En el relanzamiento de la Plataforma Ciudadana de Fosas, Artículo 19, Data Cívica, el PDH Ibero y colectivos de buscadoras denuncian “la ausencia de una versión pública del Registro Nacional de Fosas Comunes y Clandestinas” y que en 2024 la CNB retiró de su sitio web el mapa nacional de hallazgos de fosas clandestinas. Advierten sobre inconsistencias entre datos de fiscalías locales, FGR y fuentes abiertas; el recorte progresivo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas, la entrega de información rasurada o la negativa a darla. “Guerrero es un ejemplo claro de cómo se maquilla”
El Sur / Ciudad de México, 12 de febrero del 2026.- En la presentación de su más reciente actualización, con datos de 2006 a diciembre de 2024, la Plataforma Ciudadana de Fosas evidenció las graves irregularidades que prevalecen en los registros oficiales sobre fosas clandestinas en México, además de una profunda falta de coordinación entre autoridades federales y estatales.
El relanzamiento de esta herramienta tecnológica, estuvo a cargo de Artículo 19, Data Cívica y el Programa de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana (PDH Ibero), en un conversatorio realizado la noche del martes pasado junto con integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos y la Plataforma por la Paz de Guanajuato.
La actualización ha incorporado datos oficiales obtenidos mediante solicitudes de acceso a la información a la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías estatales, así como registros de fuentes abiertas, principalmente medios de comunicación, con el objetivo de ofrecer un panorama nacional, estatal y municipal de los hallazgos de fosas clandestinas.
Aparte del mapa interactivo de fosas, se ha includo también un repositorio digital con todas las solicitudes de información realizadas por las organizaciones, una base de datos descargable, un histórico de registros y, por primera vez, un Diagnóstico Forense que documenta el abandono del Estado mexicano en la identificación, resguardo y restitución de cuerpos.
FGR, fiscalías y medios: discrepancias alarmantes
La coordinadora de prevención del Programa de Protección y Espacio Cívico de Artículo 19, Jessica Alcázar, participante en la presentación, dijo a El Sur que la plataforma surgió ante el vacío institucional y la ausencia de un registro nacional de fosas, responsabilidad legal de la FGR junto con las fiscalías estatales.
“No tenemos ningún registro oficial de fosas clandestinas ni de fosas comunes. Y en 2024, sin explicación alguna, la Comisión Nacional de Búsqueda retiró de su sitio web el mapa nacional de hallazgos de fosas clandestinas, que al menos ofrecía un panorama parcial hasta abril de 2023”, expuso.
Ese mapa se alimentaba con información de todas las fiscalías. Su eliminación dejó al país sin un instrumento público que permita dimensionar la crisis forense y de desaparición.
Los datos recabados por la Plataforma Ciudadana de Fosas revelan una diferencia preocupante entre lo que reportan las distintas autoridades y lo que documentan los medios de comunicación.
En el evento, Andrea Horcasitas, coordinadora del PDH Ibero, se refirió a las inconsistencias entre las fuentes periodísticas y lo reportado por las autoridades: de 2023 a 2024 se documentaron en medios por lo menos 1,006 hallazgos de fosas clandestinas, comparado con las 1,451 fosas reportadas por las fiscalías estatales y 94 fosas por la FGR.
Mientras la FGR informó apenas sobre 18 fosas clandestinas durante 2024, una cifra cuatro veces menor a las 76 reportadas en 2023, las fiscalías estatales contabilizaron 786 fosas, con 844 cuerpos y 289 restos óseos o fragmentados.
“Cuando preguntamos a la fiscalía por qué esa reducción tan drástica, no hay explicación. Sólo dicen que ésas son las que ellos tienen”, dice Alcázar en entrevista. Estas inconsistencias reflejan “una falta de interoperabilidad, trazabilidad y coordinación entre instituciones federales y estatales, lo que impide tener claridad sobre una de las crisis humanitarias más graves del país”.
A ello se suma la negativa directa de varias fiscalías para entregar información. Baja California Sur, Durango, Hidalgo, Morelos y Veracruz se declararon incompetentes o rechazaron las solicitudes. En otros casos, como Ciudad de México, Querétaro y Yucatán, las fiscalías aseguraron no tener registros de fosas, pese a que las fuentes abiertas documentan lo contrario.
“Hay estados que en 2023 reportaron fosas y en 2024 dicen que ya no existen. Eso muestra la fragilidad de los registros y la urgencia de contar con datos públicos confiables”, afirma Alcázar.
De acuerdo con la plataforma, Sonora encabeza la lista de estados con más fosas clandestinas reportadas oficialmente en 2024, con 174, seguido de Baja California con 91 y Coahuila con 61. Estos tres concentran 41 por ciento del total registrado por las fiscalías.
Sin embargo, los medios documentaron cifras aún mayores en Sonora (190), Guanajuato (94) y Colima (86), lo que vuelve a evidenciar la distancia entre la infomacón oficial y la realidad documentada por la prensa.
Mientras tanto, hay 72 mil cuerpos sin identificar
Durante el evento también se presentó un Diagnóstico Forense, elaborado a partir de grupos focales en distintos estados, que da cuenta del abandono institucional en el manejo de cuerpos bajo resguardo del Estado, tanto en fosas comunes como en panteones municipales y cementerios ministeriales.
La plataforma incorpora 19 tarjetas de identificación forense, resultado del trabajo del colectivo Regresando a Casa Morelos en las exhumaciones de Tetelcingo y Jojutla, realizadas en 2017.
Para Alcázar, el problema no termina con el hallazgo de restos humanos: muchas veces comienza ahí una segunda desaparición. “Las familias buscan en fosas clandestinas, encuentran cuerpos, los entregan a las autoridades y esos restos terminan perdidos en servicios forenses, panteones municipales o fosas comunes. Es una doble desaparición”, dijo durante la presentación.
