Sigue en este gobierno el encubrimiento, señalan padres en la Cdmx. Marchan hacia Relaciones Exteriores y se quejan de que no ha podido extraditar a Tomás Zerón de Israel ni al juez de barandilla de EU
Ciudad de México e Iguala, Guerrero, 25 de septiembre de 2025. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que espera que pronto la Fiscalía Especializada para el Caso Ayotzinapa pueda tener nuevas detenciones de los posibles responsables de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas.
En la conferencia de prensa matutina de este miércoles, la presidenta de la República informó que se mantienen las investigaciones sobre la desaparición de los estudiantes normalistas, y que se busca que las detenciones sean por medio de las nuevas líneas de investigación impulsadas por su gobierno.
“En el caso de Ayotzinapa siguen las investigaciones, yo espero que pronto ya la Fiscalía especializada pueda tener otras detenciones de estas nuevas líneas de investigación que se abrieron”, comentó.
El pasado 5 de septiembre, luego de la última reunión que tuvo con padres y madres de los normalistas desaparecidos, la presidenta Sheinbaum comentó que los familiares están de acuerdo con los nuevos métodos de investigación impulsados en su administración, pero exigieron órdenes de aprehensión de los involucrados.
Ese día, Sheinbaum indicó que la nueva forma de investigación que se basa en su mayoría en la recolección de evidencias, busca llevar a un mayor conocimiento de la verdad y localización de los jóvenes.
El 9 de septiembre la presidenta dijo que pidió al secretario de Estado de los Estados Unidos la extradición de dos personas que se encontraban relacionadas con el caso Ayotzinapa, pero no precisó los nombres.
Sigue en este gobierno el encubrimiento en el caso Ayotzinapa, señalan padres en la Cdmx
Padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa continuaron su jornada de lucha a 11 años de la desaparición de sus hijos en la Ciudad de México en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), donde uno de los padres afirmó que se mantiene el encubrimiento y la falta de estrategias en el caso Ayotzinapa en este gobierno.
Aproximadamente a las 11 de la mañana de este miércoles cerca de 20 camiones se estacionaron cerca del eje Bucareli, mientras padres y madres se colocaron en el Antimonumento de los 43 para salir en marcha, en compañía de alumnos normalistas e integrantes de organizaciones sociales rumbo a la sede de la SRE.
Los manifestantes recorrieron la avenida Juárez mientras gritaban consignas con la exigencia de la extradición del ex director de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón de Lucio quien se encuentra en Israel y de José Ulises Bernabé García, quien era juez de barandilla municipal y quien se encuentra en Estados Unidos.
Mientras caminaban los 800 metros que separan ambos puntos los negocios que se encuentran en el recorrido bajaron las cortinas de metal o cerraban sus puertas, incluso el hotel de la cadena Hilton y en el Palacio de Bellas Artes había un cerco para evitar daños.
En la entrada de Relaciones Exteriores ubicada en la calle Independencia, los padres se preparaban para iniciar un mitin, mientras estudiantes realizaban pintas en las paredes del inmueble.
Entre las pintas se encontraban mensajes como Ayotzi Vive, Nos Faltan 43, Fue el Ejército y se manifestaba la demanda de extradición de Tomás Zerón de Lucio, además que pintaron a personajes políticos supuestamente involucrados en la desaparición de los normalistas, como el ex presidente Enrique Peña Nieto, Jesús Murillo Karam y Miguel Ángel Osorio Chong.
En el mitin el señor Mario González, padre de César Manuel González, criticó que Relaciones Exteriores tienen estrategias para otros casos, pero no se entiende el motivo por el cual no agilizaron el trámite en el caso de Zerón y de Bernabé García.
“Para otras extradiciones bien que tienen estrategias, pero cuando es para el caso Ayotzinapa todo es encubrimiento. Ya estamos cansados de todos estos gobiernos, llámese PRI, llámese PAN, son la misma porquería”, comentó.
Agregó que José Ulises Bernabé es una pieza principal para esclarecer el caso, ya que tuvo conocimiento de los 17 normalistas que trasladaron a barandilla municipal y solamente se ha mandado una carta con la solicitud de extradición de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
“No tiene una estrategia para extraditar a dos delincuentes que podrían dar verdad de qué pasó realmente ese 26 de septiembre. Una institución formada por el amiguismo, una institución que desafortunadamente lo único para lo que sirve es para tener buenos pagos”, agregó.
Mario González indicó que desafortunadamente la SRE no ha podido extraditar a un “delincuente” como Tomás Zerón 11 años después de la desaparición, ni a “otro delincuente” como José Ulises Bernabé, por lo que cuestionó que no sabe si se trata de complicidad o ineptitud.
“Es un gobierno del valemadrismo el que sufren muchísimas familias de desaparecidos y no les importa, les importa más proteger a sus propios delincuentes que dar razón a las familias de desaparecidos”, dijo.
Aseguró que los padres y las madres de los 43 normalistas desaparecidos no han recibido dinero porque no les importa la reparación del daño, sino verdad y justicia sobre sus hijos.
“No hemos recibido dinero como mucha gente lo dice, porque aquí hay dignidad, aquí hay amor hacia los hijos, 11 años más, vamos a cumplir 11 años que a pesar del dolor que estamos cargando en la espalda todavía tenemos que discutir, que luchar contra todo y contra todos, ¿qué es lo que pasa, dónde está la justicia del Estado mexicano, o de verdad no hay?”, cuestionó.
Añadió que no dejarán que a la investigación se sumen expertos a los cuales no les tienen confianza, y expuso el coraje que le tienen desde la administración federal al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, además que tampoco hay avances con la nueva tecnología aplicada.
