Aunque oficialmente la guerra contra el narco que comenzó Felipe Calderón se acabó, el Ejército mantiene un registro de homicidios –del que niega su existencia– cometidos en ese contexto; incluso el gobierno actual ha clasificado 11 puntos porcentuales arriba a más personas presuntamente asesinadas por el crimen organizado que su antecesor, usando desde 2006 una metodología poco clara y estigmatizante que considera como “presuntos delincuentes” prácticamente a todas las personas fallecidas sobre las que no tiene información. En la investigación Con Copia Oculta, hecha por Data Cívica con base en los correos de la Sedena filtrados por el grupo Guacamayas, se da cuenta, además, de versiones orientadas a encubrir abusos de las fuerzas de seguridad: suelen omitir que los perpetradores fueron agentes del Estado
Itxaro Arteta /Data Cívica
Especial
Ciudad de México, 16 de mayo de 2023. “Ya no hay guerra. Oficialmente, ya no hay guerra”. Esas fueron las palabras con las que, el 30 de enero de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador declaró como concluida la estrategia de confrontación militar contra el crimen organizado, emprendida y alimentada por sus antecesores durante los 12 años previos. “Nosotros queremos la paz”, dijo a 60 días de iniciada su gestión, con los jefes del Ejército y la Marina a su lado, y remató: “Vamos a conseguir la paz”.
Pero la guerra no terminó. Se siguió peleando y registrando internamente como tal. Incluso, atribuyéndole 11 por ciento más muertes que su antecesor.
Así lo muestran reportes confidenciales del Ejército revelados por la investigación Con Copia Oculta, que incluye una base de datos con más de 58 mil eventos de violencia ocurridos en casi cuatro años –entre 2017 y 2020– que dejaron 70 mil 898 personas muertas. Estos homicidios fueron contabilizados como “vinculados a la delincuencia organizada” con una metodología poco clara y estigmatizante que inició en 2006 con la presidencia de Felipe Calderón, quien decretó la llamada “guerra contra el narco”, y ahora sabemos que ha persistido en el gobierno de López Obrador.
De hecho, el gobierno actual registró bajo esta dudosa clasificación al 59.3 por ciento del total de asesinatos ocurridos en todo el país. Un porcentaje mayor que con su antecesor, Enrique Peña Nieto, cuando se atribuyó al crimen organizado o su combate 48.25 por ciento de los homicidios. Una asociación al crimen también mayor al 52 por ciento que había registrado la administración de Calderón, que en su momento hizo pública una primera base de datos sobre estos hechos.
Lo que muestran los registros internos recientemente revelados es que en los dos primeros años del actual gobierno, que anunció una era de “paz”, en realidad las muertes atribuidas al crimen y su combate se mantuvieron por encima de los últimos años de Peña Nieto.
De enero de 2017 a julio 2018, periodo para el que se encontraron registros internos, la contabilidad oficial fue de 26 mil 438 muertes relacionadas por las autoridades con la actividad del crimen organizado o su combate. Al comparar esas cifras con el mismo periodo al inicio del mandato de López Obrador, de enero de 2019 a julio de 2020, la cantidad de homicidios vinculados a la delincuencia fue de 34 mil 779.
Esto significa que aunque el gobierno presuma que los niveles de homicidios en el país se han ido estabilizando en años posteriores, su registro interno sigue usando la lógica de guerra y, bajo este paradigma, los saldos de la guerra contra el narco se mantuvieron en esos primeros años más altos que con sus antecesores.
Estos registros sobre muertes derivadas de la guerra contra el crimen organizado no se han dado a conocer oficialmente a la ciudadanía. Sólo llegaron a un puñado de altos funcionarios federales, con la leyenda de información “reservada y confidencial”. Hoy, no obstante, pueden consultarse públicamente en el micrositio Con Copia Oculta, el cual ha ordenado bases de datos sobre delincuencia organizada halladas entre los millones de documentos extraídos de los ordenadores de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en septiembre de 2022 por el colectivo de hacktivistas Guacamaya.
El Grupo Candado y la base de datos oculta
El registro interno de eventos violentos y homicidios que distintas autoridades vinculan con la delincuencia organizada empezó a hacerse desde diciembre de 2006, cuando Felipe Calderón declaró la guerra contra el narco. Fue publicado a finales de su sexenio en el portal web de Presidencia bajo el título de “Fallecimientos ocurridos por presunta rivalidad delincuencial”, pero poco después fue retirado y sólo tuvo una actualización, entre críticas a su metodología y porque evidenciaba que de las más de 47 mil muertes que registraba, no había investigaciones abiertas ni en 5 por ciento de los casos.
