilapa, que se hacen llamar Comunitarios por la Paz y la Justicia, cerraron ayer durante casi siete horas los tres accesos de la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) para exigir la liberación de uno de sus compañeros y la cancelación de 17 órdenes de aprehensión que hay en contra de otros.
De manera colateral, los hombres y mujeres, la mayoría encapuchados, algunos con machetes y otros con palos, también bloquearon durante ese tiempo los dos accesos del edificio del Tribunal Electoral del Estado (TEE), dejando encerrados a magistrados, consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), trabajadores y periodistas que se encontraban en un encuentro en ese edificio que está justo al lado de la delegación de la FGR.
Los manifestantes llegaron a los alrededores de la FGR aproximadamente a las 12 del día en decenas de Urvan que prestan el servicio de transporte público en sus localidades, en camionetas de redilas y en automóviles compactos particulares que estacionaron en varias calles a la redonda tanto de la FGR como del Congreso local, lo que prácticamente paralizó esa parte del sur de la ciudad.
En minutos, más de mil manifestantes, (mil 600) según los dirigentes del movimiento), acordonaron las instalaciones de la FGR, que tiene, además del acceso principal que da a una calle sin nombre que llega directamente al Congreso local, también otra que está sobre esa misma calle junto al edificio del TEE y otra más que da salida al carril de sur a norte del encauzamiento del río Huacapa, justo frente al Tecnológico de Chilpancingo.
A un costado de esa salida también está el acceso principal del TEE que también fue bloqueado.
El coordinador de la organización Comunitarios por la Paz y la Justicia, Severino González Atzinicuilteco, informó que el motivo de la manifestación fue exigir la libertad de uno de sus compañeros, el ex comisario municipal de Calhuaxtitlán, municipio de Chilapa, Juan Emiliano Morales Salmerón, detenido hace un mes por una orden de aprehensión que se expidió en 2015.
Informó que otros 17 ex comisarios municipales también tienen órdenes de aprehensión y que piden su cancelación.
Los ex comisarios forman parte del contingente de Comunitarios por la Paz y la Justicia que irrumpieron en la cabecera municipal de Chilapa el 9 de mayo del 2015 y permanecieron en esa ciudad hasta el 14 en exigencia, según argumentaron esa vez, de seguridad en sus comunidades y el repliegue del grupo delictivo de Los Rojos, que controlaba la plaza en ese tiempo, encabezado por Zenen Nava Sánchez, El Chaparro, detenido en agosto del 2019.
Severino González informó que a su compañero detenido y a los que tienen órdenes de aprehensión, los señalan de delincuencia organizada, “pero en realidad son atropellos los que están sufriendo nuestros compañeros ex comisarios municipales”.
“No es justo que en ese año nosotros exigimos la paz en Chilapa, por el desorden que había nos metimos a ordenar y ahora estén atropellando los derechos de nuestros compañeros”, reprochó, en declaraciones afuera de la delegación de la FGR.
“Son comisarios inocentes, por eso la gente de las 68 comunidades se levantó hoy y nos venimos a pedir que se retiren las demandas y que inmediatamente entreguen al compañero que está detenido”.
Informó que a los ex comisarios los están acusando por delitos de “crimen organizado, pero ellos no son delincuentes, en el 2015 nos organizamos porque en los pueblos indígenas había mucho desorden, había asaltos, robos en las carreteras y en las casas, por eso nos organizamos”.
Después de casi una hora de bloqueo salió el delegado de la FGR, Manuel Corte Tapia, quien les explicó a los líderes que la orden de aprehensión por delincuencia organizada prescribió y que por parte de la federación fue liberado su compañero, pero que la Fiscalía local apeló y que el caso pasó al fuero común.
Sin embargo, los manifestantes decidieron permanecer afuera de la delegación de la FGR, a donde acudió el delegado de Gobierno en la zona Centro, Rafael Julián Arcos, para decirles que el diálogo con el gobierno estatal sería en el Recinto de las Oficinas del Poder Ejecutivo y que trasladaran hacia allá su protesta.
El bloqueo a los accesos de la FGR con su personal adentro, incluidos los agentes armados que regularmente se encuentran resguardando el interior, permaneció hasta cerca de las 7 de la noche, cuando terminó una reunión de los dirigentes del movimiento con el subsecretario de Desarrollo Político y Social de la Secretaría General de Gobierno, Francisco Rodríguez Cisneros.
El funcionario se comprometió a que la Secretaría General de Gobierno dará seguimiento a la situación jurídica de Juan Emiliano Morales, dar acompañamiento en las diligencias, y coadyuvar en el debido proceso.
Los dirigentes de la agrupación advirtieron que si no es liberado en las próximas horas, vendrían ahora más de 2 mil personas a liberarlo del Penal de Chilpancingo donde se encuentra, o a bloquear la Autopista del Sol.
A la misma hora que se retiraron también pudieron salir los trabajadores, periodistas, consejeras y activistas feministas que se encontraban en el TEE.
Aproximadamente a las seis de la tarde cuando llegó a reunirse con los inconformes el subsecretario Rodríguez Cisneros, personal de la Guardia Nacional se apostó cerca del Congreso local, mientras que policías estatales, con equipo antimotines se instalaron afuera del Tecnológico, frente a las instalaciones de la FGR, según se dijo con intenciones de realizar el desalojo de los manifestantes.
Mientras tanto un helicóptero de la Guardia Nacional sobrevoló la zona, sin embargo todo quedó en amago, antes hubo el cuerdo y los llamados Comunitarios por la Paz y la Justicia se retiraron.
Otras irrupciones en Chilpancingo
Los manifestantes de ayer forman parte del mismo grupo que irrumpió el 10 de julio del año pasado en Chilpancingo y retuvieron por varias horas a 10 policías y a cuatro funcionarios estatales.
Además, esa vez, arrebataron una tanqueta blindada de la Policía Estatal con la que arremetieron contra las rejas del Congreso local para ingresar y después hicieron lo mismo en uno de los accesos del Palacio de Gobierno.
En esa ocasión se informó en los medios de comunicación que pedían la libertad del líder transportista, Jesús Echeverría Peñafiel, quien había sido detenido una semana antes en posesión de droga y cartuchos de armas de alto poder, a quien en los medios de comunicación y en las redes sociales vincularon con el grupo delictivo de Los Ardillos.
Al día siguiente, los dirigentes del movimiento aseguraron ante funcionarios del gobierno del estado que sólo pedían la terminación de tramos carreteros y la programación de otros en sus respectivas comunidades.
Texto: Zacarías Cervantes
Foto: Jesús Eduardo Guerrero
