Los disturbios se han cobrado 45 vidas –44 civiles y un policía– desde el 7 de diciembre. El primer ministro acusa a manifestantes de “sabotaje contra el Estado” tras los incendios en Puno. La Fiscalía recuerda a la presidenta peruana que no tiene la competencia para investigar delitos
Lima / Madrid, 21 de enero de 2023. Nuevos enfrentamientos se produjeron ayer en medio de las manifestaciones en Lima y en otras regiones del país contra la presidenta Dina Boluarte, que no dan tregua pese a los 45 muertos que dejan desde su inicio en diciembre.
Los choques se concentraron en las regiones La Libertad (norte), Arequipa y Puno (sur), con bloqueos de carreteras y batallas campales entre los manifestantes, que lanzaban piedras con hondas, y la policía, que repelía con gases lacrimógenos.
En la región de Puno, una turba quemó la comisaría del distrito de Zepita e incendió un puesto aduanero en Desaguadero, en la frontera con Bolivia, informó la televisión local.
En Arequipa, segunda ciudad del país, decenas de pobladores intentaron por segundo día consecutivo de invadir la pista de aterrizaje del aeropuerto, cerrado y resguardado por fuerzas del orden desde el jueves.
En tanto, miles de manifestantes desfilaron desde la tarde por Lima coreando a viva voz: “¡Dina asesina!”,”¡Esta democracia no es una democracia!, ¡Dina el pueblo te repudia!”.
La movilización se desarrolló de manera pacífica aunque entrada la noche hubo disturbios menores en el centro histórico de la capital.
Con una bandera de Yunguyo (pueblo al borde del lago Titicaca en la frontera con Bolivia) a la espalda y ataviada con un sombrero de paja blanco, Olga Mamani, de 50 años, afirma: “Queremos la renuncia de Dina. Si ella no renuncia, el pueblo no estará en paz”.
Mientras, un grupo de manifestantes ha ingresado ayer a las instalaciones de una mina en Cuzco, en el sur del país, para exigir a la compañía Antapaccay que cese sus actividades como muestra de solidaridad en las protestas contra el gobierno de Boluarte.
Tras un fracasado intento de negociación entre los trabajadores de la minera y los manifestantes para que no se produjeran ataques, han tenido lugar disturbios y la quema de vehículos y algunas zonas del campamento circundante, ha informado la emisora RPP.
La Policía Nacional de Perú ha llegado a la zona, aunque han sido atacados con piedras por parte de los manifestantes, elevando el ambiente de tensión en los alrededores de la mina.
El gobierno declaró el jueves el estado de emergencia en siete de las 25 regiones del país -incluyendo la capital y zonas del norte y sur del país- hasta mediados de febrero, habilitando así la intervención militar junto a la policía para controlar el orden público, según información de AFP.
Los disturbios se han cobrado 45 vidas -44 civiles y un policía- desde el 7 de diciembre, tras la destitución y detención del presidente de izquierda y de origen indígena Pedro Castillo, acusado de haber intentado un golpe de Estado al querer disolver el Congreso -controlado por la derecha- que estaba a punto de sacarlo del poder por presunta corrupción.
Fue reemplazado por Boluarte, quien fungía como vicepresidenta, pero es vista como “traidora” por los manifestantes.
Al menos una persona ha muerto y otras 38 han resultado heridas en el marco de una nueva ola de disturbios y enfrentamientos registrados en varios puntos de Perú durante la última jornada de protestas contra el gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, que llegó al cargo tras la destitución del expresidente Pedro Castillo.
En paralelo, la Defensora del Pueblo informó ayer que en la jornada del jueves murieron dos personas en las sureñas ciudades de Macusani, en la región Puno, y en Arequipa, a raíz de la represión ejercida por las fuerzas del orden. Hasta anoche, solo se había confirmado una de esas muertes.
El ministro del Interior, Vicente Romero, ha indicado ayer que un civil ha fallecido cuando un grupo de manifestantes trataban de asaltar el Aeropuerto Alfredo Rodríguez de Arequipa, en el sur del país. El hombre ha sido identificado como Juan Carlos Condori Arcana, de 30 años, que habría recibido un disparo en el abdomen.
Además, ha estimado que existen daños materiales en los aeropuertos de Cuzco, Puno y Arequipa. En esta última región, cerca de 300 personas han sido detenidas al intentar ingresar a la fuerza en el aeropuerto.
“Existe una acción debidamente concertada y planificada que obedece a intereses políticos, principalmente”, ha indicado Romero, asegurando que los manifestantes buscan aumentar el número de víctimas mortales.
Para el titular de la cartera de Interior, los ataques a sedes de diversas instituciones “evidencian que se quiere desatar el caos”.
En este sentido, ha detallado que durante la jornada de ayer han sido trasladados desde el departamento de Puno a centros médicos cuatro agentes de la Policía después de que hayan resultado heridos en enfrentamientos contra manifestantes, según la citada agencia.
El primer ministro peruano, Alberto Otárola, ha asegurado ayer que el incendio en la sede judicial de Macusani, en el departamento de Puno, fue “un sabotaje contra el Estado” llevado a cabo por los manifestantes en el marco de las protestas que piden la dimisión de Boluarte.
“Ha sido una toma que revela planificación y un sabotaje que se quería hacer”, ha afirmado en rueda de prensa, agregando que los efectivos de Policía “no cayeron en la provocación” de los manifestantes, según ha informado el diario La República.
Otárola ha indicado que la “toma” de la comisaría de Macusani en Puno no fue, por tanto, un acto de protesta, ya que “se puso en riesgo la vida e integridad” de los agentes de Policía. “Se quería hacer contra el Estado de derecho”, ha reiterado.
Mientras, la Fiscalía General de Perú ha recordado a la presidenta del país que es un órgano judicial independiente y que es quien tiene la competencia para investigar delitos, todo ello después de que la mandataria afirmara que la violencia registrada durante las protestas en el país “no quedarán impunes”.
En la misiva, el Ministerio Público ha reiterado que “la función de investigación del delito es una competencia constitucional” de la Fiscalía, la cual “se cumple con autonomía, independencia y sin ningún tipo de injerencia política, económica o mediática”.
El comunicado tiene lugar un día después de que Boluarte cargara en un discurso televisado contra los manifestantes violentos en “La Toma de Lima”, asegurando que caerá sobre ellos “todo el peso de la ley”.
Por otro lado, el enviado especial del Alto Comisionado de la ONU en Perú, Christian Salazar Volkmann, pidió ayer información al gobierno de Boluarte sobre las acciones realizadas para evitar las muertes en las protestas que tienen lugar en varios puntos del país. (Con información de Agencias).
Texto: Redacción / Europa Press
