Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan
Comunidades indígenas de la Montaña de Guerrero enfrentan un grave problema: el asedio de los grupos de la delincuencia organizada a sus territorios. En este año varias autoridades comunitarias han compartido esta preocupación en reuniones regionales y al interior de las comunidades ha sido un tema recurrente. Han comprendido que su entrada implicaría dejar en sus manos el control de sus bienes naturales y quedarían supeditados a los intereses macroeconómicos de agentes externos.
La amenaza parece inminente no sólo por la violencia que se está dando en las cabeceras municipales, sino porque empiezan a controlar rutas que utilizan para el trasiego de drogas. Lo más grave que han constatado es que en algunas localidades el consumo de drogas como el fentanilo y el cristal, se ha normalizado entre los jóvenes.
Esta situación no es atendida como un asunto prioritario por los tres niveles de gobierno, más bien han dejado que el mercado de la droga se expanda en las principales ciudades del estado y en las regiones donde los jóvenes no tienen trabajo ni cuentan con estudios de bachillerato.
Después de varios episodios de violencia en las comunidades indígenas de la Costa-Montaña, varias autoridades locales empezaron a analizar en sus asambleas las graves consecuencias que está generando la presencia del crimen organizado, que está causando terror en la región. El feminicidio de la joven Maricruz García Margarito consumado en marzo de 2023, en la comunidad de Cuanacaxtitlán, municipio de San Luis Acatlán, conmocionó a la población y evidenció el patrón de criminalidad que están aplicando sin distinción alguna.
El corredor de Azoyú, pasando por Cuanacaxtitlán hasta San Luis Acatlán dejó de ser una vía tranquila para los pobladores. Con el tiempo se ha transformado en una ruta peligrosa. No todos lo saben pero varios lugareños se dan cuenta por el paso constante de motocicletas manejadas por jóvenes de la región que son contratados por el crimen para distribuir el fentanilo y el cristal. En las comunidades de San Luis Acatlán, Iliatenco, San José Vista Hermosa, Santa Cruz del Rincón y Tierra Colorada ya existe una importante demanda sobre todo en la población joven. Se trata de dos cabeceras municipales que no representaban un lugar estratégico para estos negocios, sin embargo, la disputa territorial que se está dando entre los grupos rivales en las principales ciudades, sobre todo en Acapulco, se está extendiendo a cabeceras municipales pequeñas, que son un terreno fértil para inducir a los jóvenes al consumo de drogas, que provienen de comunidades indígenas y que acuden a la secundaria.
La entrada silenciosa de las drogas está causando estragos al interior de las comunidades. Se han suscitado varios asesinatos en las cabeceras municipales y hay varios casos de personas desaparecidas. A pesar de que las autoridades municipales tienen conocimiento de esta situación, se mantienen al margen, bajan la guardia y optan por establecer alianzas con los delincuentes a cambio de protección.
En enero de 2023, al parecer un grupo delincuencial emboscó a elementos de la Guardia Nacional que patrullaban el camino que va a la comunidad de Cerro Tejón, municipio de Iliatenco. En esta refriega un elemento resultó herido y posteriormente murió en el centro de salud del municipio. Se dio otro enfrentamiento, pero ahora con policías municipales en Cerro Cuate. En otro hecho de violencia un herrero fue asesinado en el centro de la cabecera municipal. El reclamo de la población no se hizo esperar. Exigieron al presidente municipal que tomara cartas en el asunto. En una asamblea general los habitantes de Iliatenco solicitaron la presencia de la Guardia Nacional. Para que su petición fuera tomada en serio, manifestaron que como núcleo agrario estaban dispuestos a donar un terreno para asegurar la presencia de la Guardia Nacional. En la región hubo cuestionamientos a lo que plantearon los habitantes de Iliatenco. Varias autoridades agrarias comentaron que la presencia de la Guardia Nacional no era garantía de que se abatiría la violencia, por el contrario, representaría un riesgo para la población que se organiza para defender su territorio. Tienen muy presente que en otros años, el Ejército entró a las comunidades, detuvo a jefes de familia, torturó y asesinó a varias personas, como sucedió en la comunidad de Tlaxcalixtlahuaca en 1977. En esos años, en lugar de tranquilidad la gente vivía atemorizada por estas tropelías cometidas por el Ejército y que hasta la fecha no se castiga a los responsables.
Lo que sucedió hace algunos meses en los núcleos agrarios de Pascala del Oro, Totomixtlahuaca y Mexcaltepec: entró un grupo de hombres armados a sus territorios, fue una provocación. La gente optó por no enfrentarlos, porque podía encenderse la mecha. En Tenamazapa miembros del crimen organizado se han apostado en las pequeñas tiendas para ordenar que suspendan sus compras y que ahora serán ellos los que surtirán de refrescos, pollos y bebidas alcohólicas.