Aunque dejó de ser público, se siguió haciendo el registro: entre los millones de correos de la Sedena filtrados por Guacamayas fue posible encontrar dos bases de datos tituladas “Homicidios presuntamente vinculados a la delincuencia organizada”; la primera con información del 1 de enero de 2017 al 5 de agosto de 2018, y la segunda del 1 de diciembre de 2018 al 6 de diciembre de 2020.
Es decir, el gobierno de López Obrador, al igual que el de Peña Nieto, no sólo mantiene oculto el conteo de muertes por la guerra sino que oficialmente ha negado su existencia en respuestas a solicitudes de información.
Las dependencias que reciben esta base se integran en una coordinación interinstitucional denominada Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada, “Grupo Candado”, y son actualmente la Sedena, la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR), a través del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi).
Este grupo se reúne periódicamente para tomar las decisiones en políticas de seguridad pública del país, con información como la contenida en la mencionada base de datos. Asimismo, validan su contenido, aunque en una revisión de algunos casos se encontraron incongruencias.
Una versión de héroes y villanos
Como cada mañana, el viernes 6 de septiembre de 2019, a las 4:03 horas, el general Luis Cresencio Sandoval, secretario de la Defensa Nacional del gobierno mexicano, recibió en su correo electrónico oficial un archivo adjunto titulado “Resumen de eventos relevantes” del día anterior. Ahí le informaban, entre varios casos, sobre una “agresión” a policías en Nuevo Laredo, Tamaulipas, luego de la cual, a la zona acudieron militares de la 16 Región Militar, para “apoyar” a las autoridades civiles, siguiendo los protocolos de rutina.
El ataque había dejado como saldo 21 agentes “sin novedad”, es decir, ilesos, y ocho supuestos “delincuentes” muertos.
Según el reporte oficial, los civiles dispararon desde una camioneta contra policías del Centro de Análisis, Inteligencia y Estudios de Tamaulipas (CAIET), que “repelieron la agresión”, es decir, dispararon de vuelta, hasta matarlos a todos. El documento aseguró que los cuerpos vestían uniformes tipo militar, así como chalecos y cascos con la leyenda “Cártel del Noreste”; que llevaban 15 armas largas, una corta y un paquete de marihuana, y que la camioneta con blindaje artesanal en la que circulaban tenía reporte de robo.
Esta narrativa, aparentemente sólida, fue la que se comunicó a la prensa estatal y nacional para que, al día siguiente, informara a la ciudadanía que había sido abatida una célula del Cártel del Noroeste denominada “Tropa del Infierno”.
Pero a los pocos días, la asociación civil Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo denunció públicamente que aquello había sido, más bien, una masacre. Presentó fotografías de los cuerpos dentro de viviendas con disparos directos a la cabeza y el pecho, o sea que en realidad los habían ejecutado en sus casas y luego colocado en la camioneta, para simular un enfrentamiento en la vía pública. Además, presentó pruebas de que la camioneta fue arrastrada hasta el lugar de los hechos con una grúa, luego del supuesto enfrentamiento armado.
Esta información, que exhibía junto con el fusilamiento ilegal la coordinación entre autoridades estatales y militares para ocultarlo, nunca fue añadida a los registros del Grupo Candado, a pesar de que fueron actualizados al menos 50 veces durante el año posterior.
En la base de datos oficial se mantuvo inalterada la versión de que esas ocho personas eran delincuentes y que murieron tras agredir a la autoridad.
Este caso es sólo una muestra de la forma en que el registro interno sirve a las autoridades para dos objetivos: por un lado, es un pulso estadístico sobre la evolución de la violencia asociada a mafias; y por otro, cumple el papel de bitácora, en la que se va redactando la historia de la guerra desde la visión oficial. Una visión de héroes y villanos.
Y no es el único caso.
En estos registros confidenciales abundan versiones diferentes a la realidad, orientadas a encubrir abusos por parte de fuerzas de seguridad pública o de seguridad nacional, que después salieron a la luz por otras vías: investigaciones judiciales, de comisiones de derechos humanos o periodísticas.
