En la audiencia celebrada ayer, el juez Marco Antonio Fuerte Tapia aplazó para el próximo 8 de noviembre la diligencia de imputación a solicitud de la defensa del ex candidato presidencial del PAN y el PRD
Ciudad de México, 5 de octubre de 2021. Un juez federal negó a Ricardo Anaya la posibilidad de comparecer en su próxima audiencia por videoconferencia desde un lugar fuera de la Ciudad de México, y le hizo ver que podía ordenar su presentación física al Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte.
En la audiencia celebrada en dicho recinto judicial, el Juez de Control Marco Antonio Fuerte Tapia aplazó para el próximo 8 de noviembre a las 9:00 horas la diligencia de imputación, luego de que la defensa del panista solicitara el diferimiento para estudiar mil fojas de la investigación que apenas el pasado viernes le proporcionó la Fiscalía General de la República.
De acuerdo con fuentes judiciales, durante la diligencia de este lunes, el juez preguntó a Anaya y sus abogados si estaban en recintos diferentes, porque aparecían conectados desde pantallas distintas, y les recordó que, conforme al artículo 56 párrafo segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, debían estar en un mismo lugar y ese lugar debía ser en la Ciudad de México.
Enseguida les instruyó al imputado y sus abogados acreditarle que estaban conectados a la videoconferencia desde la capital del país.
La defensa presentó en ese momento un recurso de revocación contra esta última instrucción del juez, sin embargo, Fuerte Tapia lo declaró procedente pero infundado, al estimar que su reclamo no tiene fundamento legal.
Para fundamentar su decisión, el juzgador leyó enseguida los acuerdos del Consejo de la Judicatura Federal que establecen la creación de los Centros de Justicia Penal Federales en la Ciudad de México, en los que expresamente indican que su jurisdicción es sólo en la capital del país.
Por esta razón, al diferir para noviembre próximo la audiencia de imputación, el juez les reiteró que para entonces deberán comparecer dentro de su jurisdicción, en esta capital, mencionando que podía ordenar que se presentarán materialmente en el centro de justicia.
Enseguida, según los funcionarios consultados, Fuerte Tapia le preguntó a Anaya y los presentes en la videoconferencia si les había quedado claro lo anterior, respondiendo todos que sí.
Cuando el pasado 26 de agosto se difirió por vez primera la audiencia, el juez Gustavo Aquiles le especificó a Anaya que ayer obligatoriamente debía estar físicamente en la Ciudad de México “o sus alrededores”, motivo por el que el panista debía regresar al País.
Las autoridades federales presumen que el panista se conectó este lunes por videoconferencia desde el extranjero, pues desde el 5 de julio y hasta las 6 horas de ayer, no había ningún reporte migratorio que indicara su ingreso al país.
El fallo del juez, que obliga a Anaya a viajar a la Ciudad de México para noviembre próximo, abre la posibilidad al panista de presentar un amparo y, posiblemente, suspender la audiencia por tiempo indefinido.
La FGR busca que el ex candidato presidencial sea procesado por los delitos de asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, por supuestamente recibir un soborno de 6.8 millones de pesos de manos de Emilio Lozoya para la aprobación de la reforma energética.
La acusación tiene su origen en la denuncia que el 11 de agosto de 2020 presentó el propio ex director de Pemex contra diversos funcionarios del sexenio de Enrique Peña Nieto y senadores del PAN y del PRI de la legislatura pasada.
Ricardo Anaya dice que la FGR reabrió un caso contra él de 2017
Elñ candidato presidencial del PAN y PRD en las elecciones de 2018 reveló que la Fiscalía General de la República (FGR) ordenó reabrir el caso de las acusaciones que se le formularon en 2017.
En el último de los cuatro capítulos que publicó en video, el ex candidato presidencial comunicó que, como ya había “hecho pedazos” los argumentos que la FGR presentó en su contra, relacionados con los presuntos sobornos que habría recibido por apoyar la reforma energética, ahora pretenden usar el viejo truco del “refrito”.
“Por absurdo, por increíble que suene, ya se ordenó volver a abrir todo el expediente con las viejas acusaciones falsas de 2017”, explicó. “No se supone que este asunto ya estaba cerrado. Que yo ya les había ganado”, cuestionó Anaya.
“Ha quedado clarísimo que López Obrador me quiere fregar a la mala. Demostré, con los documentos que ellos mismos me dieron, que cambiaron la fecha de la declaración de Lozoya. Demostré que no era diputado en ese tiempo, demostré que no estuve en la Cámara de Diputados, demostré que el ayudante de Lozoya tampoco estuvo ahí; demostré que los brasileños ya confesaron que el dinero lo dieron al corrupto de Lozoya, como un soborno para que les asignaran la ampliación de la Refinería de Tula. Demostré, con el estado de cuenta, que Lozoya no repartió el dinero; demostré que un antiguo socio de Lozoya tiene el dinero y que López Obrador les está permitiendo quedárselo”, aseguró.
Texto: Staff / Agencia Reforma
