Quienes bloquearon la Autopista del Sol en contra de las autodefensas son integrantes del grupo delictivo, señala. Quitan la protección a Jesús Plácido “por ayudar a comunidades desplazadas, por hacer su trabajo de defensor de la vida y del territorio”, informa
Chilpancingo, Guerrero, 6 de febrero de 2026. El Congreso Nacional Indígena (CNI) denunció mediante un comunicado a los gobiernos federal y estatal de criminalizar al Consejo Indígena y Popular Emiliano Zapata (Cipog-EZ), luego de su participación en la “caravana humanitaria” para regresar a 50 familias desplazadas por el grupo delictivo Los Ardillos a comunidades de Juan R. Escudero (Tierra Colorada).
“La narrativa cambia, los asesinos Ardillos ahora son las víctimas y los defensores de la vida y del territorio los criminales”, señala, luego de que tras la “caravana”, pobladores de comunidades de Juan R. Escudero, Tecoanapa y de la zona rural de Acapulco bloquearon la Autopista del Sol el lunes pasado en contra de la irrupción, lo que originó que autoridades federales y estatales se reunieran con los dirigentes de ese grupo.
En lo que el CNI llama “caravana humanitaria” participaron también el 30 de enero, la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias de los Pueblos Fundadores (CRAC-PF).
En el pronunciamiento se señala a quienes bloquearon la Autopista del Sol como integrantes del grupo delictivo Los Ardillos, y reseñan algunas de las agresiones que ha sufrido el Cipog-EZ por ese grupo.
Refiere que el 7 de marzo de 2021, cuando regresaban de una asamblea en el municipio de San Marcos con policías comunitarios de la Costa Chica, “el grupo narco-paramilitar Los Ardillos”, emboscó en la carretera a integrantes del Cipog-EZ con armas de grueso calibre AK-47 y AR-15.
En el ataque murió Jordán Terjiño Luna y quedaron heridos Adán Linares Silverio, Guillermo Hilario Morales, Alberto Zoyateco Pérez.
De acuerdo con el pronunciamiento del CNI, de los tres sobrevivientes, el 5 de noviembre de 2022 fueron emboscados y asesinados Adán Linares Silverio y Guillermo Hilario Morales por el mismo grupo delincuencial.
En tanto que el último sobreviviente, Alberto Zoyateco Pérez fue secuestrado el 1 de agosto de 2024 y trasladado a Quechultenango, donde fue torturado y asesinado por Los Ardillos.
“Este ciclo de muerte es sólo un ejemplo de la guerra de exterminio que viven las comunidades pertenecientes al Cipog-EZ y desde 2018 a la fecha, suman ya 70 asesinatos y 25 desaparecidos. Los asesinos son Los Ardillos”, señala la agrupación, a la que pertenece el Cipog-EZ.
Ponen “pausa al mecanismo” de protección
Indica que en el 2021 con el acompañamiento de la Misión Civil de Observación Sexta (MCO-S), “tras la presión del Estado”, el promotor del Cipog-EZ, Jesús Plácido Galindo entró al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Sin embargo, informan que el 3 de febrero pasado fue notificado que “por ayudar a comunidades desplazadas, por hacer su trabajo de defensor de la vida y del territorio y como consecuencia de las protestas que el grupo del crimen organizado Los Ardillos hizo el 1 de febrero de 2026 en la Autopista del Sol, donde señalaron públicamente a nuestro hermano Jesús Plácido Galindo como responsable de la entrada de los comunitarios a comunidades de los municipios Juan R. Escudero y Tecoanapa, “le pondrían pausa al Mecanismo”.
El CNI subraya que las comunidades a las que querían entrar los policías ciudadanos (policías de la UPOEG) son las que viven “bajo el terror de Los Ardillos”.
Agrega que el argumento que usó el responsable de asignar el Mecanismo de Protección, Ricardo Pavón, es que era una orden de sus superiores, por la entrada de la UPOEG, las Policías Ciudadanas, la CRAC-PF y el Cipog-EZ, a comunidades controladas por Los Ardillos.
“Argumentó, también, que entre esas organizaciones hay algunas señaladas de estar infiltradas por grupos delincuenciales”.
EL CNI cuestiona que, de este modo, “en vez de llevar la paz a las comunidades y desarticular al grupo delincuencial que nos viene asesinando, el Estado decide criminalizar a nuestro hermano Jesús Plácido Galindo y poner su vida en riesgo”.
Explica que el 30 de enero, El Cipog-EZ “acompañó una caravana humanitaria”, integrada por periodistas y observadores de derechos humanos, a 10 comunidades de los municipios de Tecoanapa y Juan R. Escudero, a petición de 50 familias desplazadas por Los Ardillos.
“Dejamos claro, también, que nuestro compañero Jesús Placido Galindo, aun contando con el Mecanismo de Protección solicitó apoyo del Ejército, Guardia Nacional y Gobierno del Estado de Guerrero, pues al entrar a las comunidades de Rancho Viejo y la Estrella Guerrero fueron agredidos con armas de alto poder y drones que les lanzaron bombas en repetidas ocasiones, a pesar de esto, las corporaciones de seguridad se negaron a dar el acompañamiento”.
Argumenta que las tres agrupaciones que participaron en la “caravana humanitaria” lo hicieron para acompañar a las comunidades abandonadas a su suerte por el Estado”.
Cuestiona: “nos parece grave que el Estado no escuche a los pueblos y a los defensores de la tierra y del territorio, por el contrario, tras el narco-bloqueo de Los Ardillos en la Autopista del Sol obligaron al Estado a quitarle el Mecanismo de Protección a Jesús Plácido; la narrativa cambia, los asesinos Ardillos ahora son las víctimas y los defensores de la vida y del territorio los criminales”.
Denuncia que la criminalización al Cipog-EZ es porque ha denunciado “la complicidad de Los Ardillos con el gobierno del estado de Guerrero”, así como la “omisión del gobierno federal” en los problemas del estado.
Derivado de ello, el CNI responsabilizó a la presidenta de la República Claudia Sheinbaum Pardo; a la gobernadora Evelyn Salgado Pineda y al subsecretario del Gobierno estatal Francisco Rodríguez Cisneros, así como al Mecanismo de Protección a Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de la integridad física de Plácido Galindo.
La agrupación llamó a los mexicanos a exigir al Gobierno mexicano garantías de seguridad para Jesús Plácido.
“Esperamos que, en la medida de sus posibilidades, a sus modos y formas, con cartas a la embajada mexicana o como crean que es mejor, envíen el abrazo solidario a los pueblos que exigen paz y justicia”.
En el pronunciamiento no se da respuesta al señalamiento que hace el coordinador de comisarios municipales, comisarios ejidales y delegados de los municipios de Juan R. Escudero, Tecoanapa y de la zona Rural de Acapulco, Daniel Rosas Martínez, respecto a que la UPOEG, una de las tres agrupaciones que intentaron entrar a comunidades de Juan R. Escudero, está vinculada con el grupo criminal de Los Rusos.
Redacción