Así ocurrió, por ejemplo, con una ola de desapariciones y cuerpos encontrados en fosas clandestinas de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila en el primer semestre de 2018. Dos años después, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) encontró evidencias de que 25 personas de las víctimas habían sido desaparecidas, y varias de ellas asesinadas, por elementos de la Marina.
En la base del Grupo Candado fue posible rastrear el reporte del hallazgo de seis de esas personas, ya muertas. Pero dichos registros no reconocen la participación de la Marina; sólo tienen anotaciones de que sufrieron “privación de la libertad”, que fueron halladas con “huellas de tormento” o asesinadas por estar vinculadas a la “delincuencia organizada”.
La base de datos oficial omitió el dato trascendental de que los perpetradores fueron agentes del Estado.
Muertos que pasan a ser “presuntos delincuentes”
Los reportes confidenciales analizados no sólo permiten conocer el comportamiento de los asesinatos que, desde la visión del gobierno, están vinculados con el crimen organizado. También son un reflejo de la misma autoridad, de su respuesta ante el fenómeno de la violencia criminal organizada y de su desenvolvimiento ante hechos violentos, particularmente aquellos en los que participaron elementos oficiales.
Estos registros, por ejemplo, dejan ver que el Grupo Candado considera como “presuntos delincuentes” prácticamente a todas las personas fallecidas sobre las que no tiene información: clasifica así a miles de personas de las que no se anotó si pertenecían a alguna organización criminal, que no tenían antecedentes penales o que, posteriormente, han sido identificadas como civiles sin ningún vínculo con actividades delictivas.
En 98.9 por ciento de los hallazgos de cuerpos –sin que hubiera un enfrentamiento con la autoridad– se reporta que hay al menos un “presunto delincuente” muerto, aunque sólo en la mitad de esos mismos casos las autoridades contaban con información de la persona fallecida. Es decir que a las personas asesinadas, cuyos cadáveres fueron después localizados, sistemáticamente se les clasifica como “presuntos delincuentes”, inclusive sin haberlas identificado plenamente o sin haber investigado el móvil del crimen.
Algunas veces, estas víctimas de asesinatos fueron clasificadas como “presuntos delincuentes” precisamente para justificar el uso excesivo de la fuerza o ejecuciones perpetradas por las autoridades durante sus intervenciones.
Tal es el caso de Arturo Garza, de 19 años de edad; Ángel Núñez, de 27, y Damián Genovez, de 18, que en la base de datos del Grupo Candado figuran entre los “12 agresores fallecidos” que dejó un enfrentamiento del Ejército con presuntos integrantes de la delincuencia organizada en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 3 de julio de 2020.
Arturo, Ángel y Damián, sin embargo, eran víctimas de secuestro y en el momento del enfrentamiento estaban amarrados de pies y manos, en la parte trasera de una camioneta tripulada por las personas con las que se enfrentó el Ejército.
Un video captado por los mismos militares que participaron en los hechos, dado a conocer por El Universal, reveló que luego de la balacera una de esas víctimas amordazadas mostró signos de vida, por lo que uno de los soldados gritó “¡Está vivo!” y en respuesta recibió una orden: “¡Mátalo, a la verga!”.
Si bien se comprobó que estas tres víctimas fueron asesinadas por militares y presentadas como supuestos agresores, en los registros confidenciales del gobierno federal este crimen nunca fue reconocido.
Narrativa oficial omisa y parcial
En general, la calidad de la información que incluye el Grupo Candado en su registro confidencial de muertes supuestamente vinculadas al crimen organizado disminuye cuando participa una autoridad. En 74 por ciento de estos casos, ni siquiera se inscribe el calibre de las balas utilizadas y en 89 por ciento no hay menciones de que se haya dado seguimiento legal con la apertura de una investigación o que haya llegado a juicio.
Los enfrentamientos en los que la autoridad abrió fuego son los casos que cuentan con menor información sobre las consecuencias legales de estas intervenciones oficiales: sólo se registra seguimiento legal en 8 por ciento de los eventos.
Así, en esta bitácora que narra la guerra desde el punto de vista de la autoridad, sistemáticamente se omiten aquellas partes de la narrativa que revelan irregularidades en el proceder de las fuerzas oficiales o que directamente hablan de los crímenes cometidos por éstas.