En San Miguel del Progreso, Colombia de Guadalupe, Mesón de Ixtlahuac también llegó gente armada para cobrar una cuota por la construcción de la carretera artesanal. Estas incursiones que están realizando grupos de la delincuencia en municipios y comunidades de la Costa Montaña, donde opera la Policía Comunitaria, desencadenará un problema mayor si las autoridades federales no intervienen.
La inacción de las autoridades encargadas de la seguridad pública ha dejado crecer a las organizaciones delincuenciales en las siete regiones del estado. Hasta el momento no se ha implementado una estrategia orientada a desmontar la estructura delincuencial que persiste en un gran número de municipios, vemos más bien un efecto contrario, las autoridades municipales se han supeditado a los dictados de los jefes de las plazas, dejando a la población totalmente inerme.
Ante el asedio de los grupos de la delincuencia organizada en las comunidades indígenas y afromexicanas de la Costa Montaña, sigue latente la amenaza de las empresas mineras, que con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador siguen vigentes porque no canceló las concesiones autorizadas en sexenios anteriores. Actualmente existen 14 concesiones mineras en la Montaña y 15 en la Costa Chica, que abarcan 800 mil hectáreas. Es una superficie que abarca municipios importantes y que forman parte de las reservas boscosas y acuíferas de la Montaña.
La postura del presidente de la República para los emporios mineros es un resquicio clave que les permitirá seguir explotando el mineral a costa de la destrucción del hábitat. Se sienten respaldados al no cancelarse las concesiones, por eso en la última convención minera que realizaron en Acapulco, plantearon abiertamente la reactivación de la exploración minera.
Esa noche del 24 de octubre el Otis hizo sentir su furia ante tanta devastación ecológica que se ha causado en las costas y serranías de Guerrero.
Ante estas amenazas los pueblos de la Montaña y la Costa Chica se han organizado para proteger sus territorios. A través del Consejo Regional de Autoridades Agrarias en Defensa del Territorio (Craadet) han conformado un espacio propio para compartir lo que pasa dentro de sus territorios e implementar acciones eficaces que fortalezcan internamente sus mecanismos de defensa y cuidado de sus bienes naturales. Han elaborado sus estatutos comunales como parte de sus leyes comunitarias que las autoridades de los tres niveles de gobierno tienen que reconocer y respetar. Como Craadet se han declarado como territorios libres de minería y han solicitado a los municipios de San Luis Acatlán, Malinaltepec e Iliatenco que sus cabildos también asuman el compromiso de los pueblos de declarar a sus municipios libre de minería. Sus esfuerzos lograron que el cabildo de San Luis Acatlán firmara una acta donde se comprometen a que durante su administración se negarán permisos y viabilidad de prospección, exploración y explotación de actividades mineras. Además de no otorgar el permiso para el cambio de uso de suelo. Para que este acuerdo surta los efectos deseados es necesario que se notifique al Congreso del Estado y se publique en el periódico oficial del estado.
El ejercicio del derecho a la libre determinación de los pueblos se construye desde la base comunitaria, protegiendo su territorio y elaborando leyes forjadas en las asambleas para hacer frente a las amenazas del modelo extractivista minero.
Las amenazas a los territorios comunitarios no sólo provienen de las empresas extractivistas que se han asentado en la parte norte del estado y que siguen poniendo en la mira los territorios de la Montaña y la Costa Chica, lo más peligroso es la proliferación de grupos del crimen organizado que tienen el camino libre para desplazarse e incursionar en comunidades para imponer su ley.
A pesar de sus acciones violentas que han atentado contra la vida de muchas personas no hay autoridad que proceda penalmente contra los responsables, ni la fuerza del Estado que haga valer la ley y que someta a los que delinquen. La ausencia de las autoridades del estado en las regiones ha cedido el espacio a las fuerzas del crimen organizado que se han posicionado territorialmente y se han erigido como el poder real en Guerrero. En los 81 municipios las autoridades municipales han sucumbido ante los jefes de las plazas.
Es preocupante que en los municipios pobres y marginados también padezcan el flagelo del consumo de drogas con los jóvenes que con muchas dificultades logran estudiar la secundaria y el bachillerato. Es inadmisible que en estos lugares abandonados llegue con suma facilidad el fentanilo y el cristal, y que de parte de las autoridades no tengan disposición para proporcionar alimentos y abatir la desnutrición, tampoco hay voluntad para enviar materiales didácticos que incentiven en los niños y jóvenes el gusto por las ciencias y las artes.
Los pueblos de Guerrero nunca han bajado la guardia ante las amenazas de los enemigos, siempre han dado la batalla en condiciones adversas. Ante la inacción de las autoridades implementan acciones comunitarias que protegen sus territorios y salvaguardan sus derechos. La Policía Comunitaria es el sistema que vela por la seguridad de la gente y está atenta a lo que determine la asamblea, para hacer frente a las amenazas que se ciernen contra los pueblos. La Craadet seguirá también vigilante ante las acechanzas de las empresas extractivistas para activar sus protocolos de seguridad territorial.
