El apartado en la Constitución refleja un “pluralismo débil”, señala la académica colombiana Marcela Gutiérrez Quevedo en el IIEPA.
Acapulco, Guerrero, 15 de noviembre de 2019. La Constitución que mantiene que el Estado tenga la última decisión sobre el sistema de justicia indígena refleja un “pluralismo débil”, planteó la especialista en derecho, Marcela Gutiérrez Quevedo.
La directora del Centro de Investigación en Política Criminal de la Universidad Externado de Colombia dio su ponencia Justicias originarias en claves restaurativas en el auditorio del Instituto Internacional de Estudios Políticos Avanzados (IIEPA) de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), como parte del Seminario internacional democracias subnacionales latinoamericanas frente al desafío de las violencias.
Con base en su investigación sobre los pueblos indígenas en su país, Gutiérrez Quevedo señaló que las constituciones que reconocen los derechos y las autoridades de los pueblos originarios, pero guardan al Estado la resolución definitiva, es decir, la justicia final, es un “pluralismo débil”.
Planteó el escenario conflictivo en el que un indígena comete un delito del que no se sabe en qué sistema se debe resolver por la valoración diferente que tiene cada uno respecto al crimen.
Una menor pena en el sistema de los pueblos originarios en relación con el otro es simplemente “diferente” y sigue siendo “fuerte”, aseguró.
Previamente se realizó en un salón de esta unidad académica el conversatorio Procesos de paz desde la sociedad civil, en la que los integrantes de la organización Guerrero es Primero, Adalberto Saviñón Díez de Sollano y Rosa María Gómez Saavedra contaron la experiencia de esta agrupación en la construcción de paz en Acapulco y el estado.
Frente a unos 13 asistentes, entre los que se encontraban el ex gobernador Rogelio Ortega Martínez, académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) y estudiantes del IIEPA, Adalberto Saviñón planteó que no se debe normalizar la violencia “hay que seguir sintiendo cada muerte”.
La paz se alcanza a partir de la solución de diversos conflictos que no necesariamente generan la violencia que normalmente vemos como la contaminación del río de Atoyac y la deuda histórica con víctimas de la Guerra Sucia, indicó el también participante del Centro Lindavista de Derechos Humanos.
Dijo que los resultados pueden ser no tan tangibles para la sociedad, pero se reflejarán en las violencias que ya no pasarán después de estos procesos de pacificación.
Narró que la iniciativa a la que pertenece nació en 2011 con la propuesta de Acapulco por la paz en la que estuvo involucrada la universidad Loyola del Pacífico y personalidades como el padre Jesús Mendoza.
A diferencia de las ciudades de León y Monterrey donde también se pretendió fallidamente aplicar un proceso de construcción de ciudadanía en torno a la paz, en el puerto sí se logró “sembrar esta semilla” porque la violencia es palpable en las calles que vuelve urgente atender este problema, aseguró.
La profesora del IIEPA, Rosa María Gómez Saavedra dijo que Guerrero es Primero propone una paz positiva en la que existan condiciones de desarrollo, a diferencia de la paz negativa que consiste simplemente en la baja de homicidios y el aumento de policías, con la que se congratula el gobierno.
El seminario continúa hoy con diversas exposiciones de investigaciones académicas y conversatorios sobre violencia, desaparición forzada y desplazamiento, entre otros temas.
Texto: Ramón Gracida Gómez / Foto: Carlos Alberto carbajal
