Acapulco, Guerrero, a 14 de mayo de 2026.- La violencia contra el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata (Cipog-EZ) en la región Montaña baja es una “guerra capitalista hacia los pueblos originarios” para apoderarse de los recursos naturales en especial los mineros y de los territorios, afirmó en entrevista el integrante de la Comisión Nacional de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional Indígena (CNI), Carlos González García.
Por videollamada, el abogado especializado en derecho indígena, agrario y en defensa de los territorios, expuso que la Montaña es un territorio “rico” en diversos minerales como el oro, la plata y los llamados “críticos”, y las mineras ocupan desintegrar y atacar a las comunidades indígenas para penetrarlas; además, los grupos criminales actúan en complicidad o filtran a las instituciones del Estado de forma “crónica y progresiva”, sostuvo.
En la edición de ayer de El Sur se publicó que el saldo de la violencia registrada en las comunidades de Chilapa del 6 al 12 mayo es de tres muertos, seis heridos, 15 desaparecidos y más de mil desplazados, cifras de gran magnitud en relación con el aumento de la inseguridad desde hace más de una década.
González García explicó que el Cipog-EZ “forma parte del CNI con su autonomía, con su capacidad de organizarse y decidir porque el CNI no es una organización en sí, es un espacio donde confluyen comunidades, organizaciones y el CNI lo que pretende es el fortalecimiento de la lucha de las comunidades para avanzar en la lucha de la liberación de los pueblos indígenas”.
El CNI fue fundado en 1996 sobre una propuesta del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), en su conformación participó el finado Cirino Plácido Valerio cuando era parte Consejo Guerrerense 500 Años de Resistencia Indígena.
Plácido Valerio, fallecido de una enfermedad en 2019, también participó en la fundación en la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de San Luis Acatlán y fue dirigente del Cipog-EZ, organización creada en 2008 con presencia en comunidades nahuas de Chilapa y José Joaquín de Herrera y que actualmente es dirigida por su hijo Jesús Plácido Galindo.
Desde el recrudecimiento de la violencia en la Montaña baja en 2016, González García ha estado cercano a las comunidades en las que “empezó a hacerse la promoción y la formación acelerada de policías comunitarias en esta región y en otras regiones de Guerrero porque estaba en crecimiento y en auge la delincuencia organizada”.
El 16 de diciembre de 2009 fue asesinado Arturo Beltrán Leyva durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Cuernavaca, la desintegración de su cártel ocasionó la consolidación de sus células, entre ellos Los Rojos y Los Ardillos, que iniciaron una “pugna muy violenta en la región por el dominio territorial”, rememoró el integrante del CNI.
La violencia entre los remanentes del cártel de los Beltrán Leyva “va a llevar a reforzar los cuerpos de policía comunitaria en la región a partir de esos años y con más fuerza a partir de los años 2015, 2016”.
En 2014 fue creada la Policía Comunitaria de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) en 16 comunidades de los municipios de Chilapa y José Joaquín de Herrera.
“Hay una organización efervescente en las comunidades en torno a su sistema de seguridad comunitaria, a la integración de la Policía Comunitaria, porque estos cárteles están queriendo obligar a los integrantes de estas comunidades a sembrar amapola y producir goma de opio”, indicó González García.
“Esto va a llevar a una confrontación permanente entre comunidades con sus policías comunitarias y el crimen organizado, ya a partir de 2019, 2020 el predominio en la zona es casi exclusivamente de Los Ardillos”.
Y es que Los Rojos fueron desarticulados por la detención de su líder Zenén Nava Sánchez, alias El Chaparro, el 21 de agosto de 2019.
A partir de ese año la violencia se recrudeció, el integrante del CNI puso de ejemplo la masacre de 10 músicos vecinos de Alcozacán, comunidad de Chilapa, cuando regresaban de una presentación en Tlayepan; cinco fueron calcinados en el interior de la camioneta en la que se transportaban y otros cinco fueron ultimados a balazos.
“Y de ahí se van a venir en cascada asesinatos y desapariciones hasta sumar los 76 asesinados que teníamos hasta hace unos días, ahorita son tres más, 79 asesinados; y 26 desaparecidos, más los que se generen en esta coyuntura, hasta ahorita se habla de dos desaparecidos, pero hay posibilidades de que sean más”, dijo en la entrevista el martes pasado.
