Texto: Alina Navarrete Fernández/ Foto: Eric Chavelas Hernández
Chilpancingo, 2 de agosto de 2018. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW, en inglés) criticó que las leyes estatales criminalizan y restringen la interrupción legal del embarazo, que obligan a las mujeres y las niñas a recurrir al aborto inseguro, poniendo en riesgo su salud y su vida.
En el tercer día de la Jornada de Conferencias Informativas en el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP), la presidenta de la Asociación Guerrerense Contra la Violación hacia las Mujeres AC, Marina Reyna Aguilar; la integrante de esa organización, Mayeli Tinoco Reyna; la representante legal de Mujeres Guerrerenses por la Democracia AC, Olimpia Jaimes López y la presidenta del Grupo Interdisciplinario para la Igualdad AC, Rosa María Gómez Saavedra, dieron a conocer las preocupaciones y recomendaciones del CEDAW sobre estereotipos, nacionalidad, educación, empleo, salud, poder económico y beneficios sociales.
Jaimes López abordó el tema e informó que de acuerdo con la Secretaría de Salud (Ssa) en 2015 se registraron mil 681 embarazos en menores de 15 años y 18 mil 843 en jóvenes de entre 15 a 19 años; en 2016 fueron mil 638 menores de 15 años embarazadas y 18 mil 665 de 15 a 19 años; los municipios con mayor número de casos son Acapulco, Chilpancingo e Iguala, además de la región la Montaña.
Actualmente, tres de cada 10 embarazos son de mujeres menores de edad, sin embargo, Jaimes López aseguró que hay casos que no se registran, que es llamada la cifra negra (es decir, la real) y podría rebasar las estadísticas oficiales.
Refirió que el artículo 159 del Código Penal del Estado, fracción primera, establece como excluyentes de responsabilidad en la interrupción del embarazo: “I. Cuando el embarazo sea resultado de una violación sexual o una inseminación artificial no consentida”, sin embargo, un párrafo después dice: “caso en el cual bastará la comprobación de los hechos por parte del Ministerio Público”.
Las activistas plantean que se elimine este párrafo, porque “obliga a las víctimas a acudir al Ministerio Público para que sólo por órdenes y mandato de éste pueda proceder a la interrupción del embarazo, acción que es contraria a la Ley General de Víctimas y NOM-046-SSA2-2005”, lo que evidencia la falta de armonización entre las leyes.
Reyna Aguilar dijo que es necesario que las mujeres tengan acceso al aborto seguro, en especial cuando se trata de víctimas de abuso sexual, pues deben tener esa opción porque es su derecho. También consideró que el tema no debe ser sujeto a consultas precisamente porque se trata de los derechos humanos de las mujeres y estos no son cuestionables sino que están establecidos.
Por su parte, Rosa María Gómez Saavedra habló de los mecanismos nacionales para el adelanto de las mujeres y la perspectiva de género, señaló que al CEDAW le preocupa la falta de recursos del Instituto Nacional de la Mujeres (Inmujeres) y considera que los que tiene asignados son limitados.
Criticó que en los municipios haya nula participación de los responsables para atender los casos de violencia contra las mujeres; además, es necesario que los programas del gobierno federal, estatal y municipal estén coordinados y cuenten con presupuesto, pues sin éste “seguimos haciendo pura simulación”; por ello, el CEDAW recomienda que las organizaciones sociales tengan un papel importante en las acciones, que no deben ser “a modo” del gobierno.
Las feministas demandaron que las autoridades armonicen las leyes para que las legislaciones estatales y federales tengan los mismos parámetros y se garanticen los derechos de las mujeres.
