Cuestionan la organización la narrativa oficial sobre este fenómeno y la falta de un instituto forense auténtico e independiente que no permita el entierro de los cuerpos no identificados en fosas comunes.
Iguala, Guerrero, 27 de noviembre de 2019. El colectivo Los Otros Desaparecidos de Iguala, integrado dos meses después de los ataques y la desaparición forzada de 43 estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, conmemoraron cinco años de trabajo con una marcha de protesta en la que denunciaron la inoperancia de Estado en la localización de sus familiares.
También cuestionaron la narrativa oficial de este fenómeno social y la falta de un instituto forense auténtico independiente, que no permita el entierro de los cuerpos no identificados en fosas comunes.
Con una marcha de más de 300 personas, muchas portando fotografías de sus familiares desaparecidos, en lonas sobre estructuras de madera y varillas, como estándares, partieron del estadio de fútbol general Ambrosio Figueroa, a las 10 de la mañana, rumbo al zócalo de la ciudad, en el monumento del asta bandera.
Entre ellos, se manifestó un grupo de niños con globos, vestimenta blanca y la consigna “vivos se los llevaron, vivos los queremos”, que corearon también “¿dónde están, dónde están, nuestros padres dónde están?”.
A las 11 de la mañana, en el acto público, la secretaria general de la organización, Adriana Bahena Cruz, señaló que el reto del gobierno federal es esclarecer la identidad de decenas de miles de cadáveres en los Servicios Médicos Forenses, para dar respuesta a las familias sobre sus parientes desaparecidos.
Indicó que en la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el número de desaparecidos subió a 13 cada día. Durante ese tiempo, fueron los colectivos de familiares los que se organizaron para buscar los restos de sus seres queridos, ante la inoperancia del Estado.
Indicó que durante estos cinco años, Los Otros Desaparecidos documentaron 346 casos de personas desaparecidas en el país, atendieron a poco más de mil familias, recuperaron 190 cuerpos que entregaron a servicios periciales de la antes PGR, de los cuales 44 fueron regresados a sus familiares; a la fecha están en proceso de entrega siete más.
Agregó también que localizaron a diez personas vivas, de las que se reservó sus datos por seguridad de las mismas
Señaló que el principal reto que asume esta asociación es esclarecer la identidad de los cuerpos que han encontrado, sin embargo, denunció que uno de los problemas que obstaculiza la identificación es la falta de criterios unificados en los sistemas ministerial y judicial, incluso en integración de datos biométricos, que posibiliten su identificación.
Para para avanzar hacia la justicia, urgió a las autoridades para que se cree un instituto forense realmente independiente, que no permita el entierro de cuerpos no identificados, sin agotar la posibilidad de que se trate de un desaparecido que se busca en alguna entidad federativa, así como la coordinación de todas las instituciones involucradas en el tema, y el correcto registro de datos, con un mismo protocolo en todo el país.
Luego del acto, los manifestantes caminando a las nuevas oficinas de Los Otros Desaparecidos, a unos 15 minutos del zócalo, en lo que era una bodega del Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero, indicó uno de los familiares.
A la hora señalada en el programa, a las 12 del día, comenzó el informe de cinco años de trabajo, con la presencia de representantes de la Subsecretaría de Derechos Humanos Población y Migración, de la Secretaría de Gobernación; de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Guerrero; en representación del gobierno estatal, el comisionado de la Búsqueda de Personas, Alfonso Arturo Silva, y de la Comisión Especial de Atención a Víctimas, Luis Camacho Mancilla, quien llegó tarde.
En la presentación del informe, Bahena Cruz recordó que desde hace 10 años en Iguala se conoce “de amigos, vecinos, conocidos y familiares que salieron de casa, escuela, el trabajo y se los comió la tierra, que cuando regresaban ya no encontraron el rumbo, que los agarraron policías en Chilpancingo o en un retén de militares”.
Lamentó que desde el 26 de noviembre de 2014, cuando este movimiento levantó la voz, “tristemente la situación no ha cambiado. Seguimos escuchando de desaparecidos, sigo viendo rostros tristes de niños que preguntan por sus padres”.
De los activos del colectivo, destacó que tienen el mejor equipo de buscadores de la República, y el presidente, Joel Díaz, pensó en el mecanismo de las varillas que muchos buscadores utilizan en todo el país, en la búsqueda de cuerpos.
Insistió en la urgencia de identificar los cuerpos depositados en los servicios médicos forense, y que por falta de presupuesto, en septiembre del año pasado, se paró un ambicioso proyecto para la conciliación de los análisis genéticos de 751 cadáveres, en referencia al proyecto que encabezaba la Cruz Roja en el estado.
Refirió que México sigue secuestrado por la violencia y Los Otros Desaparecidos seguirán trabajando hasta que las fuerzas les den, por trabajar con los niños y los jóvenes de los otros desaparecidos, para que se cambie la narrativa de los discursos oficiales sobre este fenómeno social.
Señaló que el leguaje institucional “está adelgazado y desgastado, ante la persistencia del horror”.
Sobre el método de trabajo de la organización, aclaró que la asociación tienden lazos de interlocución con las autoridades, con programas y agendas de trabajo que les permitan tener resultados, “las víctimas están cansadas de que muchos no ha podido superar el dolor y siguen pegando y pegando, lo que impide encontrar a los desaparecidos”.
Asimismo, dijo que el duelo y la atención psicosocial son parte de sus estrategias, para recomponer al sujeto como ser emocional, para una atención integral.
Confirmó que la única vía para bajar los niveles de violencia, es a través de la transformación de la vida de los niños, “aferrarnos a creer que somos y estamos capacitados para formar gente de bien, formadores de paz”.
Al final, Camacho Mancilla aseguró que las instituciones del estado, la Comisión Estatal de Búsqueda, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, las fiscalía generales y demás entes públicos, tienen el compromiso de atender los reclamos que presenten las organizaciones que tienen planteamiento propositivos.
Texto: Lourdes Chávez / Foto: Lenin Ocampo Torres
