Texto: Zacarías Cervantes / Foto: Jessica Torres Barrera
Chilpancingo, Guerrero, 10 de septiembre de 2018. A cinco años de los daños provocados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel, el fraccionamiento Nuevo Mirador de Chilpancingo se convirtió en el emblema de la reconstrucción de viviendas del Plan Nuevo Guerrero, no sólo porque es el de mayor número de casas construidas y familias reubicadas, sino por la corrupción, tráfico de influencias y negligencia administrativa que han acompañado a la tragedia, la desesperación y la necesidad de las familias que resultaron damnificadas y reubicadas allí.
La unidad habitacional, que a lo lejos luce alegre por el colorido de los edificios, deprime al adentrarse en sus calles destrozadas, sus edificios cuarteados, y departamentos con filtraciones de agua y sin servicios (con excepción de la energía eléctrica).
En el fraccionamiento, donde en junio pasado fueron demolidos 32 departamentos por deficiencias en su infraestructura y por haber sido levantados en un terreno inestable e irregular, no hay un centro comercial, mientras que el centro de salud fue construido con tablas y lámina por los propios vecinos por la necesidad del servicio médico.
Asimismo, las familias aún no han recibido las escrituras de sus respectivos departamentos y por falta del documentos no pueden acreditar la propiedad del predio, y, como consecuencia, los maestros no pueden gestionar la construcción de las escuelas telesecundaria y primaria que actualmente funcionan en galeras de madera, lámina galvanizada y piso de tierra, denunciaron los vecinos en un recorrido realizado este viernes 7 de septiembre.
Al Nuevo Mirador fueron reubicadas familias damnificadas que vivían en las márgenes del río Huacapa, particularmente, en la parte norte de la ciudad, entre éstas la San Carlos, Valle Verde Norte, María Dolores, Invisur, Jacarandas, Azteca, Amate, Industrial, San Rafael Norte, Bugambilias, Huacapita, Villas Silvestre, Villas Laurel, Galeana, San Juan, Electricistas, La Lobera, Libertad, Juárez y Morelos.
También, familias que vivían en barrancas y zonas de alto riesgo como la Bella Vista, Obrera, Chuchululuya y Apatzingo.
En este fraccionamiento inicialmente se programó construir mil 100 viviendas y se prometió infraestructura urbana como escuelas, mercado y centro de salud. Sin embargo, por las propias recomendaciones de Protección Civil los trabajos se detuvieron cuando tenían 598 casas, y todavía de éstas, 32 de la manzana 2-B, no pudieron ser habitadas por daños estructurales y el 21 de junio pasado comenzaron a ser demolidas.
En el recorrido del 7 de junio pasado se observaron aún los escombros y las ruinas de las 32 casas demolidas y como símbolo de la corrupción.
Las 32 viviendas demolidas fueron construidas por una empresa contratada por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano (Sedatu) y los habitantes sólo las usaron del 23 diciembre de 2015 al 5 de enero de 2016, debido a que tenían cuarteaduras y fisuras que les provocaban humedades y filtraciones, y fueron declaradas inhabitables por riesgo de un colapso, debido a que, además, en el subsuelo hay una falla geológica que provocó que las viviendas se inclinaran y registraran grietas en techos y paredes.
Datos proporcionados por la delegación de la Sedatu establecen que las 32 casas tuvieron un costo de más de 15 millones de pesos, a esto se debe sumar los otros 2.5 millones invertidos para su demolición. Mientras que la reconstrucción tendría un costo de 6.5 millones de pesos.
Las 32 viviendas estaban asentadas en una manzana completa de las 10 que había en total en el fraccionamiento.
Oliva Castro, quien era beneficiaria de una de estas casas, recordó que desde en 2016 Protección Civil del Estado de Guerrero, así como un experto externo emitieron un dictamen donde señalaron que una parte de este fraccionamiento no era apto para vivir y que desde entonces pidieron a la Sedatu la demolición de las viviendas, pero que los funcionarios habían hecho caso omiso y que fue hasta junio pasado que se acató la recomendación.
El resto de las viviendas, por igual, no se encuentran en buenas condiciones, pero las familias que las habitan no se han salido porque carecen de un lugar donde vivir y prefieren vivir en riesgo que pagar una renta, pues la mayoría son de escasos recursos económicos.
Francisco Alonso, quien es albañil y habita en la manzana 3, denunció que casi todas las casas, presentan fisuras, y que la suya tiene filtraciones de agua en techos y paredes.
“Ya nos cansamos de denunciar esto a Sedatu, no nos hace caso, y yo por mi propia cuenta he corregido las fallas”.
Recordó que por las fallas, la Sedatu inició denuncias penales contra las empresas que construyeron las viviendas, Casaflex, Jumen, Piccino y Desarrollo Industrial, sin embargo éstas se declararon en quiebra para no tener que seguir dando el mantenimiento y corrigiendo las fallas que están presentando las viviendas, y ahora será hasta que exista una resolución judicial cuando se les obligue a resarcir los recursos que cobraron por la edificación de las viviendas que no tienen las condiciones mínimas para ocuparlas.