Se trata de una narrativa oficial según la cual esos hechos nunca ocurrieron. Una narrativa que López Obrador enarbola y alimenta, como hizo el pasado 22 de marzo de 2023 –un mes después de que el Ejército asesinó a cuatro jóvenes que volvían de un festejo en Nuevo Laredo y a los que presentó como supuestos criminales–, cuando afirmó que “en México no hay masacres” cometidas por la autoridad. Al contrario, dijo, “en México, el Estado ha dejado de ser el principal violador de los derechos humanos”.
La bitácora de la guerra en Guerrero según la Base Oculta
Esta parte de la investigación fue realizada por Data Cívica junto con Intersecta. Contiene un apartado que explora la situación en Guerrero de acuerdo con la versión que se ha ido contando en las bitácoras oficiales internas y que hasta ahora no se habían dado a conocer.
Aporta también datos como el número de enfrentamientos que reporta la autoridad, muertes atribuidas al crimen organizado o el seguimiento legal que se da a diversos hechos.
Con las dos actualizaciones de la Base Sexenal del Grupo Candado Data Cívica-Intersecta formaron una sola base de datos a la que se llamó “Base Oculta”. La primera incluía información que va del 1 de enero de 2017 al 5 de agosto de 2018 y la segunda del 1 de diciembre de 2018 al 6 de diciembre de 2020. Juntas representan casi cuatro años de información.
La Base Oculta contiene sesgos a favor de una narrativa que justifica el actuar de las autoridades y considera delincuentes a la gran mayoría de víctimas, haya o no datos y hallazgos –de armas o droga, por ejemplo– para catalogarlas así.
A pesar de ello, constituye una valiosa radiografía de la violencia en México desde la perspectiva del gobierno.
Para profundizar en el análisis, presentamos a continuación gráficas y comparaciones específicas para Guerrero, como el ranking nacional en tasa de muertes que la autoridad vincula a la presunta delincuencia organizada y su combate, la evolución de asesinatos a lo largo de los cuatro años disponibles y qué porcentaje representan del total de homicidios.
Asimismo, datos sobre cómo las autoridades reportan la información en el estado y qué tanto seguimiento legal le dan, en comparación con el resto del país.
La base de datos contiene registros de diversos hechos considerados violentos, que puede incluir enfrentamientos, asesinatos directos o hallazgos de cuerpos. Para el análisis nos centramos sobre todo en asesinatos. La base señala que son eventos vinculados a la delincuencia organizada, aunque nosotras agregamos que esa vinculación es también a su combate, ya que pueden ser resultado de un intercambio de disparos entre civiles y autoridades. Por ello especificamos que se trata de presunta delincuencia organizada y su combate (PDOC).
Para darnos cuenta de la magnitud del problema en la entidad, comparamos los datos de la Base Oculta con el Registro de Mortalidad que elabora el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), basado en las actas de defunción levantadas por el Sistema de Salud, para determinar qué porcentaje de homicidios atribuye el gobierno a la guerra contra el narco.
Además analizamos qué tanto mejora o empeora la cantidad de datos registrados sobre un hecho violento cuando está presente una autoridad, y si se abren investigaciones o se da algún tipo de seguimiento legal.
¿Cómo se compara Guerrero al resto del país en cuanto a personas asesinadas por la presunta delincuencia organizada y su combate?
Según la Base Oculta, en Guerrero fueron asesinadas 5 mil 483 personas por la presunta delincuencia organizada y su combate entre 2017 y el 2020. Esto implica que Guerrero es la entidad número 5 con más personas asesinadas por cada 100 mil habitantes bajo ese concepto.
La Base Oculta reporta eventos relacionados con la presunta delincuencia organizada para los últimos dos años del sexenio de Enrique Peña Nieto (2017-2018) y los primeros dos años de Andrés Manuel López Obrador (2019-2020).
Durante el sexenio de EPN, Guerrero fue la entidad número 3 con más personas asesinadas en eventos relacionados con la presunta delincuencia organizada y su combate por habitante.
En los primeros dos años del sexenio actual, Guerrero bajó de posición al lugar número 7.
Sin embargo, el reporte de personas fallecidas por la presunta delincuencia organizada y su combate no es similar para todos los municipios en Guerrero. Los municipios con más personas fallecidas por la presunta delincuencia y su combate por habitante entre 2017 y 2020 fueron: Zihuatanejo (321.4), Chilapa (314.4) y Acapulco (265.1).
¿Cuánto de la violencia homicida en Guerrero le atribuye el Estado a la presunta delincuencia organizada y su combate?
