Humberto Musacchio
Frente a la consulta del próximo domingo, cabe repetir que se trata de una burla a los ciudadanos y a la ley, de un ejercicio para distraer a los mexicanos de los grandes problemas nacionales, de las promesas incumplidas, de la ausencia de justicia, del bajo porcentaje de vacunados, de la falta de medicamentos, del abandono de los niños con cáncer, del incontenible auge de la delincuencia, del desempleo, de la pobreza convertida en miseria para amplios sectores sociales, del derroche en el faraónico proyecto del nuevo Chapultepec y de muchos otros problemas.
Las huestes morenistas, los medios informativos del Estado y el por fortuna escaso periodismo acrítico y servil ante el que manda (y paga) han desplegado una campaña para hacernos creer que la consulta decidirá sobre si debe someterse a juicio a los expresidentes. Pero no hay tal.
A riesgo de que, como a Julio Hernández, nos dediquen más de una mañanera a quienes denunciamos el circense, absurdo y estéril ejercicio del domingo, diremos que quienes acudan a las urnas tendrán que responder a una pregunta difusa y ociosa, la que puede convertirse en coartada para no cumplir con lo que dispone la ley:
“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”
Hasta donde sabemos, el marco constitucional y legal obliga a las autoridades a cumplir con lo que, malamente, las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación han convertido en un dilema: si debe o no aplicarse la ley, lo que tal se explica porque, con alarmante frecuencia, los impartidores de justicia se bailen un zapateado sobre las disposiciones legales.
Por supuesto, nadie cree que este domingo vayan a las urnas los cuarenta millones de ciudadanos requeridos para dar validez a la consulta, lo que permite suponer que el numerito tiene otras finalidades, como calcular el resultado de esa otra consulta que habrá de celebrarse dentro de un año para decidir si se revoca o no el mandato del actual presidente de la República.
Si los votos por el “No” se emiten en mayor número que los del “Sí”, caso ciertamente remoto, eso podría constituir una carta de impunidad para quienes en el futuro se conviertan en expresidentes, aunque nadie debería confiarse, pues hay palabras, actitudes y decisiones que llaman a la venganza, y los ofendidos seguramente no perdonarán.
Otra finalidad es que se libere a las autoridades de la obligación de aplicar la ley, especialmente en el caso de los expresidentes, que por sus relaciones con los poderes fácticos y con gobiernos extranjeros pueden representar un peligro. Además, si a grandes delincuentes se le permite irse a su casa mientras dura el juicio, ya podemos despedirnos de que se lleve a la cárcel a expresidentes ladrones o responsables de asesinatos.
Pero el objetivo mayor de esta campaña seudodemocrática es abonar el terreno para destruir el Instituto Nacional Electoral o, al menos, convertirlo en un instrumento más del poder presidencial, pues desde ahí se ha desplegado una feroz y prolongada campaña para desprestigiar al citado organismo y, sobre todo, a su presidente y a los consejeros que no son incondicionales de Ya Saben Quién. Para que el proceso termine en un fracaso, se le han negado al INE los fondos. De este modo, se fabrican los pretextos para dar el golpe contra un organismo creado por una larga lucha ciudadana, sí, el que hoy se considera un estorbo.
Como dice Ya Saben Quién, se trata de un proceso que le cae como anillo al dedo al poder, que en cualquier caso saldrá ganando.