Se estima que actualmente al menos 72 mil cuerpos permanecen sin identificar bajo resguardo del Estado, una cifra que refleja la magnitud de la crisis forense en México.
La falta de un sistema unificado de información, así como la ausencia de una estrategia nacional para la identificación humana, mantiene a miles de familias en un limbo burocrático y prolonga su búsqueda de justicia.
No son sólo números, “estamos hablando de personas, de familias que buscan y que no tienen información. El sujeto responsable, que es la Fiscalía General de la República, no tiene un registro oficial. Eso es gravísimo”, insistió Alcázar durente su intervención.
Pamela Benítez, analista de datos de Data Cívica, explicó que en la sistematización de las respuestas a las solicitudes de información –disponibles en el repositorio digital de la plataforma– se hallaron irregularidades en la información proporcionada por la FGR y las fiscalías locales: “Hasta el primer semestre de 2023 la FGR entregaba datos completos donde podíamos ver no sólo el total de fosas sino también el desglose de restos y cuerpos encontrados. Sin embargo, para el cierre de 2023 y todo 2024 la autoridad dio un paso atrás y sólo reportó el total de fosas, eliminando todo el detalle que antes sí era público”.
Guerrero: cifras que cambian e información maquillada
Caso ilustrativo de estas inconsistencias es Guerrero, uno de los estados históricamente más golpeados por la violencia y la desaparición.
De acuerdo con la información entregada por la FGR, Guerrero encabezó la lista nacional de fosas clandestinas en 2024, con 28 registros. Sin embargo, esta cifra contrasta con el mismo reporte federal que previamente aseguraba que, a nivel nacional, solo existían 18 fosas en ese año.
“Ahí hay una discrepancia brutal. Primero nos dicen que hay 18 fosas en todo el país y luego Guerrero aparece con 28. Cuando preguntamos de dónde salieron esas 10 fosas adicionales, ya no nos respondieron”, remarca Alcázar a El Sur.
La situación se hace más confusa al revisar los datos proporcionados por la fiscalía estatal. En una solicitud de información realizada en 2024, Guerrero reportó 19 fosas adicionales respecto a 2023, aunque sin claridad metodológica ni consistencia histórica.
Ante estas contradicciones, las organizaciones adoptaron un criterio de integración completa, cruzando la información de ambos años y contrastándola con fuentes abiertas. Según este criterio, Guerrero reportó oficialmente 37 fosas en 2023 y 11 fosas adicionales en 2024, cifras que forman parte de la Plataforma Ciudadana de Fosas y cuya metodología puede consultarse públicamente entidad por entidad.
“Guerrero es un ejemplo claro de cómo se maquilla la información. Hemos tenido que revisar caso por caso, exigir explicaciones y documentar cada cambio en los registros. Todo eso se puede ver en las solicitudes de información disponibles en la plataforma”, detalla Alcázar.
Más vulnerabilidad ante el debilitamiento institucional
Más allá de las fosas clandestinas, la coordinadora de Artículo 19 alerta sobre una tendencia preocupante: el recorte progresivo del Registro Nacional de Personas Desaparecidas.
En septiembre de 2024, dicho registro contabilizaba cerca de 133 mil personas desaparecidas. Hoy, esa cifra ha disminuido sin que las autoridades expliquen públicamente qué ocurrió con esos registros.
“Ojalá se hubiera encontrado a esas personas, pero por la tendencia lo que vemos es opacidad, recorte de información y maquillaje de estadísticas”, señala Alcázar.
Esta falta de transparencia, dice, refleja una omisión sistemática del Estado mexicano, que incumple obligaciones ya establecidas en la ley: garantizar registros públicos, diseñar una estrategia nacional de identificación forense y brindar información clara a las víctimas.
La desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) “ha profundizado esta crisis”, apunta.
“A diferencia de años anteriores, obtener información entre 2023 y 2024 fue significativamente más difícil. Nos encontramos con fiscalías que se niegan a dar datos, otras que entregan información fragmentada y muy pocas que responden de manera completa. Y aun así, muchas no reflejan la magnitud real del problema.
“Esta combinación de debilitamiento institucional y resistencia oficial ha dejado a las familias buscadoras en una situación de mayor vulnerabilidad”, lamenta.
Frente al vacío gubernamental, “tenemos mucho que aprender” de los colectivos de familias, menciona Alcázar. “Han desarrollado aportes técnicos y éticos fundamentales. Son quienes hoy tienen el pulso del territorio y de la información, cuando no debería ser así”.
Durante el evento, integrantes del colectivo Regresando a Casa Morelos compartieron su experiencia en las exhumaciones de Tetelcingo y Jojutla, donde se evidenció que además de la existencia de fosas clandestinas, también están las fosas del Estado: entierros masivos en panteones municipales realizados sin protocolos adecuados.
Lorena Reza Garduño compartió que desde 2007 busca a su hermano Juan Carlos: “Tenemos esperanza de que mi hermano esté en esa fosa (de Jojutla) porque hay cuerpos de 2013 hacia atrás. Luchamos para que sean identificados. ¿Qué va a pasar con los cuerpos exhumados? ¿Quiénes los van a identificar para regresar a casa?”, preguntó.
Aunque el panorama es desolador, insiste Alcázar, la Plataforma Ciudadana de Fosas (https://plataformaciudadanadefosas.org) “es una fuente de información para periodistas, la ciudadanía y las familias. Permite ver la metodología, comparar estados, descargar diagnósticos y evidenciar el vacío institucional que hoy existe. Es doloroso, sí, pero también es una forma de construir junto con los colectivos”, concluye.
Guillermo Rivera