En Guerrero, como en el resto del país, las personas también llegan a ser asesinadas por otras razones que no son la presunta delincuencia organizada y su combate. Pero ¿cuánto de la violencia homicida le atribuye el Estado a la presunta delincuencia organizada y su combate?
Entre 2017 y 2020 fueron asesinadas 130 mil 583 personas en todo México. Según el Estado, la mayoría de ellas –70 mil 898, o sea 54.2 por ciento– perdieron la vida como consecuencia de la presunta delincuencia organizada y su combate.
Para Guerrero el porcentaje de personas asesinadas atribuibles a la presunta delincuencia organizada y su combate es aún mayor: según la Base Oculta, 69.2 por ciento de las personas asesinadas en la entidad entre 2017 y 2020.
En “La bitácora de la guerra – la Base Oculta“ reportamos que a nivel nacional, el porcentaje de asesinatos que el Estado le atribuye a la presunta delincuencia organizada y su combate dio un salto de 48.2 por ciento a 59.3 por ciento a partir de este sexenio. Este salto fue mayor en Guerrero, donde los asesinatos por presunta delincuencia organizada y su combate representaron 63.6 por ciento de los presuntos homicidios en los últimos dos años de EPN y 77.4 por ciento de los presuntos homicidios en los primeros dos años de AMLO.
¿Qué tan bueno es el Estado reportando eventos vinculados a la presunta delincuencia organizada en Guerrero?
El combate contra la delincuencia organizada es efectuado por las mismas instituciones responsables de garantizar la seguridad y los derechos de las personas. Dado que estas instituciones tienen que reportar las consecuencias de su propio actuar y generar la información con la que se les va a exigir cuentas, existen intereses para ajustar lo registrado en beneficio propio.
La posibilidad de que la información esté tergiversada por la presencia de la autoridad se contrapone con la expectativa de que la autoridad tiene mayor capacidad de recabar y sistematizar los hechos cuando está presente en el evento.
Con el objetivo de medir la calidad de reporte en la Base Oculta, elegimos cuatro variables que consideramos relevantes para el reporte de la guerra y generamos un indicador de calidad para cada una de ellas: de los eventos donde el arma utilizada fue un arma de fuego, contamos cuántos registros reportan el calibre; de los eventos donde fallece por lo menos una persona, contamos cuántos mencionan el nombre de una de ellas; de todos los eventos, contamos en cuántos se menciona por lo menos un grupo delictivo; contamos en cuántos eventos se completa por lo menos una variable de seguimiento legal.
En la siguiente gráfica comparamos el reporte de cada una de estas variables en Guerrero y a nivel nacional.
Observamos que en Guerrero la calidad de registro es mejor que el nivel nacional en cuanto al calibre, peor en el seguimiento legal, peor en los nombres de las víctimas cuando hay algún asesinato y estadísticamente similar* en cuanto a los grupos delictivos reportados en el evento.
Para ver si el reporte en Guerrero es mejor o peor cuando la autoridad reconoce estar presente en el evento, a continuación comparamos la calidad de reporte para eventos en la entidad en escenarios donde está presente la autoridad y escenarios donde no.
En Guerrero la calidad de registro es peor cuando participa la autoridad en cuanto al calibre, estadísticamente similar** en el seguimiento legal, mejor en los nombres de las víctimas cuando hay algún asesinato y estadísticamente similar*** en cuanto a los grupos delictivos reportados en el evento.
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*Cuando decimos estadísticamente similar nos referimos a que no hay suficiente evidencia para decir que los valores son estadísticamente distintos. En la gráfica se puede ver porque se sobreponen los intervalos de confianza.
**Cuando decimos estadísticamente similar nos referimos a que no hay suficiente evidencia para decir que los valores son estadísticamente distintos. En la gráfica se puede ver porque se sobreponen los intervalos de confianza.
***Cuando decimos estadísticamente similar nos referimos a que no hay suficiente evidencia para decir que los valores son estadísticamente distintos. En la gráfica se puede ver porque se sobreponen los intervalos de confianza.
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Fuente en todas las gráficas: Elaboración propia a partir de la “Base Sexenal del Grupo de Contacto de Alto Nivel para la Atención de la Delincuencia Organizada” generada por Cenapi y publicada por Data Cívica como Base Oculta
*PDOC: Presunta delincuencia organizada y su combate
