Texto: Redacción / Agencia Reforma / EFE / Foto: Redes sociales
Ciudad de México, 8 de mayo de 2018. El presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, advirtió este martes que el proceso electoral está generando crispación, animosidad, polarización e incertidumbre entre grupos de la sociedad.
El ombudsman nacional también condenó la violencia política, en cualquier forma que se exprese. Y en ese contexto indicó: “Los ejercicios democráticos deben ser ocasión para encontrar vías de salida a los problemas que enfrentamos, no rutas rumbo a callejones sin salida de violencia, intolerancia y división”.
Al presentar un informe de la CNDH ante el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), González Pérez reiteró la alerta sobre la “normalización del horror” ante la violencia generalizada en varias regiones del país, reflejo de la descomposición institucional y social.
Como había hecho previamente al presentar su informe en otros foros y a a propósito de los comicios que concluirán con la elección presidencial del próximo 1 de julio, el titular de la CNDH advirtió que “México no puede sucumbir en la coyuntura de ningún proceso electoral, mucho menos sumirse en la contemplación pasiva de la violencia y la impunidad”.
“Respetemos siempre —dijo— la institucionalidad democrática, impulsando el cumplimiento de la ley y el reconocimiento, respeto y defensa de los derechos humanos”.
Entrevistado al final del evento, González Pérez pidió dejar atrás los discursos de odio que dividen y polarizan, y dijo que su mensaje contra la violencia política fue “para todos los sectores”.
En cuanto a la actividad de la CNDH ante la Corte, el ombudsman destacó que, entre 2014 y 2017, ese órgano promovió 34 acciones de inconstitucionalidad para pedir al máximo tribunal la invalidez de leyes, sobre todo locales, pero también federales como la polémica Ley de Seguridad Interior.
Del conjunto de nueve acciones que se resolvieron (en 2017), en 7 casos se declaró la inconstitucionalidad total o parcial de diversas disposiciones normativas que, desde la óptica de este organismo nacional, violentaban o propiciaban que se afectaran derechos fundamentales”, agregó González.
Por ello, demandó que las fuerzas políticas eleven el nivel de la discusión y que todos los sectores sociales y todas las personas tengamos altura de miras para ver propuestas de debates en que se confronten ideas, no personas.
Todo, dijo, en favor de un proceso electoral que permita dar cauce a las instituciones democráticas, al cumplimiento de la ley, “para que las mexicanas y mexicanos tengamos claras las plataformas electorales desde una perspectiva ajena a la polarización”.
E hizo un llamado a las autoridades a respetar la institucionalidad democrática mediante el impulso al reconocimiento de la ley: “Solo las normas y las instituciones que las materializan pueden rescatar y fortalecer la legalidad y el respeto de la dignidad de las personas ante cualquier entorno que las amenace”.
Indicó que es preocupante que la ciudadanía “normalice” el horror, que denota un Estado de derecho débil con amplia tolerancia al incumplimiento o aplicación discrecional de la ley.
En este entorno tan complejo, puntualizó, durante 2017 hubo 218 mil 695 personas que recurrieron al organismo para denunciar su caso.
El próximo 1 de julio se renovarán más de 3 mil 400 cargos, entre ellos los de presidente, diputados y senadores, ocho gobernadores y el jefe del gobierno de Ciudad de México.
Un total de 90 políticos han sido asesinados desde el pasado 8 de septiembre en México, cuando arrancó el proceso electoral, convirtiendo estos comicios no solo en los más grandes de la historia del país, sino también en los más violentos.