Consideró que la violencia en esta zona del estado es “una situación delicada, pero la enmarcamos en un proceso más amplio que llamamos de guerra capitalista hacia los pueblos originarios”.
“¿Cuáles son sus intenciones? Desmontar su organización comunitaria, desmontar sus gobiernos propios y apoderarse de los territorios de las comunidades indígenas para poder tener acceso a los recursos naturales, principalmente mineros, pero no nada más, que existen en distintas regiones”.
“Y usar los territorios para el tránsito de diversas mercancías, la mayoría de ellas de carácter ilegal: drogas, precursores para la elaboración de drogas o armamento”, añadió el abogado agrario.
Ahondó: “desde hace más de 20 años, Guerrero es codiciado por empresas, sobre todo canadienses, que han querido entrar y lo han logrado, en algunos casos, ahí está Equinox Gold, los proyectos en marcha de Media Luna, Los Filos”.
Son 24 concesiones mineras entre las regiones de la Montaña y la Costa Chica vigentes, la primera “en términos geológicos y mineros es un territorio rico, no sólo en oro, no sólo en plata, sino también en otro tipo de minerales que han tomado auge, de los que llaman minerales críticos; se encuentran en cantidades nada despreciables en la Montaña de Guerrero”.
Para poder penetrar los territorios indígenas, las mineras ocupan desintegrarlos y atacarlos, lo hemos visto en Zacatecas, donde incluso hay canadienses que también están en Guerrero”, comparó el integrante del CNI.
Expuso que la violencia contra los pueblos de la Montaña baja es parecida a la que padece la comunidad nahua Santa María Ostula, del municipio Aquila del estado de Michoacán, donde los cárteles estrenaron los ataques con drones y los bombardeos a la población civil en junio de 2024. También hay desplazamientos forzados en Chihuahua, Durango, Nayarit y Chiapas, este último “en gran escala”.
“Es un problema grave el de la proliferación de los cárteles delincuenciales en el país, y desafortunadamente la relación contumaz, la complicidad, cuando no la infiltración de los criminales en las instituciones del Estado, es crónica y progresiva, no disminuye, va creciendo”.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, dijo en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum del martes que la violencia en la Montaña baja se debe a un conflicto entre los grupos Los Tlacos y Los Ardillos.
–El discurso de disputa de grupos criminales parece que se agota, ¿ustedes cómo lo han visto, otra vez retomando desde sus orígenes en los 90?, –se le preguntó al integrante del CNI.
–La disputa entre cárteles es real, particularmente Guerrero es de los estados más fragmentados en cuanto a una presencia significativa de cárteles, unos están en la Costa Grande, otros están en la Costa Chica, otros están en la zona Centro, otros más los vemos por el lado de la Tierra Caliente.
Sin embargo, González García desestimó la “narrativa” oficial de un conflicto entre Tlacos y Ardillos, “lo único que estamos reconociendo ahorita en este problema es una confrontación entre comunidades organizadas con sus sistemas de seguridad y Los Ardillos”.
Afirmó que el lunes pasado las corporaciones de seguridad y militares tenían las condiciones para entrar a las comunidades porque existen otros vías diferentes al crucero de El Jagüey, donde el subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno del estado, Francisco Rodríguez Cisneros, no pudo avanzar por el impedimento de las bases de Los Ardillos.
La inacción de las autoridades ante los ataques registrados desde el miércoles hasta el martes revela que la narrativa de dos cárteles peleando y que las corporaciones no podían entrar a la zona es “ficticia”, subrayó el integrante del CNI.
Explicó que los cárteles “son organizaciones empresariales que funcionan en el marco de un sistema económico preciso que es el capitalismo”, y están infiltrados en todos los negocios que les dejan ganancias y en las administraciones municipales para acceder a los presupuestos.
En el caso de Guerrero, González García puntualizó que Los Ardillos controlan Chilapa porque la alcaldesa Mercedes Carballo Chino es cuñada de Celso Ortega, fundador del grupo criminal, y otros cinco municipios de la región.
Ramón Gracida Gómez
