Acapulco, Guerrero, 15 de octubre de 2017. El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos José María Morelos y Pavón (Centro Morelos) condenó el asesinato del ex presidente del PRD en Guerrero, Ranferi Hernández Acevedo. Y también condenó y reprobó el uso de la violencia policiaca contra integrantes de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM), luego de la represión ocurrida ayer en Morelia, Michoacán.
En un boletín de prensa, firmado también por el Colectivo Contra la Tortura y la Impunidad (CCTI), condenaron la criminalización de las manifestaciones que hace el gobierno de Michoacán contra los normalistas, exigieron que se deje de aplicar una política regresiva y criminalizadora contra los normalistas de la FECSM, y que el gobierno de dicho estado actúe respetando y protegiendo los derechos humanos de reunión, expresión y manifestación.
Recordaron que ayer normalistas de Ayotzinapa, Tiripetío y la FECSM protestaron tras la detención de un estudiante y fueron agredidos por policías antimotines con gases lacrimógenos, pistolas de aire, chorros de agua y golpes.
Y agregaron que los más de 60 detenidos fueron golpeados, sometidos a tortura química, aplastamiento y amenazados de desaparición forzada y ejecución “como les pasó a los 43” normalistas de Ayotzinapa desaparecidos, mientras que otros jóvenes fueron perseguidos en colonias aledañas a la Procuraduría, donde se habían manifestado.
Señalaron que el gobierno federal y los estatales “a la menor oportunidad” han aplicado operaciones policiacas llegando a disparar armas de fuego contra normalistas y recordaron varios casos entre los que se encuentran la agresión con gases lacrimógenos que sufrieron los padres de Ayotzinapa el 5 de abril en la ciudad de México y los disparos de policías estatales contra un autobús en el que iban normalistas el 13 de septiembre en Chilpancingo.
En otro boletín de prensa, el Centro Morelos también condenó la ejecución del ex presidente estatal del PRD, Ranferi Hernández Acevedo, su esposa, su suegra y su chofer ocurrida en Chilapa, y envió su pésame a los familiares.
Demandó una pronta investigación, que los asesinatos no queden impunes y que se investigue si hubo participación de algún nivel de gobierno y los asesinatos estén motivados por su lucha social.
Lamentó que se repitan hechos de violencia como éste “cuando pudieron haber sido evitados” si las autoridades cumplieran con sus responsabilidades en el contexto de una violencia que ha sido denunciada desde el año pasado por habitantes y organizaciones de la región.
Recordó la alta incidencia de ejecuciones, desplazamiento y desapariciones forzadas en la región, los ataques que llegaron a paralizar el transporte público de Chilapa a la capital y que las autoridades han incumplido con dar seguridad en las vías de comunicación.
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