Autoridades del Juzgado Primero, policías estatales y el supuesto dueño del terreno acudieron al lugar, pero los colonos iniciaron un incendio en el acceso para detenerlos. Llevan 20 años en la zona y los lotes los pagaron al Invisur, explican los afectados
Aurora Harrison
Autoridades del Juzgado Primero, policías estatales y representantes legales del presunto dueño de un predio ubicado en Gran Vía Tropical, del fraccionamiento Las Playas, denominado Polígono 15, intentaron desalojar a 27 familias que habitan allí, pero éstas impidieron la irrupción en sus casas bloqueando con ramas que quemaron, palos y piedras.
Debido a esa acción hubo un intercambio de palabras con los vecinos que, aseguraron, tienen más de 20 años habitando en dicho lugar e incluso recordaron que han hecho gestiones con autoridades estatales y el Instituto de Vivienda y Suelo Urbano (Invisur), para llegar a un acuerdo con el presunto dueño y que no les quiten sus predios.
A las 9 de la mañana, a bordo de unas siete camionetas llegaron policías antimotines que llevaban extintores para controlar incendios, pues los vecinos los iniciaron con ramas secas que colocaron frente a sus casas, y desde la parte de arriba, con palos y candados que pusieron en sus puertas, impidieron el desalojo.
Una de las autoridades a cargo de vigilar que se llevara a cabo el mandato judicial de desalojo indicó que “nosotros estamos aquí para dar cumplimiento a un mandato judicial, se nos ordena tomar posesión del predio para restituir la titularidad a un particular”.
Sostuvo que no se pudo llevar a cabo el procedimiento porque “hubo mucha violencia por parte de los habitantes, había gente armada, hubo muchas amenazas personales, hubo mucha discusión y no podemos poner en riesgo la seguridad de los policías y del personal que me acompañaba a dar cumplimiento al mandato judicial”.
Cristo Sereno Lozano, quien vive allí desde hace 20 años, señaló que los policías llegaron poco antes de las 9 de la mañana y con una “cizaña” dijeron que iban a cortar la mano a un vecino porque no permitía que rompieran el candado y se dio un “enfrentamiento verbal”.
“Culpamos al abogado Melquiades Olmedo y a todas las personas que vinieron de esta situación, ellos también nos provocaron y por eso reaccionamos de manera violenta, aventamos piedras, palos, machetes y lo que tuviéramos, no íbamos a permitir que ingresaran, nos decían que nos fuéramos y entregáramos el predio”, reclamó.
Agregó que las autoridades “no traen una orden que indique que nos van a desalojar y sería violento lo que nos quieren hacer, es atropellar nuestros derechos porque nosotros tenemos un juicio de amparo, un juicio civil que está contestando la demanda el supuesto dueño Omar Prestil”, quien, agregó, quiere 14 millones de pesos por los terrenos: “ocho millones para él y los otros seis millones para su abogado Melquiades”.
Insistió en que no van a permitir que los desalojen y van a seguir defendiendo “nuestro patrimonio, que es lo único que tenemos porque hemos hecho una antigüedad de más de 20 años y no vamos a permitir que violentamente nos vengan a quitar, vamos a defender porque no somos invasores”.
Precisó que no son “invasores” porque los predios los pagaron al Invisur y ahora las autoridades para dar solución los quieren reubicar en Pedregoso o en San Agustín, donde “los terrenos están en conflicto y no están escriturados”.
Por su parte, el presidente de la Organización Democrática de Guerrero, Víctor Barrios Zarabia, dijo que apoyan a los habitantes porque tienen familias, y que es una “injusticia” lo que pretenden hacer.
Pidió al Invisur que intervenga porque los habitantes ya hicieron sus pagos.
El representante legal de las familias, Adrián Cruz, explicó que hay un decreto expropiatorio que emitió el ex gobernador René Juárez Cisneros y ejecutó el también ex gobernador Zeferino Torreblanca Galindo, que les dio posesión de los predios, sin embargo “apareció un propietario”.
“Sabemos de la existencia del juicio de amparo donde hoy (ayer) vino a ejecutar ese cumplimiento de sentencia del Juzgado Primero de Distrito, con sede en Chilpancingo, en el que supuestamente se revocó el decreto expropiatorio y las 27 familias tienen juicio en el juzgado civil de orden estatal, pero consideramos que tenemos el derecho para permanecer el predio”, dijo.
El abogado consideró que estas acciones violan el derecho a la vivienda de los vecinos, “porque iba a darse un intento de enfrentamiento y le pedí al licenciado que manifestara su impedimento hacia el cumplimiento de sentencia y evitar alguna problemática”.
El Sur en su pasada edición del 11 de enero informó que las familias que habitan en el predio fueron notificados que no podrán ser desalojadas hasta que el juez determine quién es el propietario, esto lo declaró el abogado.
Un día antes de su publicación, el director de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del estado, Ambrosio Hernández, acudió al predio, de unos 3 mil 500 metros cuadrados, donde la dependencia tomó posesión administrativa del lugar.
