Fue el Poder Legislativo 13 de los estados en aprobar la reforma, de los 17 necesarios para validarla. Votan en contra los diputados del PRI, PRD, PAN y MC. La reforma busca “que un pequeño grupo no pueda obstaculizar la voluntad mayoritaria del pueblo”, justifica el morenista Amílcar Sandoval
Chilpancingo, Guerrero, 1 de noviembre de 2024. El pleno del Congreso local aprobó por mayoría de votos la reforma de supremacía constitucional, con 31 votos a favor de Morena, PT y PVEM, y 12 en contra, del PRI, PRD, PAN y MC, con lo que se convirtió en el estado número 13 en aprobarla, de 17 que se necesitaban para su validación a nivel federal.
De acuerdo con el dictamen, con la aprobación de la reforma “se fortalece la supremacía constitucional” y limitará los alcances de las resoluciones judiciales que suspendan leyes o actos del Congreso y del Ejecutivo.
Es decir, que se establecerá la improcedencia de algún juicio de amparo contra adiciones o reformas constitucionales, además de anular las controversias o acciones de inconstitucionalidad; esto a través de un dictamen de reforma al artículo 107 y una adición al quinto párrafo al artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de inimpugnabilidad de reformas constitucionales.
La sesión del Congreso del Estado para la aprobación de dicha reforma se citó a las 9 de la mañana e inició minutos después de las 10, con la presencia de 43 diputados, de los cuales tres estuvieron vía virtual.
Previo a la sesión, la Comisión de Estudios Constitucionales, que preside la morenista Gloria Citlali Calixto Jiménez, sesionó a las 8 de la mañana para aprobar el dictamen enviado por la Cámara de Diputados la madrugada del jueves.
El debate sobre el dictamen
Antes de iniciar la discusión del dictamen, la presidenta de la Co-misión de Estudios Constitucionales subió a tribuna para exponer que “la idea de reformar la Constitución es propia de las democracias representativas y coadyuva a no caer en la inmovilidad jurídica, refrendando su sentido como documento rector de la nación, evitando que órganos secundarios establezcan cambios normativos basados en interpretaciones en desuso, ni establezcan barreras para la vigencia de aquellas modificaciones provenientes del poder constituyente”.
Primera en participar, la dipu-tada del PAN, María Irene Montiel Servín, quien aseguró que con la reforma se trastoca “el corazón de la justicia, de la democracia, de la división de poderes, esencia del federalismo y de la República que Acción Nacional impulsa. Esta reforma es un retroceso, limitará la posibilidad para que las personas puedan defender sus derechos ante cualquier cambio constitucional que pudiera afectarles”.
La siguiente participación, que también fue en contra del dictamen, fue del diputado de Movimiento Ciudadano (MC), Julián López Galeana, quien mencionó éste “guarda severas regresiones al orden constitucional y al Estado de derecho; por ejemplo, hace inoperante los derechos humanos, no se pueden concebir ni reconocer derechos humanos sin medios para hacerlos efectivos y protegerlos. Eliminar mecanismos de impugnación contra reformas constitucionales que sean contrarias a la misma constitución erosiona controles de convencionalidad mínimos, lo que impide que cualquier vulneración a los derechos pueda ser controvertida ante un tribunal”.
Otra de las posturas en contra fue la del Grupo Parlamentario del PRD, quien en la voz de Jorge Iván Ortega Jiménez, mencionó que con la aprobación de la reforma la población queda expuesta y vulnerable a abusos de poder, “además que erige al Congreso de la Unión como un ente omnipotente al no permitir en torno a sus modificaciones al marco constitucional sean sometidas al escrutinio del Poder Judicial”.
Por el PRI, la diputada Pilar Vadillo Ruiz subió a tribuna y calificó la reforma como “el mayor retroceso constitucional”, y aseguró que esta fue promovida por las controversias y acciones de inconstitucionalidad en contra de la reforma al Poder Judicial, “dado que el proceso para la aprobación de la misma estuvo viciado”.
Todos los integrantes de la alianza Morena, PT y PVEM votaron a favor, y coincidieron en que dicha reforma es histórica porque garantiza que ninguna autoridad “esté sobre la voluntad del pueblo”.
A nombre de Morena subió el ex diputado federal y ex delegado del Bienestar Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien aseguró que dicha reforma busca “proteger la voluntad del pueblo de México y que un pequeño grupo no pueda obstaculizar la voluntad mayoritaria del pueblo”.
Aseguró que la reforma judicial y la de supremacía constitucional, son voluntad del pueblo que le dio a Morena la mayoría en los congresos locales y en el de la Unión.
Diputados del PT y el PVEM, coincidieron en que esta reforma busca proteger la voluntad del pueblo y dar certeza jurídica a los procesos que incluyan una reforma constitucional.
Después de la discusión, la reforma se aprobó con 31 votos a favor, 12 en contra sin abstenciones.
Durante la votación que fue nominal, el priista Alejandro Bravo Abarca en una confusión dijo que estaba “a favor del dictamen”, lo que ocasionó risas, aplausos y sorpresa de los demás diputados, por lo que solicitó rectificar el sentido de su voto para que fuera en contra.
Guerrero se convirtió en el estado número 13 en aprobar la reforma, después de Zacatecas, Tabasco, Ciudad de México, Quintana Roo, Sonora, Tamaulipas, Campeche, Hidalgo, Nayarit, Oaxaca, Baja California y Chiapas, de 17 que se necesitaron para su validación el Congreso de la Unión.
Texto: José Miguel Sánchez/ Foto: Jesús Eduardo Guerrero