La señora María Concepción Tlatempa, madre de Jesús Jovany Rodríguez Tlatempa, señaló que no tienen respuesta, por lo que seguirán con su exigencia al gobierno para llegar a la verdad sobre lo sucedido con los 43 normalistas.
Agregó que ven que hay un encubrimiento a funcionarios, y criticó que hay evidencias que fueron destrozadas por la entonces titular del Poder Judicial de Guerrero, Lambertina Galeana Marín.
“No vamos a recibir a otros más que a unos que digan la verdad, para llegar a la verdad y tener verdad y justicia, porque no hay verdad ni justicia, sabemos que es un crimen de Estado porque lo reconoció el presidente López Obrador”, expuso.
El abogado Isidoro Vicario Aguilar remarcó que no existe otro interés de los padres más que conocer la verdad sobre lo sucedido con los 43 normalistas, por lo que se ven obligados a salir a las calles.
“No sólo se sufre el desprecio de las autoridades, también son las propias investigaciones que no avanzan. Contra todo ello han tenido que luchar los padres y madres, han tenido que salir a las calles levantando la voz, han tenido que acudir a las instituciones”, declaró.
Añadió que la Secretaría de Relaciones Exteriores es una de las dependencias oficiales que no han estado en completa disposición para la resolución del caso Ayotzinapa, al no lograr la extradición de Zerón.
“La Secretaría de Relaciones Exteriores tampoco ha puesto de su parte para avanzar en el caso Ayotzinapa, esta Secretaría, uno de los objetivos principales en el caso Ayotzinapa tiene que ver con los temas externos del país, la extradición que se ha estado pidiendo de Tomás Zerón, hoy refugiado en Israel, no ha podido caminar ese trámite”, denunció.
Al finalizar el mitin, los padres y los normalistas que los acompañaban se dirigieron a los autobuses que los transportaban para, en el caso de los estudiantes regresar a Guerrero, y los padres dirigirse a donde se quedan en la capital del país.
Se espera que este jueves la actividad de padres y madres se lleve a cabo en la sede de la Fiscalía General de la República, para que el viernes se haga la marcha a 11 años de la desaparición de los 43.
Suspende tribunal la sentencia de 92 años de Abarca por secuestro; seguirá en prisión
Un tribunal federal otorgó una suspensión provisional al ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca Velázquez, medida que impide que se ejecute la sentencia de 92 años y seis meses de prisión dictada en su contra el 12 de mayo de 2023 por el secuestro agravado de seis activistas del conjunto de organizaciones Unidad Popular, pero permanecerá en prisión.
El ex alcalde que fue postulado por el PRD recibió la sentencia de más de 92 años de cárcel por el delito de secuestro agravado de seis integrantes de organizaciones sociales aglutinadas en Unidad Popular, entre ellos el dirigente Arturo Hernández Cardona, quien fue asesinado junto a dos de sus compañeros hace más de 12 años.
Este miércoles medios nacionales informaron la resolución de la suspensión que impide que se dé cumplimiento a la sentencia emitida en mayo de 2023, la cual permanecerá activa hasta que se resuelva de fondo el amparo directo que presentó el ex alcalde, quien busca anular la sentencia.
Consultada anoche respecto a esta resolución, la hija mayor del asesinado dirigente social Arturo Hernández, Soledad Hernández Mena informó que esa suspensión concedida a Abarca es provisional, por lo que “aún falta la sentencia definitiva”.
Informó, de acuerdo con su representación legal, que el ex alcalde acusado del homicidio de su papá no saldrá en libertad, y recordó que ha solicitado a las autoridades la reclasificación de los delitos imputados a José Luis Abarca a desaparición forzada y ejecución extrajudicial, dado que nunca se pidió rescate por su liberación.
“Las víctimas indirectas del caso Arturo Hernández Cardona tenemos un juicio a nivel internacional, y esperamos el castigo ejemplar a un ex funcionario público que representó al Estado mexicano en su modalidad de presidente municipal de Iguala”, expuso la activista Soledad Hernández.
El 27 de mayo de este año en el contexto de los 12 años del crimen, junto a su representación de la Red Solidaria Década Contra la Impunidad y el sobreviviente Héctor Arroyo Delgado, se informó en conferencia de prensa que el caso Cardona está procesalmente listo para enviar el Informe de Fondo tanto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Coidh) como al Estado mexicano.
Según el medio Milenio, fuentes cercanas al caso explicaron que en la demanda del ex alcalde también se señalan puntos de constitucionalidad, por lo que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberá revisarlos en su momento, especialmente en lo relacionado con la interpretación de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro.
El 12 de mayo de 2023, el juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales con sede en Matamoros, Tamaulipas, Samuel Ventura Ramos sentenció a Abarca Velázquez a 92 años y seis meses de prisión, así como el pago de una multa de 920 mil 700 pesos de reparación del daño en agravio de los seis activistas de Unidad Popular, desaparecidos el 30 de mayo de 2013 cuando el imputado era alcalde de Iguala.
Aunque el mismo juzgador federal absolvió al ex alcalde de dos cargos de delincuencia organizada relativos al caso Ayotzinapa, luego de que, presuntamente la Fiscalía General de la República (FGR), no acreditó su relación con el grupo criminal Guerreros Unidos, Abarca Velázquez cuenta con otra sentencia en su contra.
El 7 de abril de este año el ex alcalde perredista José Luis Abarca fue sentenciado a 20 años de prisión por el homicidio calificado cometido en 2013 en contra de quien era su síndico administrador, Justino Carvajal Salgado, sobrino del senador Félix Salgado Macedonio, resolución que dio a conocer la Fiscalía General del Estado (FGE).
Juan Luis Altamirano y Alejandro Guerrero/ Foto: Cuartoscuro
