Denuncia la organización comunitaria que hay complicidad de la corporación con el grupo criminal Los Ardillos. Por tercera vez no asistió el fiscal De los Santos a una reunión programada en la que 14 comunidades le entregarían sus demandas.
Rincón de Chautla, Guerrero, 31 de mayo de 2019. Por tercera vez, el fiscal general del estado, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, no llegó ayer a Rincón de Chautla, municipio de Chilapa, donde lo esperaban autoridades de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF) de 14 comunidades para entregarle sus demandas.
Al final, sólo llegaron funcionarios menores del gobierno del estado, de la Fiscalía General del Estado (FGE) y el síndico municipal de Chilapa, a quienes solamente les entregaron su pliego petitorio pero no hubo acuerdos.
Mientras tanto, el coordinador de la CRAC-PF, David Sánchez Luna, denunció que hay complicidad de la Policía Estatal con el grupo delictivo de Los Ardillos y su Policía Comunitaria Por la Paz y la Justicia.
Dijo que primero hubo presión del gobierno del estado para que liberaran a Claudio Tecorral Palatzin, sobrino del líder del grupo Por la Paz y la Justicia, Tranquilino Palatzin Tranquero, quien está detenido junto con otras dos personas por el asesinato del comandante regional de la Policía Comunitaria, Bartolo Hilario Morales y del policía comunitario Isaías Xantenco Ahuejote.
Añadió que posteriormente, el 26 de mayo, dos días después de su detención, intentó entrar a Rincón de Chautla con engaños un convoy de 17 camionetas entre patrullas de la Policía del Estado y de la gente del grupo Por la Paz y la Justicia, todos encapuchados para que no los reconocieran, y entre ellos iba Audencio Lucas Rosario para rescatar a los detenidos.
Audencio es uno de los señalados como responsables directos junto con Tranquilino Palatzin Tranquero y Lázaro Cocotzin Morales del asesinato de sus dos compañeros de la Policía Comunitaria.
Explicó que ese día la Policía Estatal iba a pedirles a los detenidos pero que se enteraron que entre los policías iba gente del grupo Por la Paz y Justicia encabezados por Lucas Rosario, “quien llevaba la orden de dispararnos”.
Sin embargo agregó que antes de que entraran al pueblo, en donde ya había mujeres con palos y varillas y comunitarios atrincherados, la Policía Comunitaria les pidió que se quitaran las capuchas, y la patrulla en la que iba Audencio Lucas se regresó, “si no, esto se hubiera convertido en un desmadre”, dijo el coordinador.
Informó que el sobrino del líder del grupo Por la Paz y la Justicia, Tranquilino Palatzin Tranquero, Claudio Tecorral, fue quien “puso el dedo” al coordinador de la Policía Comunitaria Bartolo Hilario Morales y al policía comunitario Isaías Xantenco Ahuejote, el día que los mataron.
Mientras que los otros dos detenidos, Lázaro Cocotzin Morales y una mujer eran halcones.
Reiteró que los detenidos señalaron a Tranquilino Palatzin Tranquero, presidente del grupo Por la Paz y la Justicia, Audencio Lucas Rosario, comandante de esa Policía Comunitaria, y a Lázaro Cocotzin Morales como los responsables directos del asesinato de Bartolo Hilario Morales e Isaías Xantenco Ahuejote.
También dijo que ahora saben que en los 20 pueblos en donde hay Policía Comunitaria de la CRAC-PF hay 100 halcones que informan de sus actividades al grupo Por la Paz y Justicia y que ya existe un plan de la Comunitaria para detenerlos, aunque reconoció que muchos ya se fueron.
Contó que el propio Claudio Tecorral dijo en sus declaraciones a la CRAC-PF que el grupo Por la Paz y la Justicia los presiona para que trabajen con ellos y que el día que faltan les cobra mil 500 pesos.
Incluso les aseguró que cuando lo liberen ya no va a regresar a su comunidad y que se quedará en territorio comunitario, porque si regresa lo matan.
