Defensa de la Colección Gelman comenzó a poner el recurso ante juzgados de distrito para echar atrás el convenio entre el INBAL y el banco Santander. Dicho acuerdo autorizó la exportación del acervo cultural a España con vigencia hasta septiembre de 2030, abriendo la posibilidad de prórrogas
Ciudad de México, 2 de julio de 2026. El colectivo Defensa de la Colección Gelman promueve una serie de amparos para anular el convenio con el cual el INBAL autorizó la exportación del acervo a España por parte de banco Santander hasta septiembre de 2030, con la posibilidad de prórroga.
Las demandas comenzaron a presentarse el pasado 26 de junio ante juzgados de distrito del Poder Judicial de la Federación, pero se sumarán más en las próximas semanas, anticipa el abogado Jesús Soledad, del despacho Soledad y Carrasco, que lleva el caso.
En términos llanos, dice, se trata de echar atrás el convenio mismo.
“Es el acto que, si no existiera, no habría posible afectación al orden legal ni la posibilidad de que se exporte la colección”, señala el abogado Soledad, en videoentrevista.
El vicio central, precisa el abogado, es que ese convenio autoriza la salida del conjunto -con obra catalogada como Monumento Artístico de la Nación, que no debería salir del país de modo indefinido- sin agotar el procedimiento que la ley exige.
La normatividad obliga a tramitar un permiso individual para cada obra declarada Monumento, con una descripción detallada, la revisión de su estado y garantías de conservación y retorno fijadas caso por caso, explica, por su parte, la abogada Lilia Mendoza.
En cambio, las piezas se agruparon en un solo convenio para que pudieran salir del País en bloque, algo que, sostiene Soledad, contradice lo que prevé la ley.
Vía transparencia, agrega, el propio INBAL reconoció que su único sustento para exportar la colección es ese convenio, sin un procedimiento formal que conceda la autorización.
“Podrían haber hecho todo el procedimiento de cada una de las obras y cambia la discusión”, expone el abogado. “Pero hoy lo hicieron mal. El INBAL está sujeto a la ley y no puede emitir actos sin fundamento, contra la ley”.
Cinco artistas de la colección -adquirida por la familia Zambrano de Monterrey y renombrada como Gelman Santander, al entregar su gestión al banco-, tienen declaratoria de Monumento: Frida Kahlo, Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros y María Izquierdo.
Las demandas se dirigen contra autoridades del INBAL, empezando por su Dirección General, y contra la Secretaría de Cultura, por incumplir sus facultades.
Santander no ha sido llamado aún porque la versión pública del convenio no precisa la denominación exacta de la entidad involucrada. Será el juez quien decida si lo llama, aclara el abogado.
“Literalmente, lo que se está pidiendo al juez es que revise el convenio celebrado entre el INBAL y presumiblemente Santander para la exportación, entre otras cosas, de la colección”, reitera Soledad.
Las demandas son promovidas de forma individual a nombre de integrantes de la comunidad artística para acreditar el interés legítimo. Hasta ahora suman tres promoventes.
El colectivo hizo circular este miércoles un comunicado en el que expone sus razones para el inicio de acciones legales, tras meses sin obtener respuesta por parte de la autoridad sobre un convenio que, asegura, no fue concebido para resistir el escrutinio público.
Sostienen que, en lugar de cumplir el deber indelegable que le fija la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, el INBAL facilita la exportación prolongada de obras protegidas, respalda futuras prórrogas de estancia en el extranjero y releva al Banco Santander de obligaciones legales.
El acuerdo, además, según destacan, no puede separarse de la transacción financiera que lo sustenta, pues la colección fue entregada como garantía de un “préstamo personal cuantioso” a la familia Zambrano, a la que el comunicado omite mencionar.
La pregunta jurídica de fondo, plantea el colectivo, es si una autoridad puede renunciar por contrato a las obligaciones que la ley le impone para proteger el patrimonio artístico.
“Nuestras leyes no pueden estar al servicio de los particulares para que estos tengan beneficios privados”, critica en entrevista Francisco Berzunza, integrante del colectivo.
Su preocupación, dice, es que el convenio siente un precedente.
“Es un instrumento que no se le ha otorgado a ningún otro ciudadano mexicano o coleccionista previamente, y este acuerdo puede servir como una especie de calca para que en el futuro otras colecciones, otras obras, salgan de la misma manera”, alerta el historiador y curador.
Respecto a la salida a España de las obras, prevista para septiembre, el abogado aclara que la sola demanda de amparo no detiene nada.
Pero, si el juez le da trámite, uno de los escenarios posibles será la suspensión de la exportación.
Desde Madrid, la politóloga Denise Dresser, quien también se ha sumado al colectivo, anuncia que también promoverá un amparo, al considerar que el caso Gelman trasciende el ámbito cultural.
“Tiene que ver con nuestro derecho a la cultura que es un derecho humano fundamental”, expresa.
Erika P. Bucio / Agencia Reforma
