
Dan prisión preventiva a tres funcionarios cercanos al ex presidente Rafael Correa por supuesta participación en un plan de desestabilización durante las protestas a nivel nacional, que duraron cerca de dos semanas. La Defensoría del Pueblo eleva a ocho el número de fallecidos, pero el gobierno sólo reconoce seis. Moreno designa nuevos jefes militares en Fuerzas Armadas.
Quito, Ecuador, 16 de octubre de 2019. El presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, anunció su intención de formar un partido político para poder participar en las elecciones presidenciales de 2021, tras las multitudinarias protestas contra el gobierno de Lenín Moreno.
“Estamos pensando en ser una opción política para las elecciones de 2021. Eso es lo que pide el pueblo, no lo digo yo”, reveló Vargas en una entrevista concedida a la agencia de noticias Sputnik que se publicó ayer.
El líder indígena ha precisado que la Conaie quiere crear una “plataforma política” con la que “aglutinar a todos los sectores de centro y de izquierda en términos ideológicos”, el mismo caladero de votos de la Alianza PAIS de Moreno.
Vargas se ha mostrado seguro de que en la próxima cita con las urnas “la Conaie será el partido políticamente más fuerte por todo lo que ha hecho por el pueblo ecuatoriano”. “Siento y percibo que posiblemente tengamos un nuevo presidente que sea del movimiento indígena”, ha augurado.
El jefe de la Conaie ha confesado que “muchos” le han señalado como “futuro presidente”, si bien se ha mostrado prudente. “El pueblo es el que decide. Lo único que he hecho es sostener y apoyar los objetivos de los ciudadanos”, ha declarado.
Interrogado sobre Revolución Ciudadana, el partido creado por el ex presidente Rafael Correa tras su ruptura definitiva con Moreno y Alianza PAIS, que también se sitúa en la izquierda, Vargas consideró que está acabado.
“Para nosotros, el correísmo ya no existe. Nosotros queremos construir una nueva agenda política desde nuestros espacios y territorios para aglutinar a todos los sectores sociales y conformar una propuesta única y global”, ha indicado.
Vargas ha considerado que “la Conaie se ha ganado la confianza de los ciudadanos”, a pesar de que “la gente que vive en la ciudad nada tiene que ver con el movimiento indígena”, lo cual “impulsa a procesos políticos”.
Van contra aliada de Correa
La gobernadora (Prefecta) de la provincia ecuatoriana de Pichincha, Paola Pabón, tiene desde ayer orden de prisión preventiva emitida por la Corte de Justicia de esa provincia, según reportó el diario El Universo.
La medida contra la política opositora y cercana al ex presidente Rafael Correa forma parte de las investigaciones por su supuesta participación en un plan de desestabilización durante las protestas a nivel nacional que duraron cerca de dos semanas.
Para el asesor de la Prefecta, Christian G., también se emitió orden de prisión preventiva y su otro colaborador Pablo D. tendrá que presentarse periódicamente ante las autoridades.
Los tres fueron detenidos el lunes en allanamientos realizados por la Fiscalía, como parte del operativo “Relámpago”.
Se les abrió instrucción fiscal de 90 días por el presunto delito de rebelión.
Según El Universo, en los allanamientos las autoridades hallaron carteles e informes de pagos para manifestantes que mantuvieron más de diez días de protestas contra medidas económicas del presidente Moreno.
El fiscal provincial Alberto Santillán sustentó la acusación de que Pabón y sus colaboradores habrían financiado “el cometimiento de los hechos vandálicos sucedidos entre el 2 y 12 de octubre, actos que sobrepasaron el derecho a la resistencia que poseen constitucionalmente todos los ecuatorianos”, según indicó la Fiscalía en su página web.
Las protestas, protagonizadas por los indígenas, aunque también ha habido participación de sindicatos y estudiantes, comenzaron el 1 de octubre, cuando Moreno dio a conocer el “paquetazo” de ajustes económicos pactado con el FMI a cambio de una inyección de 4 mil 200 millones de dólares.
Las partes iniciaron el domingo un diálogo, bajo los auspicios de la ONU y la Conferencia Episcopal, en el que el gobierno se comprometió a dar marcha atrás en su medida más polémica, la eliminación de los subsidios al combustible, y los manifestantes a poner fin a las protestas.
Moreno derogó el decreto 883 el lunes y accedió a negociar con los indígenas los nuevos ajustes económicos, para lo cual debían reunirse ayer, aunque la sesión ha sido pospuesta, según han informado los mediadores, por razones que no han trascendido.
El presidente ecuatoriano ha acusado directamente a su antecesor en el cargo y antiguo aliado, Rafael Correa, así como a sus socios, entre ellos el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, de orquestar las protestas para derrocar a su gobierno en un “golpe de Estado”, algo que ambos han negado.
Por otro lado, ocho personas han muerto a causa de los disturbios desatados durante las protestas de la última semana contra el gobierno de Moreno, según informó ayer la Defensoría del Pueblo de Ecuador, si bien la ministra de Interior, María Paula Romo, ha cifrado en seis los fallecidos, manteniendo así la discrepancia en el balance de víctimas.
Así también, Moreno designó ayer a nuevos jefes militares al mando del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Terrestre.
Moreno realizó las designaciones después de que el lunes retornó la calma al país tras concluir una ola de violentas protestas protagonizadas por el movimiento indígena y sectores sociales en rechazo a las medidas adoptadas por el gobierno.
Mediante el Decreto Ejecutivo 895, firmado por el mandatario, se designó al general de división Luis Lara Jaramillo como nuevo jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, en reemplazo de Roque Moreira.
El nuevo titular del Comando Conjunto se desempeñaba como jefe del Estado Mayor del ejército ecuatoriano.
Texto: Agencia Reforma / Foto: Xinhua
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