Ciudad de México, 26 de mayo de 2026.- El gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y el senador por esa entidad Enrique Inzunza, ambos de Morena, informaron hoy que comparecieron ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, donde respondieron cuestionamientos del Ministerio Público Federal.
También acudieron a un llamado federal el alcalde de Culiacán con licencia, Juan de Dios Gámez, y Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía de Sinaloa.
El desfile de figuras públicas ante el Ministerio Público Federal ocurre a escasas horas de que el gobierno federal informe sobre la narcopolítica en el país, según anunció hoy la presidenta Claudia Sheinbaum.
En la mañanera, la mandataria dijo que este miércoles el Gabinete de Seguridad presentará un reporte especial detallado sobre los funcionarios públicos que han sido detenidos o que se encuentran bajo investigación por presuntos nexos con organizaciones delictivas.
Rocha Moya dijo en su cuenta del X que atenderá cualquier nuevo llamado de la autoridad investigadora. El gobernador vinculó su postura con los principios de la Cuarta Transformación y destacó las reformas impulsadas por ese movimiento.
“Lo haré porque creo en el Sistema Judicial Mexicano, confío en nuestro Estado de Derecho y respeto a nuestras instituciones de justicia”, expresó.
También manifestó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una lideresa “honesta y de estadista”.
“Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, añadió.
El senador Inzunza no se ha presentado a la Comisión Permanente del Congreso, para la que fue electo, pero sí fue visto en un club privado con su colega Javier Corral, en Culiacán.
Sobre su respuesta a la cita en la FGR, dijo en sus redes sociales que “acudí sin acompañamiento jurídico y como abogado de mí mismo”. El senador llegó a las instalaciones federales en una camioneta de lujo.
“Ratifico que es mi disposición indeclinable atender este y todo requerimiento, sin ampararme en la excepción que en razón de mi cargo de legislador establece el artículo 90 del Código Nacional de Procedimientos Penales”.
El legislador se refiere a una norma que remite al mandato constitucional de que para proceder por vía penal contra los senadores, entre otros funcionarios públicos, es necesaria la confirmación de la Cámara de Diputados, aprobada por mayoría absoluta de sus miembros presentes en sesión.,
Agencia Reforma