El albañil dijo que en algunas viviendas como en la manzana donde vive hay asentamientos en los pisos, “lo que hace pensar que tarde o temprano otras viviendas deberán ser también demolidas como las de la manzana 2-B.
Los representantes de los vecinos denunciaron, también, que la Sedatu no ha entregado las escrituras de las casas a las familias, como se comprometió desde hace un año.
La corrupción y negligencia inició desde la adquisición del terreno en el periodo del entonces delegado de la Sedatu y ex presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) del Congreso local, Héctor Vicario Castrejón, pues se incumplió con los estudios de impacto ambiental y no fue adquirido la totalidad del predio para construir en la misma zona las mil 100 viviendas que estaban programadas.
Por irregularidades como ésta que se repitieron en la mayoría de los 42 fraccionamientos en distintas partes del estado en donde serían reubicados a los damnificados el ahora ex diputado fue inhabilitado por la Secretaría de la Función Pública (SFP) por un periodo de 10 años.
Según los vecinos consultados, Vicario Castrejón habría negociado con las empresas que construyeron las viviendas, mismas que presentaron un modelo de construcción prefabricado, que se instaló sin cimientos, y sólo con unas planchas de concreto a ras de piso.
El modelo que se empleó en estas viviendas no fue el que se había anunciado inicialmente, pues en el modelo original que presentó el entonces secretario de Sedatu, Jorge Carlos Ramírez Marín, era un proyecto en el que cada vivienda sería individual, con dos recámaras y con la posibilidad de ampliarla a futuro, sin embargo, se ejecutó un sistema de departamentos prefabricados.
Los vecinos recordaron que desde el inicio de la construcción hubo alertas por parte de Protección Civil del estado sobre la composición del suelo arcilloso que se vuelve inestable con la humedad, situación que al tiempo vino a demostrar que el proceso constructivo no era el adecuado para este terreno, pues los deslizamientos que se presentaron ocasionaron que las viviendas se cuartearan.
Además de las fallas estructurales de las viviendas que mantiene en riesgo a las familias, éstas carecen de los servicios elementales y son parte del incumplimiento de las autoridades.
Por ejemplo, carecen de un acceso propio debido a que desde hace un año se encuentra suspendida la construcción de un puente vehicular que atraviesa la Autopista del Sol México-Acapulco, porque el alcalde Marco Antonio Leyva Mena incumplió compromisos con el propietario del terreno donde cae un extremo de la estructura del puente.
El dueño del predio solicitó obras de urbanización en la zona a cambio del terreno donde se construiría parte del puente. Sin embargo el alcalde retrasó las obras y el dueño paró la obra ya cuando estaba a más del 80 por ciento.
Las familias que viven en este fraccionamiento tampoco contaban con un centro de salud, hasta que ellos mismos construyeron uno con tablas y techo de láminas en la entrada de la unidad habitacional, que es atendido por una enfermera que voluntariamente aceptó prestar el servicio a los vecinos.
El servicio de agua también es irregular, y la mayoría de las familias se surten de pipas, debido a que la red que les instalaron tuvo fallas desde el principio y aún no ha sido reparada.
El fraccionamiento tampoco cuenta con escuelas regulares. El director encargado de la telesecundaria, informó que aun cuando el Instituto Guerrerense de la Infraestructura Física Educativa (IGIFE) ya realizó el estudio técnico no se puede construir la escuela porque les hace falta la clave educativa.
Informó que los padres de familia y los maestros llevan ya dos años gestionando la clave ante la Secretaría de Educación Guerrero (SEG) para que puedan enseguida gestionar la construcción de la escuela.
Actualmente los 45 niños estudian en dos aulas de tablas, techo de lámina de cartón y piso de tierra. Mientras que lo que sería la dirección el 5 de septiembre aún carecía de techo. El director informó que el sábado y el domingo pasados los padres y los maestros colocarían el techo y pondrían el piso a las dos aulas en donde trabajan los niños.
Informó que por la falta de la clave escolar, los documentos de los niños los validan con la clave de escuelas de la zona 55 a la que pertenecen.
Por su parte el encargado de la dirección de la escuela primaria, también con clave en trámite, explicó que el problema es que no pueden construir porque el terreno aún no ha sido legalizado y que el IGIFE no puede construir en terrenos que no tienen certeza jurídica.
A la escuela primaria acuden 150 niños y tiene seis aulas también construidas de tablas y techo de madera con piso de tierra y los documentos los validan con clave de escuelas de la zona 05.
El 7 de septiembre las familias que viven en las casas de la parte alta carecían, además, de un acceso pavimentado pues por la inestabilidad del terreno hubo hundimientos en el pavimento en la entrada de la unidad habitacional y se encontraba en reparación y los vecinos tenían que rodear por una brecha de terracería entre lodo y escurrimientos de agua.
