Ciudad de México y Chilpancingo, Guerrero, a 15 de enero de 2026.-La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó ayer una suspensión que impide sancionar a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, por el supuesto desvío de 898 millones de pesos de recursos federales.
Lo anterior, mientras la Corte resuelve el fondo de una controversia promovida por el Ayuntamiento en junio de 2025, para cuestionar las facultades de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero (ASEG) para fiscalizar el manejo de recursos del presupuesto federal.
Por unanimidad y sin debate, la Corte declaró infundado un reclamo del Congreso de Guerrero, y confirmó la suspensión otorgada en junio por el entonces ministro Javier Láynez, en los siguientes términos:
“Se concede la suspensión solicitada para el efecto de que la ASEG no continúe con la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2023 del municipio de Acapulco de Juárez, relativo a la auditoría 2023-C-CIF-01-002-2024 que esté dirigida al Ayuntamiento como a cualquier otra autoridad o terceros, y para que no se ejecute ninguno de los actos derivados de la misma”.
Los actuales ministros coincidieron con Láynez en que existe la llamada apariencia de buen derecho como fundamento para conceder la suspensión y evitar sanciones, pues en el pasado se ha establecido que los recursos federales sólo pueden ser fiscalizados por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
En julio, la alcaldesa denunció ante la Corte que la ASEG violó la suspensión concedida por Láynez, pues le notificó sobre un informe de presunta responsabilidad administrativa. La Corte no ha resuelto si existió dicha violación.
En junio de 2025, la Corte había concedido suspensiones que protegían por tiempo indefinido a Abelina López ante ambos procedimientos legales. Este miércoles, en la sesión del pleno, los ministros, en su nueva alineación que comenzó en septiembre, ratificaron la decisión de sus antecesores.
El fallo ratificado este miércoles frena acciones derivadas de la controversia constitucional 174/2025, asunto en el que se reclaman la comprobación de 898 millones de pesos el ejercicio fiscal 2023 por parte de la Auditoría Superior del Estado de Guerrero.
El argumento de la presidenta municipal, es que la dependencia estatal no cuenta con las suficientes facultades para exigir comprobación de recursos de origen federal, como lo son los 898 millones, pues son recursos del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAIS), y al ser entregados por la federación la rendición de cuentas le corresponde a la Auditoría Superior de la Federación.
De igual forma, el blindaje legal que otorgó la Suprema Corte en su momento a Abelina López también incluye la controversia constitucional 176/2025, relacionada con la búsqueda de revocación de mandato de la presidenta municipal.
Pese al fallo de la Corte, puede el Congreso seguir el proceso contra Abelina: diputado
El presidente de la Comisión Instructora del Congreso local y diputado del PVEM, Arturo Álvarez Angli, estimó que el Legislativo puede continuar los procesos internos contra la alcaldesa de Acapulco Abelina López Rodríguez, pese la resolución de la Suprema Corte de Justicia.
Entrevistado en la sede del Legislativo, aclaró que aún va a revisar si la resolución faculta a la Comisión Instructora a emitir el dictamen, y presentarlo en el pleno.
Afirmó que los dos asuntos de revocación de mandato a cargo de esta Comisión están prácticamente desahogados, “estábamos en condiciones de hacer el análisis final, para el cierre de instrucción y proceso de dictaminación completa. Pudimos avanzar casi en todo, lo único que no podíamos era emitir el dictamen”.
Aclaró que a partir de la información periodística, parece que la Corte expresa que el Congreso puede continuar con los procesos sin resolver, lo cual ya realizaron como marcan los tiempos.
Sin embargo, se reservó hablar del sentido del proyecto “porque cualquier expresión que se realicen desde el Congreso local, se va a convertir en un rumor muy fuerte”.
Dijo que recibieron y atendieron las pruebas que presentaron las dos partes, dando el mismo valor probatorio, y van a resolver en función de los argumentos que tuvieron la oportunidad de hacer valer.
Opinó que en este momento, la Corte no ha dado la razón a ninguna de las partes en el juicio, “yo no interpreto ninguna resolución definitiva”.
Enfatizó que analizarán a fondo la resolución de la Corte, para determinar si la Comisión que preside está en facultades de ya emitir un dictamen.
Agencia Reforma, Juan Luis Altamirano y Lourdes Chávez