Los tres detenidos ya realizarán trabajo comunitario en los pueblos, “aquí no es cómo piensa el gobierno, están en reeducación, van a dar servicio a los 14 pueblos donde ya está constituida la CRAC-PF, serán 15 días por cada uno de ellos”, explicó.
El coordinador mencionó que otro incidente con la Policía Estatal ocurrió el día en que se encontraron los cuerpos del comandante regional de la Policía Comunitaria y el policía comunitario.
Contó que los elementos de la corporación estatal les recriminaron a los policías comunitarios que por qué fueron al lugar del levantamiento de los cuerpos, “nos dijeron que nosotros íbamos con pistolas y nomás a estorbar, que nuestras pistolas y escopetas no nos iban a servir de nada”, dijo que tomaron esa expresión como una amenaza.
Reconoció que cuando reportaron todos estos incidentes con la Policía Estatal, los militares los sacaron del territorio comunitario.
Las autoridades de la CRAC-PF se inconformaron ayer también, porque otra vez no fue el fiscal, a pesar de que les habían confirmado su asistencia. Los funcionarios que asistieron les dijeron que tuvo otras actividades.
Con esta ya son tres veces que los deja plantados; la primera vez fue el 26 de mayo, la segunda el lunes pasado y la tercera ayer.
Durante la reunión y mientras estuvieron presentes los funcionarios del gobierno y de la Fiscalía, en el pueblo un grupo de mujeres, algunas con armas de fuego y otras con palos y varillas, resguardaron la comandancia regional en donde se encuentran los detenidos ante el riesgo de que los funcionarios que llegaron con policías ministeriales y estatales intentaran llevárselos.
Las demandas que plantearía la CRAC-PF al fiscal son la liberación de uno de sus compañeros detenidos en Chilapa desde hace dos años, Godofredo Cortés Reyes, el desistimiento de 66 órdenes de aprehensión y averiguaciones previas en contra de miembros de la CRAC-PF, además, la devolución de los vehículos decomisados por la CRAC-PF, entre éstas las cinco camionetas que dejaron abandonadas los miembros del grupo Paz y la Justicia el 27 de enero pasado cuando atacaron al pueblo.
Asimismo, la búsqueda de 12 de sus compañeros desaparecidos del 19 de diciembre del año pasado en Paraíso de Tepila, así como de la pareja desaparecida en Xochitempa Martín Salgado de Jesús y María Ricarda Xochitempa Chautla.
Sánchez Luna dijo que la gente de los pueblos ya se está desesperando porque llevan tiempo con esas demandas “y el gobierno, hasta ahorita, no nos ha dicho cuándo nos va a resolver”, informó que ni si quiera las actas de defunción de las víctimas les han entregado en el gobierno del estado ni el Ayuntamiento.
El coordinador informó que los funcionarios, encabezados por Miranda Huesca, dijeron que el fiscal irá el 15 de junio para atender la demanda del desistimiento de las órdenes de aprehensión y averiguaciones previas en contra de 66 integrantes de la CRAC-PF,
Informó que, además, se trajeron los nombres de las personas que tienen procesos penales abiertos para que se revisen en la Fiscalía.
Asimismo, se comprometieron a entregar un oficio al presidente municipal, Jesús Parra para la devolución de la camioneta de Modesto Verales Sebastián, quien fue asesinado el 4 de mayo junto con Lucio Bartolo Faustino en Chilapa y desde entonces no les han liberado la camioneta. Añadió que el compromiso fue que la camioneta se las devolverá el próximo miércoles.
Aun cuando la CRAC-PF ha estado insistiendo en que haya un operativo de seguridad en la carretera Chilapa-Crucero Rincón de Chautla, ayer no se vio vigilancia de ninguna corporación en ese tramo , salvo el puesto de revisión militar en la desviación hacia ese pueblo, mismo que se instaló a raíz de que escaló la violencia en esa zona.
Texto: Zacarías Cervantes
